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Tragedia en la ex213: Slámovits iba a 142 km/h

8 septiembre, 2018

La primera jornada del juicio contra Gonzalo Slámovits (35), transcurrió con la declaración de diez testigos. Lo que ocurrió aquel 7 de febrero de 2015 en la exruta provincial 213 quedó mucho más claro. Hablaron los peritos, los médicos y los que estuvieron ahí en el preciso instante de la tragedia que segó las vidas de Yanina Galarza (20) y Gladys Gonzáles (27). Por ese hecho, el exempleado de Migraciones fue acusado de “doble homicidio culposo agravado por la conducción imprudente”.

La audiencia se llevó adelante en una sala anexa a la principal que tiene el Palacio de Justicia. Tal como pudo atestiguar PRIMERA EDICIÓN, acompañado por sus familiares, el imputado ingresó en una silla de ruedas, producto de las secuelas que sufrió por el siniestro vial. Por primera vez en su vida ocupó el banquillo de los acusados.

Visto desde la perspectiva de quien iba a presidir el debate, ocupó el lado izquierdo de la sala. Frente a él, la fiscal Yolanda Mazal. A su lado, la defensora oficial Liliam Belloni. A medida que el público comenzó a ocupar las sillas, mantuvo todo el tiempo la mirada hacia abajo, en sus manos, el suelo, o tal vez sus medias apoyadas en el estribo de la silla. Asistió sin calzados.

La titular del Juzgado Correccional y de Menores 1, la doctora Marcela Leiva, ingresó a la sala para dar inicio al juicio. A las 7.45 se dio lectura a la elevación redactada oportunamente por la fiscal Adriana Herbociani.

En la larga lista de argumentos sobresalieron las pericias realizadas al Volkswagen Golf, dominio CTQ-931,que conducía Slámovits. En el detalle, la fiscal de instrucción dejó en claro que se trataba de un auto que fue reformado para la competición, con instrumental para ese efecto.

Además, mencionó que la velocidad final del vehículo superó más de dos veces la permitida para circular en una avenida. El agravante en ese sentido fue explicado por la fiscalía en el sentido que en la fecha del siniestro vial, si bien no se había aprobado aún el alcohol cero, ya regía el mínimo permitido que era de 0,5 gr/l en sangre y el acusado registró 1.16. En esta línea, para la fiscal, fue determinante que al nivel etílico se le sumó el cansancio y la velocidad que le imprimió el conductor a su vehículo para provocar la tragedia.

A su turno fueron leídos los argumentos de la querella, a cargo de la doctora Roxana Tamara Ramírez Moll, quien no estuvo presente en la audiencia de ayer. La letrada hizo foco en las declaraciones de los testigos en sede judicial, el poco tránsito que había esa madrugada en la avenida Alicia Moreau de Justo (exruta 213), como así también la buena visibilidad, para apuntar a la conducción inexperta de Slámovits. En el pedido de reparación de daños en calidad de indemnización, solicitó que se pagara un total de 8 millones de pesos, para los familiares directos de las fallecidas. En esta línea valoró la “pérdida de chance alimentaria” a los hijos huérfanos, además de los traumas psicológicos que provocó el acusado.

Preguntas al imputado

A las 8.50 se dio inicio a la etapa de producción de pruebas, con preguntas de la magistrada Leiva al imputado. En las respuestas con voz clara que dio Slámovits, se pudo saber que nació en Resistencia y desde pequeño vive en Posadas. Fue alumno del Colegio Roque González y del Instituto Madre de la Misericordia. Actualmente se encuentra desempleado, ya que según sus propias palabras lo echaron a los pocos días del siniestro que protagonizó. Dijo estar soltero, considerarse un amante de los animales y un entusiasta de la informática. Declaró que no puede caminar y haber perdido las esperanzas de volver a hacerlo. Explicó que eso sucedió a causa de la compresión de las vértebras, que además le provocó que no pueda controlar esfínteres. Señaló que la rehabilitación la sigue realizando en su domicilio y que está al cuidado de sus padres y sus tres hermanos. Finalmente la jueza le preguntó si consumía drogas o alcohol. “No”, fue su respuesta. Se abstuvo de declarar y si bien por su condición de salud tiene el derecho de esperar el juicio en otro lugar del predio, prefirió permanecer en el recinto.

Desplazamiento de la víctima
Seguidamente fue el turno del licenciado Juan Carlos Vázquez, uno de los peritos policiales que en la etapa de análisis planimétricos pudo determinar que Gladys González fue desplazada 38 metros del lugar del impacto. Fundamentó que la causa de la tragedia se debió a la falta de dominio del vehículo a causa del alcohol en sangre que tenía Slámovits. Según el cálculo, circulaba por la zona a 142 km/h y no realizó ninguna maniobra evasiva para evitar el choque con el taxi.

