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Maduro ordena aumentar 150% el salario mínimo en Venezuela

30 noviembre, 2018
Un 70% de los venezolanos con empleo formal cobra el salario mínimo y afronta una odisea para tener una vida digna.

Con las maletas listas para viajar a México a la investidura presidencial de AMLO, el mandatario venezolano Nicolás Maduro ordenó este jueves que se aumente el salario mínimo de los venezolanos en un 150% a partir de diciembre, como parte de unas medidas de ajuste de su programa económico.

Con esto el ingreso base de los trabajadores pasará de 1.800 bolívares (791 pesos) a 4.500 bolívares ($1.980) a partir del primero de diciembre, según apuntó Maduro a la televisora estatal desde el palacio presidencial.

Sin embargo, un 70% de los venezolanos con empleo formal cobra el salario mínimo y afronta una odisea para tener una vida digna donde nadie puede comprar una lata de atún. Muchos se cambian a otros sectores mejor pagados o abandonan sus trabajos. Solo seis de cada 10 trabajadores están empleados en el área formal, indican varias encuestas.

El reajuste salarial anunciado por Maduro llega luego de que se revelara que cifras oficiales indican que la inflación en el país sudamericano se salió de control al llegar a 860% en 2017 y la economía se contrajo 15.7%, de acuerdo con la información compilada con datos que Banco Central de Venezuela envió la semana pasada al Fondo Monetario Internacional para evitar sanciones.

El ajuste viene después que Maduro ordenó en agosto elevar 60 veces el salario mínimo de los trabajadores para mejorar su poder de compra bajo una hiperinflación y una recesión, una medida que entró en vigor en septiembre.

El mandatario no ofreció cifras oficiales sobre la tasa de inflación, que según el Congreso opositor se aceleró en el último año hasta ubicarse en 833. 997 por ciento en octubre y el Fondo Monetario Internacional estima que llegará al millón por ciento al cierre del 2018.

“Este factor de corrección llega como un regalo de Navidad (…) (Es) para mejorar la vida del pueblo”, dijo Maduro desde el palacio presidencial. “Hemos logrado una desaceleración importante de la inflación, aún preocupante”, agregó.

El nuevo ingreso mínimo de los venezolanos es equivalente a unos 10 dólares, si se toma en cuenta la tasa de cambio paralela que comerciantes y empresarios usan como referencia para fijar la mayoría de los precios de la economía local. Maduro adelantó que en los próximos días vendrán aumentos sobre algunos precios regulados y se dejará caer la tasa de cambio oficial que casi no ha variado tras la devaluación de un 96% a mediados de año.

A pesar del aumento salarial, la vida en Venezuela deja cicatrices. Hacia finales de junio, José Ibarra, un docente de la Universidad Central de Venezuela, difundió en Twitter una fotografía de sus zapatos desgastados. “Mi sueldo como profesor universitario no me alcanza para pagar el cambio de suela, cuestan 20 millones”, escribió. Son 5,8 dólares hoy, pero en los próximos días será todavía menos por la devaluación del bolívar. “Es difícil decidir en qué gastar el dinero. Hago una lista de prioridades, pero siempre son muchas y no cubro ninguna”, dice Ibarra. Su último sueldo lo gastó en verduras y con eso se alimentó durante unos días.

El salario mínimo se paga en dos partes, tres millones en metálico y el resto en un bono de alimentos que se ingresa en una tarjeta llamada cestaticket. No se puede comprar un paquete de galletas, aunque con esa cantidad hace cinco años se podía abastecer de alimentos una despensa. Este viernes el gobierno anunciaría una nueva lista de precios para mercaderías de la canasta básica.

Fuente: Medios Digitales

Tags: Nicolás MaduroVenezuela
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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