El valor oficial fue establecido de acuerdo a una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, que data de marzo de 2018. Nunca fue modificada.
Pero, el problema está en la indefinición del organismo nacional, que todavía no aumentó el precio pero dio a entender que sí lo hará desde el 1 de enero retroactivo. Esto fue informado a los fraccionadores después de la salida de Javier Iguacel, quien estuvo al frente de la Secretaría nacional hasta hace unas semanas atrás.
En Misiones, las distribuidoras ya aplicaron una suba porque los fraccionadores envían la factura con el precio oficial, pero con una cláusula que dice “precio sujeto a reajuste”. Entonces, “las distribuidoras cobran con recargo porque si venden al precio oficial cuando reciban el reajuste (que puede darse o no) habrán vendido a pérdida”, comentó una fuente cercana al Gobierno provincial, quien añadió que “el control lo debe hacer Defensa al Consumidor. Son unas siete distribuidoras, que deben respetar el precio fijado por la Secretaría de Energía”, afirmó.
Por el momento, en el Gobierno provincial no tienen información que alguna distribuidora haya sido “multada” por el incumplimiento de precios. La falta de control termina afectando al consumidor, que debe pagar lo que dispongan los empresarios.
Multas en Corrientes
Por otra parte, en la vecina Corrientes, la Dirección de Defensa del Consumidor, que depende de la Subsecretaría de Comercio de la Provincia, inició los controles para que las distribuidoras de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) se ajusten a los precios establecidos.
Si bien dos de las distribuidoras se ajustan al precio oficial máximo para la venta de garrafas de GLP estipulado en $220 para la garrafa de 10 kilogramos, en tres de ellas se detectaron incrementos importantes por sobre los valores máximos establecidos.
Ante esta situación, agentes del Gobierno de Corrientes labraron las correspondientes actas de infracción en los dos comercios.
