Dos exsuperiores del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) quedaron a un paso del juicio oral y público por dejar salir a internos de la cárcel de Eldorado sin más autorización que la de ellos mismos. Así lo requirió el Ministerio Público Fiscal, que entendió más que suficientes los elementos que obran en el expediente y pidió que ambos vayan al banquillo.
Se trata de los funcionarios Roque Omar Benítez y Luis Alberto Gómez, quienes estuvieron al mando de la Unidad Penal III hasta el miércoles 7 de septiembre de 2016, cinco días después de que estallara el escándalo que alcanzó incluso repercusión nacional. Al decir de la Justicia, los presos salían sin ninguna orden emanada de órgano judicial competente, como manda la ley. Insólito.
Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, la fiscal de Instrucción 2 de Eldorado, Bibiana Alderice, consideró cerrada la instrucción y pidió que Benítez y Gómez respondan por los delitos de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y ejercicio de las funciones correspondientes a otro cargo, todo en concurso real, ambos en calidad de coautores”.
A través de las pruebas recolectadas por la investigación de la magistrada Nuria Allou, titular del Juzgado de Instrucción 2 de esa localidad, la fiscalía pudo realizar una reconstrucción formal sobre lo que -supone la acusación- sucedía tras los muros de la penitenciaría emplazada sobre la avenida Adolfo Julio Schwelm -también conocida como “El Fundador”- entre Sarmiento y Pionero Heidinger.
Siempre según ese relato fiscal, “en circunstancias en que Benítez y Gómez se desempeñaban como director y subdirector de la Unidad Penal III, ambos habrían autorizado la salida de internos del penal sin autorización judicial correspondiente, a sabiendas de la ilegalidad de sus actos y en clara infracción al procedimiento de la ley provincial 14 de ejecución de las penas privativas de la libertad sobre las salidas laborales extramuros”.
La normativa a la que se hace referencia en el requerimiento fiscal exige que cualquier tipo de salida transitoria de un interno, sea para el fin que fuere, debe contar con autorización del Tribunal de Ejecución Penal. Como en Misiones, esos órganos no existen como sí, sus atribuciones son trasladadas a los tribunales penales.
Se trata de un proceso integral que lejos está de ser una mera resolución. Para cumplimentar ese trámite se debe iniciar un expediente aparte en el que deben constar la autorización judicial, la situación jurídica del preso, la opinión del psicólogo, el trabajador social y otros profesionales abocados al caso, un informe sobre el lugar en el que el reo desempeñará sus labores y una constancia de un seguro que ofrezca cobertura en caso de siniestros laborales.
El escándalo se desató durante la última semana de agosto, cuando una carta anónima fue encontrada bajo la puerta del Tribunal Penal 1 de Eldorado. Esa misiva fue la que disparó la investigación.
“Quiero que tomen conocimiento de lo que ocurre en la cárcel de Eldorado. La semana pasada (…) se conoció que dentro del penal posiblemente existían armas de fuego para una posible fuga. Además, se saca fuera del penal a internos que no están en condiciones de salir a trabajar, mintiendo el lugar adonde van y realizando trabajos a entes públicos”, rezan algunos de los párrafos del texto, de dos carillas.
Enseguida la carta fue elevada al Juzgado de Instrucción 2, que inició una investigación y ordenó un allanamiento a la cárcel. Los libros de guardia fueron secuestrados y allí, insólitamente, las autoridades encontraron más de treinta salidas de presos sin autorización judicial. Aunque eran ilegales, estaban asentadas en los registros.
Cinco días después de que se iniciara la pesquisa, y una vez que el caso se conoció a través de los medios de comunicación, las autoridades provinciales y del SPP resolvieron remover a los dos jefes de la cárcel de Eldorado, quienes ahora se acercan a responder en debate oral y público.
