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Por falta de dinero caen proyectos de energía de biomasa forestal

20 diciembre, 2018

Los dos emprendimientos afectados serían el Proyecto Kuera Santo Tomé (12,9 MW) y Generación Virasoro (3 MW), de las empresas Norcon SRL y Forestadora Tapebicuá SA, respectivamente.

“El argumento que esgrimieron los empresarios damnificados es que la coyuntura financiera argentina les impidió acceder al crédito. Sin dinero no hay desarrollo”, explicaron.

De esta manera, de 88 proyectos adjudicados en la Ronda 2 del Programa Renovar que impulsa el Gobierno Nacional, por 2.043 MW, serían 4 los que se encuentran en proceso de rescisión por no haber celebrado sus respectivos contratos de abastecimiento de energía eléctrica (PPA, por sus siglas en inglés) en el plazo que fijó la Secretaría de Energía de la Nación.

Los dos emprendimientos afectados son los proyectos de fuente de biomasa forestal, Kuera Santo Tome (12,9 MW) y Generación Virasoro (3 MW), de las empresas Norcon SRL y Forestadora Tapebicuá SA, respectivamente, para Corrientes.

En tanto, los otros dos emprendimientos que también están en proceso de rescisión son el parque solar Saujil II, por 20 MW, de la compañía 360 Energy; y de biogás Villa Del Rosario, de 1 MW, de la firma Crops Investments SA.

La noticia afectará a productores y empresas forestales que habían sido convocadas: “Al caer los emprendimientos de bioenergía en Santo Tomé, también quedarán sin efecto todos los acuerdos que se habían firmado por contrato de exclusividad de abastecimiento de materia prima con los aserraderos y productores, por lo que ya se pidió una reunión con el Gobierno de Corrientes para analizar el nuevo escenario”, señalaron distintas fuentes consultadas por ArgentinaForestal.com.

Finalizó el proceso de firma de contratos de PPA

La semana pasada finalizó el proceso de firma de contratos de la Fase 2 de la Ronda 2 del Programa RenovAr y los datos fueron publicados por el sitio especializado Energía Estratégica.

Los ocho emprendimientos de energías renovables de la Fase 2 que aún no habían firmado sus respectivos contratos PPA, lo hicieron el pasado viernes 14 de diciembre.

En suma, los 22 emprendimientos seleccionados en esta instancia, por 634 MW, están en pleno avance.

Así, empresarios de los ocho emprendimientos de energías renovables de la Fase 2 de la Ronda 2 del Programa RenovAr formalizaron sus contratos de abastecimiento de energía eléctrica.

Lo hicieron junto a autoridades de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico y funcionarios de la Subsecretaría de Energías Renovables.

Se trató de seis emprendimientos de biogás y otros dos de energía solar fotovoltaica, que en conjunto totalizaron 99,5 MW.

De esta manera concluyó el proceso de firmas de contratos de la Fase 2 de la Ronda 2 del Programa RenovAr.
“El cierre fue exitoso, ya que los 22 emprendimientos adjudicados en esa instancia, por 634 MW, lograron firmar los respectivos PPA. Y en general para el Gobierno Nacional significa un buen balance, considerando que de 88 proyectos adjudicados en la Ronda 2, por 2.043 MW, sólo 4 se encuentran en proceso de rescisión por no haber celebrado sus respectivos PPA en el plazo que fijó la Secretaría de Energía”, indicaron en la publicación.

“El argumento que esgrimieron los empresarios damnificados es que la coyuntura financiera argentina les impidió acceder al crédito. Sin dinero no hay desarrollo”, explicaron.

Además, un dato relevante es que al momento de la firma se les solicita una caución de 250 mil dólares por MW adjudicado.

Expectativas para el sector forestal

De Corrientes habían sido cinco los proyectos adjudicados con la licitación: Genergia BIO (Biomasa Santo Tomé de 10 MW) y Genergía BIO (Ampliación Santa Rosa de 1,64 MW); Garruchos Forestación SA (San Alonso de 37 MW), presentación que sorprendió del Grupo Insud a último momento por su expansión y fuerte apuesta en inversión en bioenergía, y finalmente los proyectos Kuera (Kuera Santo Tome de 12,92 MW) y Forestadora Tapebicua SA (Generación Virasoro de 3 MW) que se encuentran en proceso de rescisión.

En tanto, para Misiones el único oferente fue un inversor de Santa Fe, del grupo Molino Matilde, con un proyecto para una planta de generación de energía a instalar en la localidad de Cerro Azul, al sur de la provincia, y ya firmó su contrato de abastecimiento de energía eléctrica (PPA) y sigue en carrera para iniciar las obras en 2019.

Tags: Biomasa ForestalCrisisEnergíaInversiones
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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