La orden de la sala II del tribunal porteño refiere a siete de los nueve acusados, de los cuales cinco ya habían pasado por la prisión preventiva al comenzar la causa por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que luego los liberó, indicaron fuentes judiciales.
Uno de los principales acusados es el empresario Leandro Rodríguez, dueño de “ADL Solutions”, presunto jefe u organizador de una asociación ilícita dedicada a sustraer datos confidenciales de la AFIP para venderlos mediante su empresa.
Entre los demás procesados están los ex agentes de la AFIP Sebastián Karamanian, Martín Del Quadro y Alejandro Adduci; al asesor financiero Daniel Courmanian; y los empleados de la empresa de Rodríguez, Pablo Degano y Marcelo Vecchio.
Degano y Vecchio permanecerán en libertad por haber tenido roles secundarios en los supuestos delitos, pero los demás acusados volvieron a recibir la prisión preventiva por parte del tribunal de alzada.
También dispuso esa condición para los sospechosos Guillermo Martín Rodríguez y Juan Pablo Bustos Thames, informaron fuentes judiciales.
Los jueces Irurzun y Bruglia sostuvieron que la justificación de las prisiones preventivas está en “las características de los eventos, marcadas por el nivel de conexión entre los imputados y la posible existencia de otros involucrados”.
Además por “el empleo de herramientas informáticas concretas que tendían a dificultar que se identifiquen las maniobras y sus autores” y “la necesidad imperiosa de dar con el producido económico de los delitos”.
“Dichas circunstancias mantienen plena actualidad en la causa”, sostuvieron para revocar el cese de cinco de las prisiones preventivas que había dispuesto el juez Canicoba Corral y dictar dos nuevas.
Al procesarlos, Canicoba Corral sostuvo que los acusados, “de manera sistemática y coordinada, proporcionaron datos secretos del referido organismo a cambio de diversas sumas de dinero que eran distribuidas entre distintos agentes, a un grupo de empresas que giran con el nombre ADS”.
“Los funcionarios públicos se valían de sus cargos en la administración y/o de sus conocimientos técnicos especializados en materia informática, para desarrollar herramientas informáticas que les permitían acceder a información confidencial sin dejar rastros de sus accesos, e incluso hacerlo de manera remota”, sostuvo el juez.
El empresario actuaba, según el magistrado, “apoderándose ilegítimamente de los datos y a sabiendas de ello, ofrecerla y comercializarla en el mercado, compartiendo entre los miembros de la organización los beneficios económicos que percibía la empresa”.
La pesquisa comenzó a raíz de una denuncia de AFIP luego que el 27 de agosto del 2017 el diario Página 12 publicara información relativa a datos del blanqueo de capitales vinculados a familiares del presidente Mauricio Macri.
Fuente: Agencia de Noticias Télam
