Un gendarme misionero y otros cuatro camaradas fueron condenados por la Justicia Federal por un insólito caso de cobro de “peajes” a pasajeros de una línea de colectivos de larga distancia. Lo irrisorio del caso es que cobraban una tarifa mínima y accesible al bolsillo de la dama y el caballero. Tal vez confiados en la “ganga” de la tarifa, pensaron que el caso nunca iba a trascender. Y en efecto, si bien no se sabe durante cuánto tiempo lo hicieron, el caso salió a la luz sólo cuando casualmente entre los pasajeros viajaba un alto mando de la fuerza.
El viernes 27 de abril de 2012, Marcos Javier Giménez (31), de San Pedro, y sus compañeros de armas, el entrerriano Héctor Raúl Rodriguez (39), y los salteños Claudio Sebastián Palacio (28) y Santiago Ramoha (31), estaban en el peor lugar para llevar a cabo sus fechorías.
Ese día, un colectivo de la empresa Once Bus había partido de Capital Federal y tenía como destino a la ciudad de Córdoba. Durante el trayecto por la ruta nacional 9, se detuvo en un parador denominado “La Granja”, en la localidad bonaerense de San Pedro. Bajaron algunos pasajeros y el viaje volvió a retomarse. Sin embargo, a los diez minutos el micro se detuvo nuevamente al costado de la ruta.
Los pasajeros escucharon hablar a los choferes que entre ellos comentaban “quieren plata”. Segundos después, una de las pasajeras comenzó a caminar entre los asientos con una bolsita en la mano, pidiendo la colaboración de 5 pesos por cabeza. Cuando la mujer pasó al lado de un hombre, este le preguntó qué sucedía, a lo que ella respondió: “los gendarmes”.
Ese testigo, clave en la investigación, se levantó de su asiento y se dirigió hasta la escalerilla. Vio allí una camioneta de color naranja con las inscripciones de Gendarmería Nacional y Ministerio del Interior. La señora, que había terminado de juntar el dinero, pasó a su lado y le entregó la bolsa a uno de los choferes, que a su vez se la pasó a uno de los gendarmes.
Ante la consumación del hecho, el hombre bajó del colectivo y fue tras los uniformados. Era nada más y nada menos que un comandante mayor de la fuerza, quien a viva voz se identificó ante los cuatro y los llamó. Sorprendidos, quisieron escapar pero el jefe corrió tras ellos y los detuvo. Dos portaban armas, uno tenía en su uniforme las tiras correspondientes a cabo primero, pero ninguno tenía la oblea con el apellido como es obligatorio, ni tampoco portaban el carnet de Gendarmería ni el documento.
El mayor tomó su celular y se comunicó con el Centro de Comando y Control. Allí puso al tanto de la situación irregular de la que había sido testigo. Los cuatro gendarmes fueron conminados a presentarse de inmediato a la subunidad.
El escándalo de los gendarmes “peajeros” llegó a la Justicia. La causa fue elevada a juicio en el Tribunal Federal 2 de Rosario. Los testigos del caso fueron el comandante mayor de Gendarmería, la pasajera que recolectó el dinero y los dos choferes.
Los cuatro fueron imputados por “exacciones ilegales” o, en otras palabras, “coimas”. En el expediente se pudo conocer que en la subunidad nadie sabía del accionar de los uniformados, ya que cualquier operativo debía haber sido comunicado antes al superior.
En ese sentido, el Tribunal entendió que “la ejecución del hecho se revela concretamente en la especie a partir de haber efectuado los cuatro imputados la detención del colectivo en una zona de escasa iluminación y de haber realizado análogas conductas en relación a la ocultación de su identidad a partir del incorrecto uso del uniforme reglamentario y al incumplimiento del protocolo interno previsto por sus superiores para el tipo de inspección que realizaban, especialmente en cuanto no comunicaron la actividad a realizar ni el lugar en donde la ejecutarían”.
La defensa de Héctor Raúl Rodriguez intentó probar que su defendido había estado dentro del automóvil durante el tiempo que duró el cobro de la “tarifa” a los pasajeros, y que él nunca se había enterado de lo que hicieron sus camaradas. Esa petición fue negada y los magistrados dictaron que Rodríguez tuvo intervención como coautor del hecho.
Luego de más de seis años de proceso, el pasado martes 9 de octubre finalmente el gendarme misionero Giménez y los otros tres acusados se reconocieron como los autores del hecho que se les imputaba. A través de un acuerdo entre la defensa y la fiscalía, solicitaron al tribunal la posibilidad de acceder a un juicio abreviado.
Tras analizar, el Tribunal Federal de Rosario resolvió homologar el acuerdo y condenar a los cuatro a la pena de “un año y seis meses de prisión de ejecución condicional y costas”. Además deben fijar residencia, someterse al cuidado de un patronato, abstenerse de consumir estupefacientes y no cometer nuevos delitos. Aquello significó, claro, la exoneración de la fuerza para los cuatro sentenciados.
