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Puerto Iguazú se quedará sin cámaras de seguridad

21 enero, 2019
EN STAND BY. La ciudad de Puerto Iguazú deberá esperar para la colocación de la fibra óptica y cámaras de seguridad para que se ponga en funcionamiento el Centro de Monitoreo.

EN STAND BY. La ciudad de Puerto Iguazú deberá esperar para la colocación de la fibra óptica y cámaras de seguridad para que se ponga en funcionamiento el Centro de Monitoreo.

EN STAND BY. La ciudad de Puerto Iguazú deberá esperar para la colocación de la fibra óptica y cámaras de seguridad para que se ponga en funcionamiento el Centro de Monitoreo.

Días atrás Puerto Iguazú recibió una noticia para nada alentadora. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación informaron a la Municipalidad que no está contemplado en el Presupuesto de 2019 la partida de fondos para cámaras y fibra óptica que se había comprometido.

Paralelamente la comuna debía encargarse de amoblar el Centro de Monitoreo. Por esa razón, el principal destino turístico de la provincia y uno de los más importantes del país, no tendrá funcionando las cámaras de seguridad para asistir a la Policía y otras fuerzas de seguridad en su tarea.

La nota dirigida al intendente Claudio Filippa fue enviada por el coordinador de la Unidad Ejecutora de Seguridad Ciudadana, Gustavo Ferragut, donde se puso en dudas la continuidad de una inversión sumamente importante para la zona de frontera.

En medio de la incertidumbre, se gestionó una visita de los responsables nacionales del financiamiento a Iguazú para establecer las acciones concretas que permitan poner en marcha el Centro de Monitoreo cuanto antes.

Al respecto, PRIMERA EDICIÓN dialogó con la secretaria de Gobierno de Puerto Iguazú, Marcela González, quien recordó que “en marzo de 2018 se firmó un importante convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación, en el cual el municipio se comprometía a la construcción de un Centro de Monitoreo y, desde la otra parte, facilitaría los fondos y los elementos necesarios para la instalación en Puerto Iguazú de la fibra óptica y un total de más de 70 cámaras en distintos puntos de la ciudad”.

Y confirmó que “la semana pasada el director de Seguridad Ciudadana de Puerto Iguazú, Cristian Marti recibió un llamado telefónico desde Buenos Aires en el cual le anticipaban que no estaba contemplado dentro del presupuesto 2019 el tema de las cámaras y la fibra óptica para Iguazú”.

Avance de obra: 75%

La secretaria de Gobierno iguazuense recordó a este Diario que “el municipio se comprometió a construir el inmueble para el Centro de Monitoreo y, el mismo, se encuentra apostado sobre la avenida Victoria Aguirre, en el acceso a la ciudad, muy cerca de Radio Nacional. Dicha construcción ya tiene un avance mayor al 75% y sólo faltan detalles para su culminación, los cuales se van a seguir adelante”.

Marcela González afirmó además que “este es un proyecto muy importante para Puerto Iguazú, una ciudad ciento por ciento turística, donde la seguridad es un tema primordial, no solamente por la gente de todo el mundo que nos visita; sino también para nuestros ciudadanos”.

Por último la funcionaria lamentó que por ahora las obras deban tener un “impasse”. Pese a ello, adelantó que la decisión del municipio es “seguir insistiendo para que, de alguna manera, las obras puedan llegar a su culminación”.

Tags: NaciónPuerto Iguazúseguridad
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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