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Malestar de comerciantes por seguidilla de robos en Santa Ana

4 septiembre, 2018
EN ACCIÓN. El delincuente encapuchado y con guantes dentro de la agencia de quinielas. Es una captura de la cámara de seguridad. (Gentileza Esteban Isaac)

EN ACCIÓN. El delincuente encapuchado y con guantes dentro de la agencia de quinielas. Es una captura de la cámara de seguridad. (Gentileza Esteban Isaac)

EN ACCIÓN. El delincuente encapuchado y con guantes dentro de la agencia de quinielas. Es una captura de la cámara de seguridad. (Gentileza Esteban Isaac)

Dos comerciantes de esta localidad tuvieron una verdadera jornada “negra” tras ser victimas de sendos robos, con apenas 24 horas de diferencia.

En uno de ellos el ladrón quedó registrado en cámaras de seguridad, aunque estaba al tanto de que estaba siendo filmado y cubrió su rostro con una capucha.

En ambos casos el autor del hecho forzó los accesos a las viviendas. Su accionar delictivo además, fue amparado por la oscuridad de la noche y por el sonido de la incesante lluvia que se abatió anoche sobre el tranquilo poblado de Santa Ana. Por ello, no descartan que se trató del mismo delincuente.

El primer hecho fue constatado por Esteban Isaac (63), conocido vecino de dicha localidad y que desde hace 43 años es comerciante en el rubro viajante de libros.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el hombre contó que el pasado sábado se retiró de su domicilio (ubicado en avenida San Martín y Calle Urunday) a las 22, regresando alrededor de las 2 del domingo. “Cuando llegué a mi casa, tras asistir al acto del 20 aniversario de la escuela 805, donde es docente mi mujer, noté con desagrado que habían revuelto todo y se habían llevado una notebook y entre 8 mil y 10 mil pesos. Para entrar rompieron una reja y luego abrieron una ventana de atrás”, relató Isaac.

“Esperé un día a Criminalística”
Isaac agregó que tras notificar a la Policía del lamentable suceso del que fue damnificado, esperó a que el personal de Criminalística llegara “durante más de 24 horas”.

“Recién el lunes llegaron para buscar huellas, esperé con mi familia un día a que vengan. Es la segunda vez que me roban, la anterior ocasión fue hace seis meses. Particularmente pienso que cada uno debe hacer lo que le compete, soy un trabajador y creo que acá no tienen ganas de trabajar. Hace poco le ‘limpiaron’ la casa a un vecino y también a mi, dimos datos de quienes sospechamos y no vemos que hallan allanado o detenido a alguien. Anotan en un cuadernito y listo. Ahora (por anoche) hay un operativo grande, pero es porque difundí mi situación en los medios. Si yo que vivo bien me pasa esto me imagino cuando le roban a alguien de condición humilde”, reflexionó Isaac. 

El 79 “volvió a salir”

Por otra parte, ayer a las 6 un comerciante de 33 años constató también con mucho desagrado que ingresaron a su agencia de quinielas y le sustrajeron 15 mil pesos de la caja registradora.

El negocio, situado en las calles Moisés Bertoni y Stevenson de Santa Ana, le contó a los investigadores que el o los ladrones forzaron la puerta de acceso principal y le sustrajeron del interior de su local (agencia de quinielas N° 426), la mencionada suma de dinero. Tras una revisión de las cámaras de seguridad el damnificado pudo ver que el malviviente utilizaba capucha y guantes.

Un vecino de esa zona afirmó que “aunque parezca tragicómico, el 79 (el ladrón en los números de la quiniela) se repitió en poco tiempo en Santa Ana”. Anoche la Justicia realizaba allanamientos en dicha localidad.

Tags: #InseguridadrobosSanta Ana
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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