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“Yo no soy un asesino y no ejecute a nadie, me inculparon para liberarse”

31 agosto, 2018
CUSTODIA ESPECIAL. Bajo un nuevo operativo, Rojas fue trasladado ayer ante Verón. Ya había declarado ante Giménez (J.C.Marchak)

Tal como había sucedido en la causa que se le sigue por el homicidio del mecánico Aldo Cantero (31), Néstor Fabián “Negro” Rojas (52) rompió el silencio. Y nuevamente se dijo inocente.

Esta vez fue en el marco de la investigación por el doble crimen de Sebastián Vega (35) y Rodrigo Ibarra (37), perpetrado a fines de 2015 en Posadas. Rojas se desligó por completo y apuntó a dos de los imputados que tiene la pesquisa.

“Yo no soy un asesino y no ejecuté a nadie, otros me inculparon a mí para liberarse”, le dijo ayer por la mañana al magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción 3, en una declaración que duró poco más de una hora y de la que también participó la fiscal Adriana Herbociani.

Defendido por los abogados particulares Ricardo Skanata y Ramiro Riveros, Rojas incluso solicitó a las autoridades que se realicen pericias de voz para demostrar que las escuchas telefónicas que se le endilgan y que lo vinculan al doble crimen, en realidad, no son suyas si no que pertenecen a otra persona.

Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, el acusado fue trasladado nuevamente bajo un fuerte operativo de seguridad. Esta vez el destino fue el edificio judicial de calle Santa Fe, en el centro posadeño, donde desembarcó unos minutos después de las 10.30.

Primero, Rojas escuchó el relato de los hechos y pudo contemplar parte de las pruebas que pesan sobre sus espaldas por el doble crimen ligado a un “ajuste narco”, al decir del expediente. Quedó formalmente imputado por el hecho y, entonces, tuvo la posibilidad de contar su versión de los hechos.

El acusado dijo que conocía tanto a las víctimas como a los otros detenidos que tuvo y tiene la investigación. Sin embargo, fue tajante a la hora de declararse inocente. “No soy un asesino”, insistió, tras asegurar que efectivamente entre los días anteriores y posteriores al jueves 17 de diciembre de 2015 -fecha del doble crimen- estuvo en Posadas, pero en plan de visita familiar y para cerrar algunos “negocios”.

Tras brindar su coartada, Rojas señaló directamente a dos hermanos que fueron detenidos en la causa y que, si bien gozan de una excarcelación, permanecen imputados.

Apuntó a ellos y aseguró que lo utilizaron a él -lo inculparon- para liberarse de culpas y al aprovechar que en ese momento se encontraba “rebelde” tras no regresar a la cárcel de Candelaria en el marco de salidas transitorias, por una condena por narcotráfico.

“Anduve por Posadas los días anteriores y después, como si nada, hasta que salió en los medios que yo era uno de los responsables. Entonces resolví no venir más”, sintetizó, con el objetivo de probar que no guarda relación con el hecho.

Otro punto en el que el acusado hizo hincapié fue en las escuchas telefónicas que obran en la causa. Sucede que Vega era investigado en aquel momento por narcotráfico y desde el Juzgado Federal de Campana se habían ordenado escuchas sobre su teléfono. En las mismas quedaría en evidencia que el autor del doble crimen utilizó el aparato para informar a su “patrón” que efectivamente estaba con Vega a punto de “realizar el trabajo”.

“Yo no estuve en ese lugar. Esa noche estuve con mi familia. Pido que se hagan las pericias correspondientes y van a ver que esa no es mi voz”, sostuvo el imputado, tras insistir con que se lleven adelante los análisis que el juez considere pertinentes para probar su inocencia.

Tras poco más de una hora, Rojas se retiró, acompañado por sus defensores y por la decena de policías que custodiaron la sede judicial, en razón de que es considerado un detenido de extrema peligrosidad. Ya imputado formalmente por las dos causas, sobre sus espaldas pesan por estas horas la sospecha de tres crímenes perpetrados en la provincia. La Justicia será quien tenga la última palabra.

Tags: CrimenibarraRocarojasvega
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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