Un nuevo fallo de la Justicia Federal misionera favoreció a los miembros de una excomisión directiva de la Cooperativa de Servicios de Candelaria Limitada (COSCAL) denunciados por la presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social que se descontaban a los trabajadores.
La causa tuvo origen en una denuncia formulada por el jefe de la sección Penal Tributario de la Dirección Regional Posadas de la (AFIP – DGI), que sostuvo un fiscal federal, contra la excomisión de la COSCAL ante la jueza María Verónica Skanata.
Según constaba en presentación judicial, estos fueron los faltantes y períodos que se denunciaron: 12/2013 unos $31.813,81; en 01/2014 fueron $21.950,21; en el 02/2014 otros $23.134,73; en 03/2014 unos $25.018,95; en 04/2014 unos $26.065,22; en el 05/2014 fueron $26.195; en 06/2014 otros $38.325,37; en 07/2014 los $25.332,90; en 08/2014 unos $23.760,10; en 09/2014 fueron $23.670,20; en 10/2014 otros $29.736,83; y en 11/2014 unos $29.749,51.
Tanto Skanata como la Cámara de Apelaciones, en sus resoluciones a las que accedió PRIMERA EDICIÓN, consideraron “que dichos montos dinerarios no alcanzan el que ha sido establecido como nuevo piso para la figura de que se trata, $100.000, no cabe sino concluir que el hecho investigado no encuentra adecuación típica en el nuevo régimen penal tributario y mal puede darse curso a la instrucción que se impulsa”.
En la resolución de la Cámara, se afirmó que “… cabe concluir que la Ley 27.430 al elevar los montos de la condición objetiva de punibilidad del delito de apropiación indebido de los recursos de la seguridad social a $100.000 por cada mes (art. 7), conduce a la desincriminación del delito…”. Citaron así numerosa jurisprudencia en el mismo sentido para fundamentar la resolución que benefició a los allegados al exintendente Carlos Flores pero que provocó malestar en la actual dirigencia que maneja la COSCAL.
Además, rechazaron el pedido de cambio de carátula, argumentando que “…tanto la denuncia efectuada por la AFIPDGI y como el requerimiento fiscal han sido rechazados por la magistrada de la instancia que antecede y la confirmatoria por la Alzada, no resultando procedente analizar en esta instancia los fundamentos del Fisco para pretender incriminar a los denunciados en su carácter de responsables de la cooperativa”; y consideraron que “surge la necesidad de verificar el cumplimiento de las formalidades inherentes al cambio de autoridades, conforme la naturaleza de la persona jurídica de que se trata de cara a los períodos denunciados, a cuyo fin es necesario analizar la documental arrimada y, en su caso, solicitar medidas probatorias, todo lo que no se corresponde con el trámite del presente recurso”.
Aún se deben $9 millones
El presidente de la COSCAL, Rudy Joner, aseguró que de a poco la entidad comenzó a “salir a flote” y que la deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos asciende todavía a los 9 millones de pesos.
En una comunicación con PRIMERA EDICIÓN, el titular de la cooperativa detalló que la misma se encuentra en un plan de pagos con la AFIP, “como consecuencia de las muy malas gestiones anteriores”.
Joner indicó que “todavía nos quedan unos dos años más para terminar de pagar todo lo adeudado. Pero, es un aliciente poder cumplir con todos los compromisos”.
Explicó que “tuvimos que hacer un convenio de 60 cuotas con la Administración Nacional. De la deuda total de $21 millones ya bajamos a $9 millones. Además, por primera vez, la cooperativa tiene una cuenta propia en una entidad bancaria y, a medida que podemos, depositamos un poco más para pagar las deudas, que vean que tenemos voluntad y estamos haciendo las cosas de buena manera”.
El titular de la COSCAL relató a PRIMERA EDICIÓN que, cuando asumieron, “teníamos todo embargado por la AFIP, ni siquiera un teléfono era propiedad de la cooperativa. Las comisiones anteriores no habían pagado nada. Incluso, cuando asumió mi antecesor (Rito) Ramírez, tuvo que hacerlo con intervención policial”.
“Lo más curioso de este caso es que ahora nos piden planos para obras y no encontramos el archivo. Las computadoras y los libros desaparecieron”, reveló Joner.
El cooperativista remarcó que “otro dato histórico es que, por primera vez, en el próximo verano la planta va a funcionar en un 50% y así cubrirá la demanda de toda la sociedad de Candelaria. Antes, ni siquiera llegaba al 30%, por eso había tantos problemas en la provisión”.
Con respecto a la situación judicial de los exdirectivos denunciados y que acaba de tener una segunda resolución de la Justicia Federal con asiento en Posadas, Rudy Joner opinó que “hay causas federales abiertas, nosotros colaboramos en todo lo que nos pide la Justicia, ya sea archivos, informes y certificaciones, porque sabemos que hicieron las cosas muy mal”. Si bien Joner no quiso ahondar en detalles, precisó que confía en que la Justicia hará su trabajo.
