Podría decirse que haber hallado al submarino configura el 50% de la tarea y que el otro 50% constituye encontrar a los responsables de que 44 vidas argentinas, dos de ellas misioneras, se hayan perdido en un evento que, al decir de las familias de los submarinistas, debería haberse evitado ya que estaban dadas las condiciones para hacerlo.
Sólo en Argentina ocurre que desaparezca un submarino y apenas un jefe militar pierda el puesto. Todos los demás siguen como si nada. Desde el principio y hasta estas horas toda la cadena de responsables militares y políticos cometieron gruesos errores que dejaron un reguero de dudas acerca de la investigación y el manejo de información tanto con los argentinos en general como con los familiares en particular.
Como ejemplo basta recordar que pasaron 48 horas desde la desaparición del submarino hasta que el Gobierno se refirió a un evento violento consistente con una explosión en la zona donde navegaba el ARA San Juan, sobre la base de un informe de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Hasta esas horas nada sabían los familiares que entendían el caso como una simple anomalía.
El retaceo y el ocultamiento de información desde el principio minaron la confianza de la gran mayoría acerca de lo que se sabía y lo que se comunicaba. Ello no puede volver a suceder. El Gobierno y la Armada deben, de ahora en adelante, ser transparentes en el suministro de datos dejando de lado cualquier tipo de interés político o estratégico. Los 44 merecen la otra búsqueda… la de la verdad.
