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Sobreseyeron a condenados a muerte en “juicio mbya”

4 enero, 2019

El inusual caso de dos hombres “condenados” a muerte por la comunidad guaraní por el crimen de una adolescente en Ruiz de Montoya finalmente tuvo otro final en la Justicia provincial. Es que la dupla fue sobreseída y la causa archivada como “suicidio”, después de que la investigación no arrojara pruebas sobre un homicidio doloso.

La resolución liberó de responsabilidades a quien fuera pareja de la menor, de 23 años, y al padre de la misma, de 50, ambos -como ella- integrantes de la comunidad nativa. Tal como PRIMERA EDICIÓN publicó meses atrás, los dos habían recuperado la libertad tras recibir una falta de mérito, antesala del sobreseimiento definitivo.

La causa se cerró y quedó archivada bajo la carátula de “suicidio”, después de que se descartara un homicidio, tal como se sospechaba en un principio. Determinante para ese corolario fue, en un principio, la inexistencia de elementos de prueba en contra de los dos sospechosos. Y aquel camino terminó de confirmarse con la segunda autopsia realizada al cuerpo, que confirmó que la menor murió por asfixia pero sin la participación de terceros. La primera necropsia apenas había informado sobre la causa de la muerte, “asfixia por ahorcamiento”, sin más precisiones.

Así las cosas, ante el cierre de la investigación, el magistrado Roberto Sena, al frente del Juzgado de Instrucción 1 de Puerto Rico, y el fiscal Jorge Francisco Fernández comunicaron sobre tal resolución a los representantes mbya guaraní. Por lo pronto, tras la liberación, no volvió a saberse del paradero tanto del novio como del padre de la pequeña.

Sentencia en la “Aty Guasú”

La llamativa historia se inició alrededor de las 9.30 del lunes 16 de octubre de 2017, cuando el cuerpo de la pequeña apareció colgado de un árbol a un costado del camino terrado que conduce a la comunidad mbya guaraní “Yhovi”, en Ruiz de Montoya.

Los uniformados llevaron adelante una minuciosa investigación puertas adentro de la comunidad. Recabaron testimonios de distintos miembros y también de quien era pareja de la adolescente. Allí nacieron las primeras sospechas, ante una serie de contradicciones del muchacho a la hora de cotejar el cúmulo de declaraciones. Entonces, por orden del magistrado Osvaldo Rubén Lunge, en ese momento al frente del Juzgado de Puerto Rico, se exhumó el cuerpo y se lo sometió a aquella primera autopsia.

La comunidad guaraní se vio conmovida por el hecho y resolvió actuar según rezan sus principios. Mientras la Justicia del hombre blanco iniciaba la instrucción, los caciques llamaron a una “Aty Guasú” o “Reunión Grande” para juzgar al que consideraron como principal sospechoso.

Esa asamblea, de la que participaron los 21 caciques de las comunidades de la zona, tuvo lugar el miércoles 25 de octubre de 2017 en la aldea Tupambaé. Fue presidida por el cacique general de la Nación Mbya Guaraní, aunque de la deliberación participaron los 21 presentes.

Las fuentes contaron que la “Aty Guasú” se desarrolló de manera similar a la de un juicio. Testimoniaron testigos, se mostraron pruebas y, finalmente, llegó el momento del imputado. El joven de 22 años prefirió el silencio y, tal como explicaría cualquier operador judicial, “se abstuvo de declarar”.

Tras largas horas de ardua discusión, los caciques llegaron a un veredicto y declararon al joven culpable de la muerte de su pareja. La condena fue de “pena de muerte bajo ejecución inmediata”, al decir de la ley guaraní. Sin embargo, a sabiendas de que aquello va en contra de la ley nacional, resolvieron entregarlo a la Justicia provincial.

Ese trámite se llevó a cabo dos días después en el despacho del juez Lunge. El joven de 22 años quedó allí oficialmente detenido en averiguación del hecho, caratulado primeramente como “homicidio calificado o femicidio”.

Al poco tiempo, los miembros de la comunidad volvieron a golpear las puertas de la Justicia misionera, esta vez para entregar al padre de la adolescente, quien también fue enjuiciado y sentenciado a muerte en una nueva “Aty Guasú”.

Los dos hombres quedaron detenidos. La Justicia agotó entonces cada una de las instancias y finalmente confirmó que ninguno de los dos guardaba relación con el episodio -que resultó ser, al final, un hecho íntimo- más allá de las sospechas de sus paisanos. Por eso, el dúo fue sobreseído y quedó “limpio” por el caso, que más allá de todo volvió a reflejar la riqueza cultural ancestral que perdura en la provincia, inclusive en lo respectivo a la ley penal.

Tags: #JudicialesAbsoluciónJuicio mbyaSuicidio
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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