Este hombre de 36 años, junto a su esposa y sus dos hijas, se quedó en la calle y con lo puesto después de denunciar ante el Iprodha que estaba alquilando una vivienda que fue adjudicada a Walter Pintos Garro y su esposa Gabriela Monges.
Mediante una resolución de este año, el organismo prohíbe que los ajudicatarios alquilen a terceros las viviendas y permite a los inquilinos denunciar esta situación y reclamar la tenencia definitiva de la casa. Haciendo uso de esta resolución, Domínguez realizó el trámite y el pedido de tenencia.
Después de hacer ese pedido, en noviembre pasado, Domínguez se encontró un día con la puerta cerrada y todas sus pertenencias en el interior. El escribano y su esposa estaban adentro. Cuando intentó ingresar fue detenido por un policía, arrestado y despojado de sus bienes.
Sin embargo, al parecer el Iprodha pudo corroborar que efectivamente vivía en el lugar y que Pintos Garro estaba incumpliendo la resolución que prohíbe alquilar. Según la denuncia, los muebles que estaban en el interior de la vivienda fueron trasladados a otra vivienda, por calle Neuquén, donde aparentemente viviría la pareja de funcionarios.
El lunes, Domínguez recibió la cédula de notificación del Iprodha donde le confirmaron la revocatoria de la adjudicación al funcionario provincial y el inicio de los trámites para su tenencia.
A pesar de esto, hasta ayer no había podido recuperar su casa y estaba esperando que la Justicia libre una orden de desalojo con la fuerza pública (Policía).
“Sigo viviendo de prestado y con lo puesto. Estamos esperando que la Justicia ordene que nos devuelvan la casa y todos los muebles que estaban adentro porque se llevaron todo”, dijo.
Denuncia a Derechos Humanos
Como un acto de desesperación, el lunes redactó una denuncia para solicitar ayuda a la delegada de Derechos Humanos de la Nación, Norma Elias Coutto, donde le manifiesta que está sufriendo “un evidente, manifiesto y penoso avasallamiento de mis derechos y los de mi familia en pleno gobierno democrático”.
“La manera en que se ha procedido denota tintes de la época dictatorial de la Argentina que tanto daño causó los Derechos Humanos y hoy, a 35 años del restablecimiento de la Democracia, los funcionarios Walter Pintos, escribano de Casa de Gobierno y Gabriela Monges, del Registro de la Propiedad Inmueble, en connivencia con personal policial, fuera de la ley y de los procedimientos legales, han conculcado con violencia y atropello mis derechos y los de mi familia”, remarca.
Yendo a los detalles, describe: “El señor Pintos y la señora Monges, fuera de la ley, arbitraron abusivamente medidas extremas y en un intento frustrado por recuperar la vivienda maquinaron y llevaron a la práctica un sinnúmero de actos ilegales que se tipifican como delitos penales contra derechos humanos y raigambre constitucional, como ser invasión de propiedad privada al ingresar con violencia y sin orden judicial a mi domicilio obstruyendo la vía de acceso al levantar un muro casi 2 metros de altura, delitos contra mi integridad física al reducirme entre varias personas colocándome esposas como si fuera un delincuente, llevándome detenido frente de mi esposa y dos hijas menores en un gravísimo acto contra mi libertad personal”.
“Como si esto fuera poco, en una camioneta colocaron nuestros muebles y todas nuestras posesiones habidas en el domicilio, según el testimonio de un vecino quien pudo identificar el vehículo con el que llevaron nuestras cosas. Tiempo después se encontró el vehículo frente a la casa de estos señores, por calle Neuquén Nº 3144”, agregó.
Prosiguiendo con la carta, Domínguez denuncia que “fuimos despojados de ropas, muebles, medicamentos, herramientas de trabajo de mi esposa y mías, causando un perjuicio económico ya que ya que no pudimos desde aquel fatídico día continuar con nuestras labores”.
También menciona “delitos contra mi honor al ser sujeto de injurias por las mentiras que inventaron tratándome de usurpador, siendo que hace más de 2 años me trataron como su inquilino, recibiendo el mes el 20 de cada mes el dinero en concepto de alquiler”.
“En resumidas palabras, Sra. Delegada, estas personas nos dejaron literalmente en la calle, con lo puesto. El daño moral y emocional que nos causa esta situación al no saber cuándo será restablecido nuestro derecho, recuperando nuestro domicilio y pertenencias, es de una magnitud inconmensurable”, finaliza la denuncia de Domínguez ante la delegada de Derechos Humanos de la Nación.
