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Las elecciones de octubre tendrán al menos dos debates presidenciales

12 enero, 2019

Las elecciones presidenciales del 27 de octubre tendrán este año el condimento histórico de la realización, por primera vez en la Argentina, de por lo menos dos debates obligatorios entre los candidatos presidenciales, que podrían ser cuatro en caso de que hubiese balotaje.

Los primeros dos deben realizarse por lo menos un mes antes de las elecciones generales del 27 de octubre; uno se hará en la ciudad de Buenos Aires, el cual ya tiene fijada la fecha del 13 de septiembre, mientras que el segundo ocurrirá en una ciudad del interior del país.

El vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral (CNE), en ejercicio de la presidencia, Alberto Dalla Vía, explicó a Télam que el debate, reglado por la ley 27.337 de 2016, fijó en ese órgano la preparación de los debates, y la “convocatoria” al primero está prevista para el viernes 13 de septiembre, es decir 44 días antes de las elecciones, según el cronograma electoral, y agregó que en caso de balotaje (24 de noviembre), se harán otros dos, con el mismo formato.

Con ese fin, Dalla Vía contó que la Cámara –que tiene a su cargo la organización y el escrutinio definitivo de la elección (no el provisorio)- decidió crear un consejo plural de asesoramiento para definir el formato y los temas de exposición por parte de cada uno de los candidatos a presidente, y recordó que la ley establece penas para los que postulantes que no participen, como “mostrar el sillón vacío” durante el debate.

En las últimas elecciones presidenciales, en 2015, en las que Mauricio Macri (Cambiemos) venció a Daniel Scioli (Frente para la Victoria) por 51,34 a 48,66 % en el balotaje, se hicieron dos debates, uno antes de la general, y el otro previo a la segunda vuelta, pero no fueron obligatorios, sino que fueron organizados por la ONG Argentina Debate, y se hicieron ambos en la Facultad de Derecho de UBA, en la ciudad de Buenos Aires.

“Ahora tenemos la responsabilidad que nos da una ley sancionada por el Congreso, que es la de ocuparnos del debate presidencial, un debate que nació desde la sociedad civil como un bien público originado en un grupo de Argentina Debate, del cual participaron muchas Ongs, pero que ahora la ley pone en cabeza de la Cámara Electoral”, contó Dalla Vía a Télam.

“Por eso –se explayó- hemos convocado a distintas Ongs, a Argentina Debate también, pero además a muchas otras de distinto signo político, porque esto va a ser un debate entre fuerzas políticas de distinto color y distinta ideología, así que hemos tratado de conformar antes de fin del año pasado un consejo asesor con un amplio espectro ideológico y, al mismo tiempo, empezar a visualizar cuáles son las tareas que vamos a tener que llevar adelante”.

En cuanto al formato del debate presidencial, detalló que “habrá dos, uno en el interior y otro en Buenos Aires“, y añadió que, “entre otras cosas, hay que decidir en qué lugar del interior se hará, y hay que decidir que temas y quién modera al debate”, un aspecto que parece nada fácil para los organizadores.

En tanto, el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez -que tiene a su cargo todo lo relacionado con la elección que depende del Poder Ejecutivo-, evaluó, en diálogo con Télam, que el cruce de candidatos “ahora es obligatorio y eso es muy importante para el ciudadano pueda conocer la propuesta de los postulantes y así llegue informado a hora de votar”.

Acerca de la realización de dos debates, uno en la Capital Federal y otro en el interior del país, consideró que ello “es beneficioso” para la gente y recordó que eso surgió como propuesta desde el Congreso durante el tratamiento de la ley 27.337, que reformó el Código Electoral.

Tags: ArgentinaCámara Nacional Electoraldebates presidencialesElecciones de Octubre 2019
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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