POSADAS. Aún así, resulta insuficiente frente al extraordinario aumento del gasto público. Por eso, el Gobierno nacional apela de manera cada vez más intensa al “impuesto inflacionario”, es decir, a apropiarse de recursos por la vía de desvalorizar con inflación los billetes en poder del público. Según la consultora Idesa, con este mecanismo, que resulta más regresivo y distorsivo que cualquiera de los peores impuestos, la Nación se apodera de una masa de recursos equivalentes a la mitad de los ingresos de la provincia de Buenos Aires, o aproximadamente al doble de los ingresos de las provincias de Córdoba y Santa Fe.El crecimiento de la presión impositiva es uno de los fenómenos de política económica más importante de la última década. Según datos del Ministerio de Economía, la presión impositiva (nacional y provincial) viene creciendo a razón de 1,6 puntos porcentuales del PBI por año desde 2003. Así, se pasó de una presión tributaria del orden del 22% del PBI en el año 2000 al 35% del PBI en el 2011. Si además se suma las imposiciones que aplican los gobiernos locales (municipios), la presión impositiva total llega a un nivel del orden del 38% del PBI. Es difícil encontrar antecedentes en el mundo de crecimientos tan vertiginosos de la presión tributaria. En este marco, resulta muy paradójico que los recursos fiscales resulten insuficientes para sostener el crecimiento del gasto público.Apelar a mecanismosVedada la alternativa del endeudamiento voluntario se viene apelando con creciente intensidad a dos mecanismos muy usados en la historia argentina: el endeudamiento compulsivo (por ejemplo, acumulando juicios con jubilados) y la inflación. Para justificar el vertiginoso crecimiento del sector público, que obliga al aumento de la presión impositiva y del “impuesto inflacionario”, se apelan a argumentaciones ideológicas. Sin embargo, los discursos se cambian y se adoptan criterios opuestos cuando se cuestiona que las provincias y municipios impulsen mayor presión tributaria para financiar sus presupuestos. Esto demuestra que la cuestión ideológica es apenas una pantalla y que en el fondo de lo que se trata es de una puja por apropiarse de recursos públicos a los fines de acrecentar poder. Se impone la lógica de que mientras más fondos se acumulan, mayor es la capacidad para subordinar a otros sectores políticos.
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