La decisión del Gobierno nacional impactará muy fuerte en Misiones, donde se estima que cuenta con aproximadamente el 38% de usuarios beneficiados con la tarifa social.
En tanto, la Provincia está trabajando con las autoridades de Energía de Misiones y las cooperativas eléctricas para implementar un esquema donde aportará dinero, al igual que con el transporte público, para que el impacto del aumento no sea tan fuerte, pero lo cierto es que el 100% de los usuarios tendrán que abonar toda la tarifa plana.
PRIMERA EDICIÓN confirmó con diferentes fuentes del Gobierno provincial que “se harán cargo de un monto ‘parcial’ del total de la tarifa social”.
Se estima que “si la Provincia se hace cargo del total deberá aportar entre 70 y 80 millones de pesos”. Si bien aún no están definidos los detalles del subsidio provincial, sí se supo que “sería anunciado esta semana” por el Ejecutivo.
Las cooperativas están muy preocupadas porque tendrán que pedir ayuda a la Provincia y porque los usuarios sufrirán fuertes aumentos, lo cual complicará todavía más la situación de endeudamiento que viene creciendo en los últimos años.
En una comunicación con el secretario de Energía provincial, Sergio Lanziani confirmó que “como el régimen cae, el Gobernador está analizando cómo sustituir este régimen a partir del primero de enero. Como esa factura se emite en febrero, hay tiempo para analizar”.
Además, dijo que “tengo entendido que la Provincia asumirá un costo para no exponer a estas familias de bajos recursos. No sé en qué porcentaje, ya que es una cuestión presupuestaria y está siendo analizada por el Ministro de Hacienda”.
Lanziani recordó que “el subsidio actual incluye el costo cero para estos usuarios por la energía hasta 300 kilovatios-hora mensuales, por cada uno que está incluido en este padrón de beneficiarios con tarifa social”.
La tarifa social protegía con descuentos de hasta el 40% a los usuarios que se encontraban con un consumo inferior a los 300 kw/h por mes. Lo que va a ocurrir a partir de la eliminación del aporte, es que muchos jubilados, pensionados y familias de bajos recursos recibirán facturas que superarán porcentajes de sus ingresos económicos.
La tarifa social se define por un cruzamiento de datos sobre ingresos y consumo y pueden acceder jubilados o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vital y móvil.
La decisión de la Nación de no subsidiar más a quienes menos consumen también repercutirá con fuerza en otras provincias del Noreste Argentino (NEA), como ser Corrientes y Formosa. Según un informe nacional, esta última jurisdicción cuenta con más del 70% de sus conexiones beneficiadas con la tarifa social.
Jujuy y La Rioja son otras de las provincias que cuentan con una incidencia muy alta. En el caso de la primera, siempre según la información oficial a la que accedió el Diario, el 47% de los usuarios contaban con el beneficio. En tanto, en la otra jurisdicción, la incidencia era del 42%.
La provincia con menor porcentaje de beneficiarios es Chubut, con apenas el 16% del padrón de usuarios.
Otro subsidio trasladado a las provincias
La Resolución 122/2018 del ex Ministerio de Energía de la Nación, que nunca se desactivó, estableció que “a partir del 1 de enero del 2019, el régimen de la tarifa social establecido en virtud de lo previsto en la Resolución Nº 6 del 25 de enero de 2016 de exMinisterio de Energía y Minería, para los beneficiarios que se encuentran domiciliados en las distintas jurisdicciones del servicio público de distribución de electricidad, será aplicable por los mecanismos que se instrumenten en cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a dicho régimen y que involucrará la asunción de su financiamiento y la coordinación con los Agentes Distribuidores y/o Prestadores del Servicio Público…”.
Entre los fundamentos de la resolución mencionada, la Nación expresó que “ha sido decisión política del Gobierno nacional que el proceso de normalización del precio mayorista de la energía eléctrica iniciado en el 2016 contemplara la puesta en funcionamiento de la tarifa social, cuyo sostenimiento supuso un sustancial aporte del Tesoro Nacional, independientemente de la jurisdicción en la que se encuentren los usuarios beneficiarios del referido régimen. Que, en dicho contexto, para la continuidad del beneficio de la tarifa social ‘resulta indispensable la contribución de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el financiamiento de su aplicación en relación con los usuarios domiciliados en dichas jurisdicciones’, mediante los mecanismos que oportunamente se implementen en cada una de ellas”.
Esta resolución tuvo varias idas y vueltas, debido a una disputa interna entre los integrantes del Gobierno nacional, pero lo cierto es que nunca fue dado de baja y se hará efectiva a partir de este martes 1 de enero.
El primero del año
Días atrás, se confirmó que el Gobierno nacional aumentará el costo de la energía eléctrica distribuida por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) a los puntos provinciales, a partir del consumo de febrero.
En este sentido, el precio mayorista de la luz tendrá un aumento del 30% aproximadamente, con lo cual la suba que se trasladará a los usuarios rondará, al menos, en el 20% de la facturación que llegará en los primeros días de marzo.
“La Nación dispuso que a partir del 1 de febrero se dará un aumento sobre la caja que representa al costo de la energía eléctrica mayorista. Resta que esto se defina vía resolución de la secretaría de Energía pero ya anticiparon que la suba sería como mínimo entre un 25% al 30%”, había anticipado Lanziani a este Diario.
Y remarcó que “siempre que la Nación sube el precio mayorista, el Gobernador de Misiones decide no tocar el resto del cuadro tarifario para no encarecer aún más el problema para los usuarios”.
Este primer incremento no sería el único del año que viene, ya que se estima que en junio llegaría otra suba en la tarifa energética.
