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Yerba: denuncian a empresario por millonaria deuda a productores

9 agosto, 2018
HACIENDO FILA. Los vehículos de los productores se amontonan cada día en el secadero para intentar cobrar.

Decenas de pequeños productores de hoja verde de yerba mate de la Zona Centro pasan por un mal rato estos días y desfilan a diario por el secadero de Juan Carlos Schmidt, en Colonia El Chatón, buscando cobrar las decenas cheques rechazados, por un valor que supera los 11 millones de pesos según el Banco Central.

Desde el 4 de julio hasta el 6 de agosto, el BCRA informó 487 cheques rechazados por un importe de $11.024.335,26, de cinco entidades bancarias con sede en Misiones.

Según manifestaron los damnificados que se animaron a contar la situación a PRIMERA EDICIÓN, la deuda a los productores yerbateros podría superar los 25 millones de pesos.

Todos los días, desde la primera semana de julio, cuando comenzaron a rebotar los cheques por falta de fondos, el playón de entrada del secadero de Schmidt se llena de vehículos de pequeños y medianos productores que esperan durante horas para ser recibidos. Pero reciben siempre la misma respuesta: “Hoy no hay plata”.

La mayoría de los damnificados tiene miedo de hablar, algunos pensando que tal vez así pierdan su última oportunidad de cobrar la cosecha y otros simplemente “porque somos todos vecinos”.

Entre quienes sí se animaron a hablar se encuentra Matías Njirjak, quien decidió ayudar a su madre Mabel Morawicki a cobrar el dinero adeudado y, a su vez, comenzó a buscar a otros productores que están en la misma situación.

“En un primer momento este señor nos dijo que se trataba de un problema financiero, que había cambiado cheques en cuevas y que los altos intereses lo dejaron en una mala posición. Pero, cuando comenzamos a investigar y vimos que había más de 400 cheques rechazados, decidimos buscar a otros que estén en la misma situación”, contó.

Al tratarse de una operación tan grande, con cheques diferidos a 90 o 120 días, los documentos fueron pasando de mano en mano y hoy, entre los damnificados, se cuentan comerciantes, prestadores de servicios y profesionales.

Es el caso de Omar Zapaya, quien contó que “al momento de recibir los cheques, me fijé en la página del BCRA y las cuentas estaban bien, lo llamé personalmente y le pregunté si eran seguros y me dijo que sí. Finalmente vinieron rechazados. Según los rumores que tengo, se va a presentar a una convocatoria de acreedores. Yo voy a tratar de cobrarle y, sino, a quien me dejó los cheques porque a mí me los dio un tercero, soy comerciante, entiendo que quien me dio los cheques es un damnificado, pero a mí no me queda otra para recuperar mi dinero y seguro que hay muchos casos así”.

Consultado sobre si conoce a otros productores en la misma situación, Mabel Morawicki comentó que: “Hasta ayer no conocía a nadie, pero esperando para hablar con este señor te encontrás con gente a la que le debe un millón de pesos o más. Un hombre me dijo que tenía ganas de tomarse un vino hace dos semanas y no lo podía hacer, que está viviendo de la huerta y que no quería llegar a su casa porque no sabía cómo iba a decirle a su esposa que una vez más tenían las manos vacías”.

Para concluir la productora manifestó que “lo peor es que sigue trabajando, comprando yerba en efectivo, con la promesa de que con eso va a pagar, lo que nadie entiende es que en realidad está comprando más materia prima a costa de no cubrir los cheques. Hablando con gente que esperaba su turno para entrevistarse con este señor, me enteré que en este momento está construyendo dos casas, una de ellas en Campo Grande, para su hija que se casa a fin de año. Entonces, para la obra tiene dinero pero para pagar sus cuentas no. Nosotros lo único que pretendemos es que pague lo que debe y no vamos a parar hasta conseguirlo”.

Una sana costumbre

Pero Schmidt no es el primero en implementar este tipo de estrategias y probablemente no sera el último. Durante las cosechas de 2016 y 2017 decenas de productores se quedaron sin cobrar, cuando el secadero Nosiglia, también de la Zona Centro, presentó quiebra y dejó cientos de cheques sin pagar.

Jorge Da Rosa, de la localidad de San Vicente fue uno de los damnificados, con más de un millón de pesos de cheques sin fondos.

“Esta gente hizo un desastre en San Vicente, medio pueblo quedó arruinado cuando la empresa presentó una convocatoria de acreedores. Cuando fuimos a reclamar al banco, nos dijeron que allí no tenían ningún respaldo. Entonces los gerentes quizás sean cómplices, al darle chequeras sin ningún tipo de control. Cuando yo quise pedir una me pidieron hasta la marca de neumáticos de mi camión. Los Nosiglia no pagaron la yerba de dos años y ahora compran en efectivo, pero se guardaron la plata de un montón de gente. Llamábamos al INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) todos los días, para que cierren ese secadero, pero nunca nos hicieron caso y todos siguen trabajando como si nada”, manifestó Da Rosa quien aún no se sobrepone a la deuda.

Tags: Deuda millonariaYerba
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
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