Las horas pasan y el caso crece tanto en conmoción como en cantidad de denunciantes. Y también en montos: hasta ayer se habían radicado 59 denuncias que, sumadas, arrojan nada más y nada menos que más de un millón de pesos como botín de los estafadores del denominado “cuento del IPRODHA”.
Fuentes de la investigación contaron a PRIMERA EDICIÓN que, efectivamente, las cifras provisorias hasta el momento permiten suponer que los delincuentes se alzaron con aproximadamente $1.080.000 durante los últimos cuatro meses, tras embaucar a casi 60 posadeños que perseguían el sueño de la casa propia.
Los detectives, en tanto, consideran que existirían otras 40 víctimas que aún no radicaron denuncia formal, ya sea porque prefieren el anonimato o porque aún -pese a la trascendencia que tomó la investigación en los medios- no se enteraron de la situación. De ser así, el número de damnificados alcanzaría el centenar.
Por lo pronto, sobre las denuncias realizadas, este Diario pudo saber que existen familias perjudicadas con montos que alcanzarían incluso los 50 mil pesos, por lo que el número definitivo del botín podría incluso superar ampliamente el millón.
En tanto, con respecto al prófugo, efectivos de distintas dependencias de la Policía provincial se encuentran tras sus pasos. En las últimas horas fue formalmente identificado y eso permitió establecer que ya tiene antecedentes por estafas con cheques y otros documentos bancarios. “Es un viejo conocido del centro posadeño”, afirmaron las fuentes.
En el caso interviene el Juzgado de Instrucción 1 de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón por subrogancia, secretaría del doctor René Casals. En virtud de la complejidad y magnitud de denuncias es que en las próximas horas podría conformarse un equipo especial para atender exclusivamente la investigación.
Tal como este Diario informó este viernes, las denuncias fueron radicadas el último martes ante la Unidad Regional I, después de que una de las damnificadas “escrachara” al supuesto “cabecilla” a través de Facebook. Entonces se conocieron otros tantos casos y las víctimas conformaron un grupo de whatsapp. Así se citaron al IPRODHA, desde donde les aconsejaron radicar las respectivas denuncias.
Silvana Damico (59) y Claudia Melgarejo (44) fueron dos de las víctimas que, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN, coincidieron en contar el mecanismo de los estafadores. Los mismos se hacían pasar por supuestos gestores del ente habitacional y cobraban desde $10 mil hasta $50 mil para agilizar la entrega de casas en el barrio Itaembé Guazú.
A tal punto llegaba la simulación que el sospechoso prófugo incluso entregaba la dirección de la casa que sería adjudicada a la víctima. O, por ejemplo, atendía a los perjudicados en plaza 9 de Julio, tras salir vestido de traje y corbata de la propia Gobernación provincial. Todo era un “acting”.
Sin embargo, el paso del tiempo y la ausencia de resultados terminó por desenmascararlo a él y a su presunto cómplice, detenido el último jueves cuando se aprestaba a cobrarle a una nueva víctima.
