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Hoy se realiza la audiencia pública por un nuevo tarifazo del Grupo Z

27 diciembre, 2018
BOLETAZO. Unidades del Grupo Z mostraron carteles que daban cuenta del impacto que tendría la quita de los subsidios nacionales.

A partir de las 9 de hoy, en el Centro de Convenciones, se llevará a cabo la Audiencia Pública que habilitará un nuevo tarifazo del Grupo Z en la ciudad.

En este contexto, unas 266 personas se inscribieron para participar de la convocatoria. El proceso se desarrollará según el Artículo 45° de la Carta Orgánica municipal, que establece que “todos los ciudadanos tienen el derecho a participar”.

Asimismo, en el artículo 47 de la norma se determina que “las conclusiones y observaciones que se formulen en las audiencias públicas no tendrán carácter vinculante, pero su rechazo o falta de consideración deberá ser fundado”.

Al respecto, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Posadas, Fabián Florentín, manifestó en declaraciones a Radio República que “el proceso se da en medio de una incertidumbre” ante la inminente caída de los subsidios nacionales a partir del 1 de enero.

“Estamos trabajando codo a codo con el Gobierno provincial para poder determinar el impacto de la quita de los subsidios y para que ese impacto sea el menor posible”, sostuvo. Y adelantó que “esta decisión del Gobierno nacional de abandonar a las provincias fue dada de la noche para la mañana”.

Sostuvo, además, que las compensaciones que se otorgarán a las provincias “son claramente insuficientes”. “Ellos hablan de $1.500 millones anuales, cuando ese mismo fondo antes era de $30 mil millones, entonces claramente vemos que eso es insuficiente”, precisó. Por ende, remarcó que “hoy la única certeza que tenemos es la quita del subsidio”.

Boleto por tramos

Por su parte, el defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, anticipó que durante la audiencia “insistirá con la idea del cobro del boleto por tramos”.

“Presentaremos todas las herramientas de análisis disponibles para lograr una resolución participativa, clara y representativa de todas las partes, pero en especial de los vecinos”, afirmó.

“No es lo mismo viajar dentro de las cuatro avenidas, que ir a Miguel Lanús o a Itaembé Miní”, adujo y resaltó que con esta medida “se eliminaría el subsidio entre pasajeros, ya que para aquellos ciudadanos que demuestren no poder costear el pasaje, se agregará al pedido de la denominada Tarifa Social”.

“Si habrá un aumento inevitable, ordenemos el pago. Si usás el mínimo, pagás el mínimo; y si usás el máximo, pagás el máximo; y el que no pueda pagarlo que el Estado le subsidie”, explicó.

Además, reforzará el pedido de trabajar sobre una ecuación polinómica realizada por una institución externa a todos los implicados, para que se esclarezcan los componentes que arrojan el tan discutido $40 de pasaje, adelantado por las propias empresas al dorso de cada una de sus unidades.

“El boleto se incrementó tres veces durante el 2018. El primer aumento tuvo lugar en enero cuando el pasaje escaló de $8,75 a $10,50; el segundo se dio en junio de $10,50 a 12; y en octubre el tercero y último que fue de $12 a $15 (valores con SUBE). El argumento más fuerte esgrimido desde la EUTA (Empresarios Unidos del Transporte Automotor) para este nuevo incremento es la caída del subsidio que proviene de Nación a partir de enero 2019 por el cual el pasaje deberá costar casi el triple”, repasó Penayo.

En consecuencia, apuntó que “necesitamos conocer en detalle cómo se fija la tarifa, cual es el costo de la empresa para poder discutir sobre ella”.

“Solicitaremos mayor claridad en el proceso, veracidad y por sobre todas las cosas gradualidad, progresividad y no confiscatoriedad, a la hora de implementar un nuevo aumento”, agregó.

Preocupación

Participarán también organizaciones sociales y vecinales de la ciudad. “La quita de subsidio y el aumento del del boleto, en este marco de desocupación y crisis, no se podrá costear desde los sectores populares quienes tienen un sueldo que está por debajo del mínimo, vital y móvil incluso, y no se podrá sostener un boleto de $40 como piden los empresarios, lo que pretendemos nosotros es que se tomen medidas urgentes con estos planteos que viene haciendo desde el sector privado”, expresó Antonela Scapini, representante la Multisectorial contra los tarifazos en Posadas.

En este sentido, reveló, que realizarán una presentación ante la audiencia “para que se tome en cuenta la situación de los trabajadores porque un pasaje a $40, implicará que mucha gente trabaje sólo para cubrir el costo del pasaje”.

“Tenemos muchas compañeras que trabajan en el sector doméstico, pero si el pasaje sube mucho no les conviene ir a trabajar más porque el sueldo sería sólo para los pasajes”, observó.

A todo esto, advirtió que se prevén manifestaciones en rechazo del aumento del boleto. “La participación será contundente, más allá de que mucha gente no se pudo inscribir en la audiencia, y organizaciones se movilizarán hasta la Municipalidad de Posadas”, sentenció.

Cabe señalar que en Posadas tenemos uno de los pasajes más caros en comparación con otras ciudades de la Región del NOA–NEA, esto además de ser un servicio deficitario, con serios problemas en las frecuencias, y restringido los domingos y feriados, y después de las 22.

Es que en Posadas el boleto sin SUBE cuesta $21, mientras que en otras provincias donde también regirá la quita de subsidios, como Rosario, el viaje cuesta $18,28.

En Resistencia $14,72; en Corrientes capital cuesta $17 y pasará a costar $19 desde el 1 de enero; de igual manera en Córdoba capital el boleto urbano pasó de $17,22 a $23,70 considerando el recorte de fondos.

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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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