La comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, conformada el año pasado por curas villeros, religiosos y laicos comprometidos con el trabajo social de las zonas vulnerables en todo el país, recordó que, ya en enero de 2017, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia se había manifestado en contra de bajar la edad de punibilidad de los 16 a los 14 años.
“La discusión sobre la responsabilidad penal juvenil está pendiente pero no puede darse en este marco de incumplimiento de los derechos sociales”, afirmaron
En un sentido semejante se manifestó la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del arzobispado de Buenos Aires, que advirtió que medidas de este tipo “profundizan las heridas sociales” y “parecieran estar destinadas a ampliar la exclusión social”.
Al respecto, advirtió que “las jóvenes generaciones necesitan políticas de promoción de su dignidad y sus derechos” ya que, según un estudio de la UNICEF que citaron, “el 48,2% de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina se sitúan en el plano de la pobreza”.
“Siguiendo el pensamiento del papa Francisco afirmamos que ‘ningún niño es descartable’ y, en cambio, a todo niño, niña o adolescente se le deben garantizar la integridad de sus derechos”, afirmó la Comisión de Niñez en un comunicado de prensa.
“Sociedad bolsonarizada”
Por su parte, la comisión de Derechos Humanos asentó su firme oposición “a cualquier intento de bajar la edad de la punibilidad, mucho más en este contexto social” ya que si bien “la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil está pendiente” ésta “no puede darse en este marco de incumplimiento de los derechos sociales”.
“Hacemos responsables a los dirigentes, gobernantes y comunicadores populistas que dicen lo que la sociedad “bolsonarizada” quiere escuchar, aún a costa de sacrificar por unos votos la dignidad inalienable de nuestras y nuestros adolescentes”, agregaron los integrantes de esta comisión.
Consideraron también que “pensar la baja de la edad de punibilidad como respuesta a la seguridad ciudadana al margen del contexto social es demagogia punitiva, y significará profundizar en la sociedad los caminos de la violencia, convirtiendo a los adolescentes en enemigos sociales”.
Fines electorales
“Dos años después, otra vez en enero, resurgen las mismas propuestas simplistas, con fines electorales y sin mirar el tema en su complejidad. En este sentido, queremos señalar que el contexto de crisis acentúa el incumplimiento de las responsabilidades que el mundo adulto tiene sobre la juventud”, advirtieron.
Por último, señalaron que “la escuela, la vivienda y la salud están muy deterioradas, los espacios de promoción de las artes no pueden pagar la luz y cierran, los clubes se vuelven inaccesibles para los salarios que se ajustan, el desempleo crece mientras la capacidad de contención de la sociedad baja notoriamente”.
La comisión de Derechos Humanos por la Inclusión está integrada por los sacerdotes José María “Pepe” Di Paola, Lorenzo “Toto” De Vedia y Carlos Olivero; los religiosos Yolanda Galka, Cecilia Lee, Daniel Romanín; el asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Buenos Aires, Gustavo Moreno; Gustavo Barreiro, María Elena Acosta, Ángela García Elorrio, y Alberto Palacio.
