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El Grupo de Lima promete ayuda por USD 40 millones para Venezuela

5 febrero, 2019
El Grupo de LIma se reunió en Ottawa, Canadá, y pidió a otros países para que aumenten la presión económica sobre Nicolás Maduro.

El Grupo de Lima, integrado por países latinoamericanos y Canadá, pidió el lunes un cambio pacífico de gobierno en Venezuela, y llamó a los militares venezolanos a desconocer al mandatario Nicolás Maduro y reconocer en cambio “al Presidente Encargado en su función constitucional”, Juan Guaidó.

En una declaración emitida en Ottawa, once de los 14 integrantes del bloque (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú) reiteraron su respaldo “a un proceso de transición pacífica a través de medios políticos y diplomáticos sin el uso de la fuerza” e instaron a las fuerzas armadas venezolanas a manifestar su “lealtad” a Guaidó.

Dichos países denunciaron además que Maduro manipuló iniciativas de diálogo de actores internacionales “transformándolas en maniobras dilatorias para perpetuarse en el poder”.

Por eso, señalaron que “toda iniciativa política o diplomática que se desarrolle debe tener por objeto apoyar la hoja de ruta constitucional” presentada por Guaidó, que incluye la instalación de un gobierno de transición y la convocatoria a nuevas elecciones “libres y justas” “tan pronto como sea posible”.

“Estas elecciones deben llevarse a cabo con garantías suficientes, con la participación de todos los líderes políticos y con observación internacional, además de la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral”, indicó el texto.

El Grupo de Lima, un bloque de países latinoamericanos y Canadá creado en 2017 para promover una salida pacífica a la crisis venezolana, se reunió para discutir cómo apoyar al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en su pulso por el poder con el mandatario Nicolás Maduro.

Guaidó, presidente del Parlamento, se autojuramentó el 23 de enero, luego de que el Legislativo declarara “ilegítimo” el segundo mandato de Maduro, iniciado el 10 de enero tras elecciones fraudulentas según la oposición y medio centenar de países.

El “legítimo gobierno de Venezuela”
La declaración del lunes en Ottawa fue firmada por todos los miembros fundadores del Grupo, a excepción de México, uno de los integrantes más activos del bloque hasta la llegada al poder del izquierdista Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre pasado.

México no reconoce a Guaidó y aboga por una salida negociada de la crisis venezolana, para lo cual junto a Uruguay ha convocado a una conferencia internacional de países y organismos con “posición neutral” el jueves en Montevideo.

Los otros dos miembros del Grupo de Lima que no han reconocido a Guaidó ni participado en la cita de Ottawa son Guyana y Santa Lucía. En su declaración, el Grupo de Lima anunció la incorporación del “legítimo gobierno de Venezuela” al colectivo.

En la apertura del encuentro, Canadá anunció el envío de una ayuda de 40 millones de dólares al país para “responder a las necesidades más urgentes de los venezolanos en el terreno, principalmente los más de tres millones de refugiados”, dijo el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Los países pidieron también a las fuerzas armadas venezolanas “no oponerse a la entrada del tránsito de asistencia humanitaria” y anunciaron que la oposición encabezada por Guaidó pasaba a ser miembro del Grupo de Lima en tanto que representante “legítimo” de Venezuela.

El Grupo instó también a la comunidad internacional a congelar los haberes en el extranjero del “régimen dictatorial” de Nicolás Maduro, y a regresar los fondos a la oposición, indicó la ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland.

Manifestantes expulsados
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y la subdirectora de la diplomacia europea, Helga Schmid, participaron en los debates por videoconferencia.

Dos manifestantes que gritaban “no toquen a Venezuela” perturbaron brevemente la rueda de prensa final acusando a Canadá, al Grupo de Lima y a la Organización de Estados Americanos (OEA) de injerencia antes de ser expulsados.

El próximo encuentro del Grupo se realizará en Colombia en fecha aún no precisada, en tanto en la sede de la OEA, en Washington, se celebrarán conversaciones de emergencia el 14 de febrero para tratar el envío de asistencia y ayuda a la población venezolana.

Washington reconoció a Guaidó minutos después de su autoproclamación y este lunes también lo hicieron Madrid, Londres, París, Berlín y varias otras capitales europeas, luego de que Maduro se negara a convocar elecciones presidenciales a pesar de un ultimátum europeo.

El enviado de Guaidó a Ottawa, Julio Borges, líder del partido venezolano Primero Justicia, destacó el respaldo europeo como “una muy buena noticia”.

Venezuela ha vivido en los últimos años un colapso económico marcado por la hiperinflación y la escasez de insumos de primera necesidad. Millones viven en la pobreza, mientras al menos 2,3 millones huyeron del país desde 2015, según la ONU, que considera este éxodo el mayor en la historia reciente de América Latina.

Fuente: AFP/NA

Tags: Grupo de Lima
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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