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Hoy se reúnen alcaldes en San Ignacio

20 agosto, 2018
OBRAS. Desde el Ejecutivo municipal de Apóstoles confirmaron que continuarán con la construcción de los drenajes en el barrio Santa Bárbara.

En este contexto, el intendente de San Vicente, Waldomiro Dos Santos, advirtió que su municipio perderá “unos 6 millones de pesos por año ante la caída del fondo sojero”. Reveló a PRIMERA EDICIÓN que este año todavía no hicieron uso de los fondos.

“Tenemos acreditados unos $4,5 millones. Vamos a ver qué hacemos con ese dinero”, sentenció. Destacó que el municipio utiliza esos fondos “para la compra de maquinarias, camiones, para obras como la construcción de edificio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en la ex Cantera Municipal, y para la reparación de caminos”.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Eldorado, Fabián González, indicó que “se hicieron obras por alrededor de $25 millones por año con el fondo sojero”. Y expresó, además, que se trata de un beneficio no sólo para la comuna, sino también para los vecinos, ya que “se utiliza a las cooperativas locales para realizar las obras”.

“La pérdida de estos fondos significa un detrimento muy importante en los recursos municipales, empezará a faltar obras y se tendrá que distraer fondos de otras áreas. Cabe aclarar que lo que está reservado en Eldorado, hasta ahora, estaría garantizado”, aseveró.

Señaló que “para los municipios chicos es mucha plata. Se van a perder $605 millones para la obra pública en la provincia. Hace un mes, el Concejo Deliberante tuvo que aprobar la firma del Pacto Fiscal para no perder el Fondo de la Soja, por el cual se obligó a algunas medidas, que en algunos casos fue la reducción de personal, y de igual manera se quitaron estos fondos”, lamentó.

Compensación

En Apóstoles, los concejales rechazaron la eliminación del Fondo de la Soja, ya que provoca un fuerte impacto sobre obras que ya fueron aprobadas, y coincidieron en que una opción sería pedir un punto más de coparticipación para las comunas.

“Hay mucha preocupación por la pérdida de esos recursos que para los apostoleños significan alrededor de $700 mil mensuales y más de $10 millones por año. Considero que el Gobierno provincial debe hacer un goteo superior al 12% de lo que envía la Nación en concepto de coparticipación para compensar el faltante”, opinó el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Skuarek, en la sesión del jueves pasado.

En consonancia, el edil Juan Manuel Ortiz adujo que es necesario subir “entre un 13 y un 14% la coparticipación para poder compensar la quita en los municipios. Hoy la coparticipación se reparte un 88% para la Provincia y un 12% para los 76 municipios. Hay que subir al menos uno o dos puntos, este monto”.

El concejal de Unión Popular, Gastón Caballero, apreció que “es responsabilidad del Gobierno provincial dialogar con el presidente, Mauricio Macri, para exigir una solución”.

Tags: Fondo Solidario de la SojaIntendentes misioneros
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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