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Rechazan entregar predio de RRVip a presunto “comprador” posadeño

8 agosto, 2018
BÚNKER DE GN. Tras el fallo del 15 de marzo, el edificio fue entregado a Gendarmería Nacional.

El predio donde hasta 2014 funcionó RRVip, la concesionaria de autos donde según la Justicia se lavaba dinero del narcotráfico, continuará en manos de Gendarmería Nacional, que construye allí un centro de investigaciones. Así lo determinó el Tribunal Federal de Corrientes, que rechazó la insólita presentación de un posadeño que aseguraba haberlo adquirido previo a que estallara la causa por estupefacientes.

La resolución fue adoptada el último lunes por los jueces correntinos Víctor Antonio Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Amado Ceroleni, quienes entendieron que los documentos presentados por el “comprador” misionero no fueron suficientes para acreditar la versión de la adquisición.

Tal como PRIMERA EDICIÓN informó el viernes 22 de junio, el posadeño había presentado una medida cautelar y solicitado la inmediata restitución del predio emplazado sobre avenida Quaranta 6.395, a metros de Jauretche, en uno de los principales accesos a Posadas.

Sucede que el 15 de marzo último, los mismos magistrados condenaron a los siete integrantes de la banda que operaba en ese lugar, a la vez que decomisaron el predio y, semanas después, resolvieron entregarlo a Gendarmería Nacional. El edificio pasó de ser un símbolo del delito a un futuro centro de investigaciones “antinarco”.

No obstante, la presentación del supuesto “comprador” posadeño quizás sembró la duda sobre el futuro del edificio. El hombre dijo que tenía un boleto de compra-venta a su nombre firmado por Gricelda Romina Sosa (37), condenada a diez años y pareja del santafesino Roberto Eduardo Rodríguez (38), supuesto líder de la organización, sentenciado a trece años.

Curiosamente, la fecha de aquella transacción es apenas tres meses anterior al miércoles 1º de octubre de 2014, cuando las autoridades desembarcaron en RRVip para un allanamiento, en medio de un megaoperativo que arrojó la detención de los responsables del lugar. Desde entonces, el escenario quedó bajo custodia de Gendarmería Nacional.

A la hora de argumentar el rechazo al pedido de restitución del posadeño, los jueces no sólo se apoyaron en la negativa del Ministerio Público Fiscal, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), estos dos últimos, querellantes en la causa, sino también en lo recolectado en el incidente confeccionado para tal fin.

“El boleto de compra-venta es un contrato constitutivo de una promesa de escriturar, por lo que su firma no perfeccional a transmisión del dominio del inmueble”, indicaron los magistrados, quienes tras pedir más informes al Registro de la Propiedad de Misiones, entendieron que “ninguno de los elementos mencionados fue conformado antes del 1º de noviembre de 2014, momento en que se produjo el allanamiento y desposesión de la sede de la concesionaria RRVip Automotores, por lo que no conmovió el criterio del Tribunal para fallar en la causa”.

Por último, los magistrados Alonso, Rojas de Badaró y Ceroleni apuntaron a que “el inmueble cuya entrega se requiere ha sido decomisado por ser objeto y/o medio del delito de lavado de activos, y ha sido verificada la ilicitud del origen del dinero con el que fuera adquirido”.

El rechazo del Tribunal Federal de Corrientes se materializó el último lunes y, finalmente, dio luz verde para que continúen en la ex “narcoconcesionaria” los trabajos de refacción llevados adelante por la Agrupación IV Misiones de Gendarmería Nacional.

Tags: narcoconcesionariaRRVip
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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