“Me pidieron un viaje a la entrada de San Isidro”
En la continuidad de la ronda de testigos, habló Hugo Báez, el taxista que en aquella ocasión circunstancialmente andaba por la zona. Explicó que paró ante la seña de Yanina y Gladys, quienes le preguntaron cuánto salía el viaje hasta la entrada de San Isidro. Les respondió que era cerca, les iba cobrar la tarifa mínima. Apenas las chicas abrieron la puerta para subir al Fiat Uno, Báez escuchó un estruendo y un golpe en el auto. Miró hacia el costado y sus pasajeras habían desaparecido. En ese momento empezó a entender lo que había pasado. Relató que había una nube de polvo y se bajó a buscarlas. Las quiso ayudar pero las encontró destrozadas. “A una parecía que le habían pegado con un hacha”, recordó.

En el final de su testimonio dijo que quedó muy mal después de lo que le tocó vivir. Se salvó por centímetros. Afirmó que si bien sigue detrás del volante de un taxi, ya no sale a trabajar en los turnos del viernes a la noche, como el de aquel fatídico fin de semana.

Luego fue el turno de uno de los médicos que atendió a Slámovits después del suceso. Julio Irrazabal dijo que el paciente estaba acostado en la camilla. No caminaba y tenía aliento etílico.

Seguidamente se presentó un testigo solicitado por la defensa, Alfonso Duarte, quien aquella madrugada cumplía funciones como jefe de la comisaría Decimoprimera, en el sur posadeño.

La abogada Belloni le preguntó si supo de una motocicleta que aparentemente tenía que ver también con el hecho, a lo que este respondió que no recordaba. En este sentido la letrada puso a consideración que esa mañana dos personas se habían presentado en la seccional a presentar una denuncia en la que mencionaron la presencia de un motociclista en el contexto del siniestro vial.

A continuación declaró Marcelo Alegre, un nuevo testigo propuesto por la defensora. Se trata de un oficial de servicio de la misma comisaría. Al momento de las preguntas, la abogada volvió a ahondar en la hipótesis de una moto involucrada.

Antes del cuarto intermedio de diez minutos que se dio a las 9.50, testificó la doctora María Quijano. Fue consultada por la magistrada Leiva acerca de si Slámovits podía caminar o no después del accidente, a lo que respondió que en aquel momento no era posible, debido a la lesión que presentaba en la columna. No obstante, sostuvo que no vio cuál fue la evolución del paciente en los últimos dos años y medio.

Cuarto intermedio

A la vuelta del receso declaró quien fue el médico tratante del acusado hasta inicios de 2017, el doctor Javier Mattivi. Recordó que cuando lo tomó como paciente, allá por febrero de 2015, Slámovits no caminaba ni sentía nada de la cintura para abajo a raíz de la compresión de las vértebras 11 y 12. Explicó también que a causa de esa lesión no podía controlar esfínteres. Ante la requisitoria de la magistrada acerca de si iba poder volver a caminar, el profesional explicó que con el tiempo, con una buena rehabilitación podría volver a hacerlo pero con bastones, y lo ideal para ello es que estuviera internado y con sesiones de gimnasio constantes.

Posteriormente fue convocado a la sala el doctor Carlos Vigo, quien también rehabilitó al acusado hasta hace pocos meses. Diagnóstico una paraplejía flácida, una debilidad muscular de la cintura para abajo que le impedía a Slámovits hacer actividades cotidianas por sí solo, aunque aclaró, que cuando egresó de su clínica se desplazaba en silla de ruedas pero también con un andador.

La línea de testimonios prosiguió con Yamila Kemerer, quien no aportó mayores datos, para que posteriormente fuera convocada Vanesa Álvez, conocida de las víctimas. En su declaración volvió a aparecer la figura de un motociclista que habría estado en la zona de la tragedia. Esta testigo mencionó que vio a un hombre empujando una moto de color azul, quien le habría comentado que un auto había matado a dos chicas más adelante y que aparentemente lo había chocado también a él.

Finalmente declaró la oficial de Policía Carolina Rodríguez, domiciliada frente al lugar donde ocurrió la tragedia. Sus dichos cobraron notoriedad en virtud de que la mujer aseguró haber visto la secuencia completa del choque que terminó con la muerte de las dos víctimas.

Alrededor de las 10.50, la jueza Leiva dio por finalizada la producción de pruebas y pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 7.30, donde continuarán los alegatos y la lectura de la sentencia contra Gonzalo Slámovits. En principio, por la calificación penal que le cabe, podría recibir una pena de hasta cinco años de prisión.

Tags: Caso SlámovitsTragedia Ruta 213
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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