Claro que los empresarios beneficiados con la “mirada privilegiada” que ponen algunos funcionarios, lejos están de ceder la comodidad de sus privilegios.
A esos “servidores públicos” que se deben a los ciudadanos, evidentemente, nada les interesa si los servicios son buenos o malos sino, rápidamente, habrían puesto las “barbas en remojo” frente a las críticas, las movilizaciones y protestas en crecimiento pero, más aun, por las deficiencias demostradas a la vista de todos. Sin embargo, parecen mirar a un costado para que los empresarios sigan recaudando y cobrando más caro.
Los representantes gubernamentales circunstanciales, a los que pagamos sus haberes con nuestros cada vez mayores impuestos, se escudan en que hay contratos de concesiones, marcos regulatorios y normativas que establecen las características que deben tener las prestaciones de los privados que viven de lo público.
Sólo algunos de ellos parecieran conocerlas porque la lamentable realidad muestra que les da igual si todo funciona y cómo, escudados en que no intervinieron en la elaboración de las normas, ya que la mayoría fueron escritas hace muchos años.
Si los responsables del control verdaderamente las desconocen o se hacen los desinformados, ¿qué queda para los usuarios sobre el conocimiento de las “reglas” entre el Estado y los monopolios y los oligopolios?
Además, el poder de policía que tienen los representantes del Gobierno no se ejerce en plenitud a favor de los ciudadanos, a pesar de los tarifazos y boletazos constantes de cada año.
¿Para qué hacer audiencias públicas si los reclamos de los usuarios y las justificaciones de los funcionarios se sostienen en cada una sin que nada cambie?
Desde ya que las economías familiares se han visto seriamente perjudicadas por el plan económico nacional y, por ello, la expresión popular es conseguir tarifas más bajas. Especialmente cuando los Gobiernos (nacional en cada vez menor medida, provincial con mayor presencia y municipal en pocos casos) destinan fondos en subsidios para sostener la gran “rentabilidad” de las empresas. ¿Y los usuarios deben conformarse con el servicio tal como está, sin derecho a reclamos a quienes lucran con la actividad?
Si los responsables de tomar decisiones recorrieran las paradas, subieran a los colectivos, hablaran con la gente, escucharían que se pide al menos competencia. Opciones que permitan elegir a los pasajeros y, por la presión de la subsistencia económica, generen ¡mejoras en la calidad de las prestaciones que tanto se espera!
Pero, lejos de esa posibilidad, la mayoría de los funcionarios se preocupa por garantizar la comodidad de las empresas sin importar cómo ni de qué manera se desempeñan.
En septiembre de 2018, en una opinión anterior sobre el mismo tema, puse como ejemplo lo que sucedió con la aviación comercial: la apertura de un mercado que obligó a las aerolíneas a sostener en el tiempo las promociones para competir. Y, a su vez, incidieron en el mercado del transporte terrestre de larga distancia que aplicó rebajas en algunos servicios para seguir trabajando.
¿Se imaginan si algún funcionario habilita la participación de otras empresas a realizar servicios comunes o diferenciales en los recorridos actuales, tanto urbanos e interurbanos o en los nuevos que se requieran, donde la preocupación sea ganar pasajeros?
Esto puede ser sumamente beneficioso para los usuarios, siempre que el Estado se mantenga neutro garantizando la equidad en la competencia; y sin que las empresas monopólicas y oligopólicas puedan armar otras, con directorios integrados por parientes y amigos, para simular que hay un competidor más.
Esa experiencia de años atrás, nos trajo a este presente de tarifazos y boletazos carente de satisfacción para los que son “rehenes” de los monopolios y oligopolios, sin chances de poder elegir entre varias opciones.
Mientras haya funcionarios protectores de los monopolios seguirá este esquema de connivencia para que nada cambie, para que nada mejore.
Por: Francisco José Wipplinger
Presidente de PRIMERA EDICIÓN
