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Comenzó a trabajar el Observatorio de Gestión de Servicios Públicos

5 enero, 2019

El defensor del Pueblo, Alberto Penayo; la ministra de Derechos Humanos, Lilia Marchesini; el coordinador de Aguas y Tierras, Jorge Atencio, y funcionarios de Garupá, inauguraron formalmente el jueves el Observatorio de Gestión de Servicios Públicos de Transporte, Energía Eléctrica, Aguas y Saneamiento.

La convocatoria fue amplia y participaron vecinos provenientes de Garupá y la ciudad capitalina en la que estuvieron representados más de 20 barrios, según informaron.

Vecinos de los barrios posadeños Ñu Porá, Las Lomas y Sol de Misiones, hicieron un llamado de atención.

“La gente está muy mal. Que se entienda, necesitamos ayuda urgente. Hace 18 días, un mes, dos meses algunos, que estamos sin agua. Y somos seres humanos, necesitamos agua. Queremos bañarnos, lavar ropa, cocinar. Tenemos niños. Queremos una solución definitiva”, expresaron.

La situación de emergencia se agudiza y la tensión aflora cada vez que las facturas de los servicios llegan a los hogares “tenemos consumos de 50, 70 mililitros… ¿cómo es posible? Si nunca tenemos agua, pero debemos pagar igual”, se quejaron.

Otros vecinos, de Garupá, comentaron que es común ver que algunos tienen agua y otros no, dentro del mismo barrio y aseguraron que SAMSA corta por sectores porque no da abasto.

“Muchas veces cortan todo el día y sólo vuelve dos horas, o si vuelve, sale con tan poca presión que no logra subir a los tanques”. Además, señalaron que los que poseen el líquido vital, pierden agua por los caños rotos. “Mientras, nosotros ni para tomar tenemos”, indicaron.

Por su parte, Marchesini indicó que “si bien es un servicio, estamos hablando de un derecho humano. Sin agua no vivimos. Estamos hablando de algo que excede a una empresa, a un convenio de concesión, etc.” y agregó que “no tener agua es abandono de persona, sobre eso debemos trabajar. Es importante solucionar en la inmediatez y en paralelo generar otras soluciones. Reparar bombas, realizar otra conexión, etc”.

Asimismo, Penayo manifestó que  “es importante darle un marco al reclamo del agua. El Observatorio es una herramienta conformada por todos los actores y empoderada por cada vecino. Se pone a disposición de todos los ciudadanos que quieran sumarse, pero hay que desandar este proceso”, dijo. Agregó que “vamos a hacer lo imposible desde las instituciones presentes para obtener una solución al problema del agua, y otros”.

Reunión con SAMSA, IMAS y EPRAC

En paralelo a la inauguración del Observatorio, el diputado provincial Roque Gervasoni se reunió con funcionarios de EPRAC, IMAS y SAMSA para tratar el tema en cuestión, y como respuesta las empresas se comprometieron a subsanar en el plazo de diez días la problemática del agua en Posadas y Garupá.

Según trascendió, se trataría de la colocación de un by pass que traspasaría la ruta nacional 12 y conectaría a ambas localidades, con el fin de garantizar la provisión de agua potable a todos.

Convenio interinstitucional

El Observatorio de Gestión de Servicios Públicos de Transporte, Energía Eléctrica, Aguas y Saneamiento fue creado en el marco de un convenio interinstitucional que fue firmado entre el Ministerio de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posadas y el diputado provincial Roque Gervasoni, a fin de trabajar en conjunto sobre las distintas problemáticas que tiene la sociedad.

Cabe señalar, que a partir de la rúbrica del mismo la Defensoría podrá acompañar el reclamo incluso de aquellos solicitantes que provienen de otros municipios, siempre y cuando hayan planteado la situación ante el Ministerio de Derechos Humanos primero y dentro del marco del convenio.

Tags: #PosadasGarupáObservatorio de Gestión de Servicios Públicos
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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