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Magistrado venezolano se exilia en EEUU

7 enero, 2019

Un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela -de línea oficialista- se exilió en Estados Unidos, según dijo para no convalidar la juramentación del presidente Nicolás Maduro ante esa corte y cooperar con las autoridades norteamericanas.

Maduro “no se merece una segunda oportunidad por cuanto la elección en la que supuestamente salió electo no fue una elección libre, no fue una elección competitiva”, declaró este domingo el juez Christian Zerpa al canal EVTV en la ciudad de Orlando (Forida, sureste).

Más temprano, el TSJ aseguró en un comunicado que Zerpa había huido de Venezuela para evadir una investigación por presuntos delitos sexuales.

Según la institución, el magistrado es investigado por “acoso sexual, actos lascivos y violencia psicológica” contra funcionarias de su despacho.

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, sostuvo que ante “reiteradas denuncias” de “conductas indecorosas e inmorales en detrimento de un grupo de mujeres”, las autoridades habían iniciado el procedimiento legal para destituir y enjuiciar a Zerpa.

El juez, quien abandonó el país junto con su esposa y una hija, anunció que colaborará con las autoridades estadounidenses para develar supuestos casos de corrupción en el entorno de Maduro, y el control del TSJ por parte del gobierno.

“Obviamente sí (cooperará). Estaba consciente de que al venir aquí, esa probablemente iba a ser una solicitud y lo que sepamos, que sabemos algunas cosas, aun cuando no tenemos pruebas, en concreto documentos, tenemos pruebas testificadas, cosas que escuchamos, que vimos o de formas de actuar de algunos dirigentes y obviamente eso lo vamos a decir”, manifestó.

Según Zerpa, “hay personas vinculadas al entorno presidencial que están incursas en hechos de corrupción”, afirmó, sin mencionar nombres.

Además, “buena parte de las decisiones (del TSJ) son instruidas desde (el palacio presidencial) Miraflores. Es un apéndice del Ejecutivo”, añadió, indicando que decidió exiliarse porque temía por su vida.

Zerpa militó en el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y está entre los venezolanos con sanciones financieras de Canadá. Fue designado por la antigua mayoría parlamentaria oficialista, en diciembre de 2015, pocos días antes de que la oposición asumiera el control de la cámara.

Maduro iniciará el jueves un nuevo mandato de seis años, tras reelegirse el pasado 20 de mayo en votaciones boicoteadas y denunciadas como un fraude por la oposición y desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina.

El Grupo de Lima pidió al gobernante socialista abstenerse de asumir y traspasar el poder al Parlamento -de mayoría opositora- hasta que se realicen “elecciones democráticas”. El Legislativo, en tanto, advirtió que lo considerará un “usurpador”.

El TSJ aseguró que Zerpa era investigado formalmente desde el 23 de noviembre de 2018. La acusación, sin embargo, no se hizo pública hasta los reportes sobre su deserción.

Moreno negó que el caso sea señal de fracturas en la corte. “Lejos de lograr separarnos, nos une”, aseveró.

Fuente: Agencia de Noticias AP/NA

Tags: Christian ZerpaExilioVenezuela
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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