Fuentes judiciales señalaron que así lo dispuso el juez luego de un fallo de los jueces Martín Irurzun y Rafael Llorens de la Cámara Federal.
Hasta el momento, Casanello había evitado citarla pese a los pedidos del fiscal Guillermo Marijuan y de la Oficina Anticorrupción, querellante en el caso, porque considera que la ex mandataria es investigada por los mismos hechos en la causa por fraude en la obra pública a raíz de las licitaciones con las que se benefició el empresario Lázaro Báez.
La causa por la ruta del dinero K en gran parte está elevada al Tribunal Oral Federal 4, el cual va a fijar fecha de juicio a fines de octubre próximo y hay unas veinte personas imputadas, entre ellas Báez, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar.
Todos están acusados de formar una “banda” dedicada al lavado de activos, a partir de los fondos que circularon a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.
“Se corroboró suficientemente la existencia de una estructura conformada por Báez que entre el 2010 y 2013 canalizó fondos de origen ilícito a través de una ingeniería financiera, que posibilitó la expatriación de una suma cercana a los sesenta millones de dólares y luego la repatriación parcial de unos treinta y dos millones de esa moneda que terminaron contabilizados en Austral Construcciones S.A. además de la adquisición de bienes y servicios”, señalaron los jueces en aquel fallo.
El Tribunal tuvo en cuenta que en todas esas causas se repiten Lázaro Báez y Cristina Kirchner y la relación de “prestanombre” del primero para con el segundo, porque – subrayó- “dado el grado de exposición de quien entonces detentaba la primera magistratura del país el dinero o los bienes no podían quedar registrados a su nombre”.
“Siendo eso así, la lógica indica que la explicación de la enorme masa dineraria que manejó Báez debe rastrearse en el rol que cumplió en los negocios delictivos de Fernández”, sostuvo Irurzun en su voto.
Fuente: Noticias Argentinas.
