Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Misiones busca que las empresas o empresarios de la construcción que hayan participado en hechos de corrupción, pagando sobornos, coimas o dádivas para la campaña de los partidos gobernantes no puedan participar en las licitaciones de obras públicas en el territorio provincial.
La ley, en caso de ser aprobada por los diputados misioneros, alcanzaría a todas aquellas empresas nacionales cuyos propietarios aparecen como arrepentidos en “la causa de los cuadernos Gloria” que se investiga desde hace un mes y que han reconocido haber participado en maniobras de corrupción. También prohibiría a empresas que hayan tenido causas similares en otros Juzgados.
“Si hay un funcionario público que se beneficia económicamente con una coima, del otro lado hay un particular o una empresa que, al coimear, obtiene una licitación, una concesión, una contratación directa, un contrato como proveedor, vínculos que no hubieran sido posible, o que no hubieran obtenido sin el desembolso ilegal de por medio”, señala en los argumentos el proyecto de ley.
El autor es el diputado Isaac Lenguaza, y lo acompañan con su firma los otros integrantes del bloque del Partido Agrario y Social (PAyS): Martín Sereno, Cali Goring y Giuliana Perini.
“Este actor privado es el gran generador de los sobreprecios de las obras públicas, es el que presta un servicio público de mala calidad o ineficiente, es el que compite deslealmente con otras empresas del rubro o proveedores que quedan afuera de ese selecto club por contrataciones direccionadas, es el que se enriquece con plata de la gente”, se agrega en el proyecto.
“Es decir que este empresario o esta empresa, lejos está de la figura del “arrepentido” que hoy se muestra hasta el hartazgo en los medios hegemónicos de alcance nacional. No son pobrecitos, no son angelitos, no fueron apretados. Son copartícipes del hecho repugnante de la corrupción”, enfatiza la iniciativa.
Objetivos
El primer artículo del proyecto señala que “los concursantes a licitaciones públicas y privadas deberán estar inscriptos en el Registro de Constructores de Obras Públicas y deberán demostrar “suficiente idoneidad, capacidad y responsabilidad para desempeñarse como contratista del Estado” y agrega que no podrán ser inscriptos en el Registro de Constructores de Obras Públicas ni podrán asumir la condición de oferentes o contratistas quienes se encuentren “procesados” por delitos contra la Administración Pública, delitos contra la Fe Pública y delitos contra el Orden Económico y Financiero. Tampoco las personas físicas, empresas y sociedades que a través de sus representantes actuales o pasados, declaren o hayan declarado como arrepentidos en sede penal reconociendo su autoría o participación delictiva.
El segundo artículo modifica al artículo 94 de la Ley VII – Nº 11 (antes Ley 2.303) y señala que “no podrán ser inscriptos en el Registro oficial de Proveedores del Estado ni podrán asumir la condición de proveedores, por si o por interpósita persona, quienes se encuentren comprendidos en alguna de las siguientes situaciones: los procesados y los condenados por alguno de los delitos mencionados en el artículo anterior; ni tampoco las personas físicas, empresas y sociedades que a través de sus representantes actuales o pasados, declaren o hayan declarado como arrepentidos en sede penal”.
La iniciativa tiene por objetivo -según los impulsores- reforzar los mecanismos de transparencia, pilares de la democracia representativa, “impidiendo que a futuro el Estado Misionero celebre contratos o tenga como proveedores a personas físicas o jurídicas que hubieren sido procesadas o condenadas por delitos contra la administración pública, contra la Fe Pública o contra el orden económico y financiero; o que hubieran admitido en sede penal ser autores o partícipes de delitos, en el marco de los regímenes de procedimiento penal conocidos como “el arrepentido” y la “Ley de responsabilidad penal empresarial”.
Los hechos de público conocimiento en la Justicia Federal, difundidos por la prensa como “La causa de los cuadernos”, puso de manifiesto la aparente existencia de un repugnante entramado de corrupción público-privada que de existir, necesariamente tuvo dos partes: la connivencia entre funcionarios y empresarios para la comisión del delito de cohecho activo y pasivo respectivamente, además de otros delitos que podrían concurrir, como el lavado de activos, la asociación ilícita y/o delitos contra la administración pública y el orden económico financiero.
La lista de compañías investigadas es amplia: entre las más reconocidas se encuentran Grupo Eling SA, Electroingeniería, Albanesi SA, Isolux Corsán, Esuco SA, BTU SA, Techint SA, Supercemento SA, UCSA, Grupo Roggio SA, Helport SA, Hidrovía SA, IATE SA, ODES SA, Pescarmona, entre otras que se consignan en diversos oficios judiciales. El número se incrementará.
En Misiones la empresa que más obras públicas realizó y que se encuentra involucrada en la causa es IECSA, que hace un tiempo se transfirió y cambió al nombre de SACDE.
“Miles de nosotros entendemos que no es aceptable, ni justo, ni ético, ni sano para la vida en democracia que las empresas que integran la llamada “patria contratista” y cuyos propietarios se enriquecieron a costas de obtener contratos con fondos públicos por izquierda desde la década del 50 en adelante, sigan contratando con el Estado a futuro como si acá no hubiera pasado nada. No importa si se trata del Estado Nacional, los Estados provinciales, los Municipales. Ningún estamento debiera seguir contratando con ellos”, señala el proyecto del PAyS.
En los últimos días se conoció públicamente la negativa del PRO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que impidió tratar un proyecto de Ley de similar tenor, autoría del legislador Leandro Santoro. Es decir que en una instancia realmente importante para la calidad democrática de nuestro país, nuevamente hay quienes miden con doble vara los hechos corruptos de unos y de otros.
“Nos vemos obligados, como representantes del pueblo de Misiones, a darle a los ciudadanos una respuesta jurídico-política que encarne el castigo moral y real que el pueblo reclama contra estos empresarios inescrupulosos que no han dudado en participar del entramado corrupto, y que sólo se “arrepienten” en los términos de la Ley para obtener ventajas en su situación de partícipes de los delitos mencionados”, remata el proyecto que se tratará en las próximas semanas.
