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Casi el 40% de las motocicletas no cumple con los requisitos de la VTV

29 julio, 2018

En las primeras semanas de adhesión al decreto provincial -que establece la obligatoriedad de la VTV para los motociclistas- en la ciudad capitalina se incrementó el número de las revisiones ante el miedo de recibir multas o el secuestro de los vehículos. En Misiones son varios los municipios que hace tiempo solicitan a los conductores que cuenten con esos papeles y lo mismo sucede en otras provincias o en los controles en rutas nacionales. Desde las agrupaciones moteras lo ven como una medida favorable, que contribuye a la seguridad vial, aunque hubo algunas objeciones en cuanto al precio de la verificación.

Puntos de verificación

PRIMERA EDICIÓN consultó con los dos talleres de VTV de Posadas. Diariamente reciben motocicletas que, para obtener el certificado de aprobado, deben pasar varias pruebas para comprobar el estado del vehículo.

Matías Berecoechea de Verificación Técnica de Motos “Las Lomitas”, aseguró que “con el anexo de Posadas a la verificación técnica, que va a comenzar a regir desde el mes que viene, ahora más o menos estamos teniendo un promedio de 50 o 60 motocicletas por día. Ahora con el aumento del promedio de motocicletas que llegan, hemos notado también considerablemente el de las motos que tienen alguna falencia a la hora de realizar el ensayo, son entre 15 a 20 motos por día a las que tenemos que entregar un certificado provisorio”.

En mal estado

Sobre las falencias, Berecoechea detalló que “hay una falta de cuidado en el tema de las luces, las de de posición trasera, las direccionales, que son muy importantes a la hora de circular. Por eso se ven tantas motos sin luces de noche. También los neumáticos, hay mucho desgaste, algunos no están interiorizados sobre el momento óptimo para cambiar el neumático. De acuerdo al uso presentan una degradación en el caucho que se reseca y pierde adherencia a la hora de frenada, eso es importante a la hora de circular cuando tenemos malas condiciones climáticas como las lluvias”.

En tanto, indicó que “el certificado provisorio que se les otorga tiene 30 días de validez durante los cuales deben reparar las observaciones que se notan en el taller, volver y la revisión se hace sin cargo para obtener el aprobado final”.

Héctor Vázquez, del taller de Verificación Técnica “Mototécnica”, indicó que “nos encontramos con algunas motocicletas con escape libre que no pueden pasar la VTV porque superan los decibeles permitidos. Otras con la suspensión baja, cuyos amortiguadores pierden su función, aparte que hace que cualquier lomo de burro u obstáculo que encuentre en la calle el motociclista puede provocar un grave accidente. Algunos no tienen las luces, pero la gran mayoría está bien y las que no, pasan por un sistema de verificación parcial, donde se les da un mes para que vuelvan y se les hace la definitiva. De otra forma se les dice a los que tienen problemas que los solucionen y regresen”.

En cuanto a los cascos, “también se exige que estén en buen estado, sin ninguna rajadura, que tenga la visera transparente y se pueda ver bien. Hay motociclistas que vienen con cascos que no se pueden usar porque atentan contra la seguridad del usuario, esos son rechazados, aunque son los menos. En Posadas se consiguen los cascos homologados que tienen calidad profesional, aunque los comunes de por sí cumplen con todas las normas ISO de seguridad, esos funcionan de la misma forma. Los que no sirven son los que presentan fallas o desgastes por el uso prolongado. Hay cascos que, a pesar de ser nuevos, no son aptos para el uso, hemos visto unos pocos que hemos rechazado pero siguen siendo la mínima”, añadió.

Muchos motociclistas, al conocer la obligatoriedad de la VTV, se preguntaron si serían suficientes dos talleres en Posadas ante la cantidad de vehículos que circulan.

Al respecto, Vázquez aseguró: “Creo que son suficientes. Para los automóviles hay dos talleres y el parque automotor es superior al de motos. Por ahí en cuestiones como ésta, donde se les presentó un plazo de tiempo a cumplir, los usuarios pueden tardar un poco más, pero en general las máquinas son ágiles, con gente capacitada para hacer un trámite rápido. Tratamos de que el usuario tarde lo menos posible y que la verificación sea hecha a fondo”.

En materia de los costos, Vázquez especificó que “hubo un aumento pero que fue el año pasado, en diciembre, cuando no estaba vigente la adhesión del municipio. Los precios están en 330 pesos para las motocicletas de hasta 225 cilindradas; y las mayores a 470 pesos. Hasta el momento no hay ningún tipo de indicio que lleve a pensar que vaya a subir, al menos próximamente. Además estos precios los fija el Ministerio de Gobierno y es una cuestión ajena a los talleres”, aclaró.

Precio diferenciado

El certificado tiene una duración anual, aunque algunos deben renovarlo dos veces al año, con un costo cercano a los mil pesos en total. “Para las motocicletas que son de uso comercial (motomandados, delivery, etc.) tienen otro régimen que son de seis meses. Esto se debe a que el vehículo tiene un uso mucho más intensivo al igual que los elementos de seguridad, por eso hay un desgaste bastante superior en la motocicleta”, explicó Vázquez.

Seguridad vial

Alejandro Melgarejo, integrante de “Motociclistas Misioneros Asociados”, comentó a PRIMERA EDICIÓN que “la VTV ayuda a bajar el índice de motocicletas en mal estado en circulación. También genera un parque más seguro, al menos desde el punto de vista técnico, ya que va a ser necesario que todos tengan en condiciones la moto y funcionando todos sus elementos. Hoy es muy común ver motocicletas en condiciones deplorables, pero más allá de esta obligatoriedad, todos tenemos que aportar porque es una cuestión de Estado. Desde el peatón, el ciclista, motociclista y automovilista, el chofer del transporte público, tenemos que hacer posible una seguridad vial y parece que vamos hacia ese punto”, remarcó.

Tags: #PosadasMotocicletasVerificación TécnicaVTV
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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