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Constitución para una nueva fase de la revolución

29 julio, 2018

Durante la elección de Miguel Díaz-Canel como presidente del Consejo de Estado y de Ministros de la República de Cuba en abril pasado, se anunció un proceso de reforma constitucional que ha empezado a tomar forma.

En las sesiones que han tenido lugar entre el 20 y 22 de julio, en el marco del Primer Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), se ha discutido el Anteproyecto de reforma de la Constitución promulgada en 1976 pero modificada con posterioridad en 1978, 1992 y 2002. Sin embargo, esta no es una reforma más de la Constitución cubana sino que se trata –tal como lo advirtió uno de los miembros de la Comisión de Reforma Constitucional, Homero Acosta– de formular “una nueva Constitución con alcance superior”, no una mera reforma parcial de la Constitución de 1976.

La trascendencia de este proceso se acrecienta porque se da en un contexto político inédito, tras el relevo de poder producido con la elección de Díaz-Canel, el primer presidente cubano que no pertenece a la generación histórica de origen guerrillero. El nombramiento de Díaz-Canel escenificó la sustitución de esta generación, que había ejercido las máximas funciones de dirección política en la isla desde el triunfo de la Revolución en 1959, y que estuvo personificada en las figuras de Fidel y Raúl Castro. Sin embargo, en la práctica, la generación histórica todavía sigue manteniendo relevantes posiciones de poder, tanto en la dirección política del Partido Comunista de Cuba (PCC), del cual Raúl Castro continúa siendo el Primer Secretario, como en el propio Consejo de Estado y de Ministros.

También ha presidido el Grupo de Trabajo conformado para elaborar el Anteproyecto de Reforma. La impronta de la generación histórica puede verse en el modo en que se está llevando a cabo este proceso de reforma constitucional, con un relativo hermetismo sobre las intenciones del Estado o la finalidad de la reforma, más allá de las declaraciones genéricas que defienden la actualización de la Carta Magna para adaptarla a una realidad de la sociedad, la política y la economía cubana muy distinta a la existente en 1976, y relativamente flexible ante eventuales necesidades futuras.

Algunos de los cambios que han generado mayor revuelo son los relativos a los derechos de propiedad.

Ciertamente, se trata de una reforma constitucional que incluye algunas modificaciones cualitativas en materia de fundamentos y principios económico-políticos del Estado, en términos de derechos humanos y garantías, así como en lo concerniente a la organización estatal. Aunque hay artículos denominados “pétreos”, que tienen que ver con el sistema político-social y económico revolucionario, que no variará en su esencia socialista, o con la dirección política del PCC, que tampoco se sustituirá, sí se han establecido ciertos “ajustes” a estos elementos y al texto en general, que pasará a tener también nuevos artículos y títulos.

Algunos de los cambios que han generado mayor revuelo son los relativos a los derechos de propiedad; la modificación del artículo 5 sustituyendo los “altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista” por “la construcción de la sociedad socialista”, suprimiendo la alusión al avance hacia el comunismo en la propuesta de nueva Constitución; y lo relativo a la ampliación de libertades y derechos, que incluye la posibilidad de reconocimiento a futuro del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo o la incorporación a la Constitución del “habeas corpus”, entre otra variedad amplia de derechos.

Cada uno de estos puntos ha sido debatido no sólo en términos jurídicos sino también políticos, argumentando la razón de su inserción o exclusión ante las dudas o cuestionamientos de algunos diputados y diputadas en las comisiones. Los debates, que han sido retransmitidos en línea desde distintas plataformas virtuales, dan cuenta de los distintos enfoques y de un debate plural que seguirá en los próximos meses, pues después de la aprobación del Anteproyecto de manera unánime por parte de la ANPP, el Anteproyecto toma forma de Proyecto de Constitución que debe ser sometido a consulta popular desde el 13 de agosto del presente año hasta el 15 de noviembre. Posteriormente, pasará de nuevo a la ANPP que deberá incluir las propuestas realizadas por el pueblo cubano y darle una “segunda lectura”. Tras este proceso, está prevista su votación en referéndum, por lo cual Acosta afirmó que “estamos convirtiendo a todo el pueblo en constituyente”.

Cuba pasará a ser un “Estado socialista de derecho”, un concepto novedoso en el constitucionalismo cubano y ausente en las experiencias del socialismo real.

El comentario de Acosta tiene relación con el cuestionamiento proveniente de ciertas voces sobre la idoneidad o no de proceder a una reforma constitucional sin la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Si bien la posibilidad de que la ANPP ejerza la función de constituyente se encuentra recogida en el artículo 137 de la Constitución de 1976, que otorga atribuciones constituyentes a la ANPP, la interpretación del artículo no es unánime y hay quienes echan en falta la convocatoria ex profeso de una Asamblea Constituyente tal y como se ha hecho en otras experiencias del reciente constitucionalismo latinoamericano (en especial de los casos venezolano, boliviano y ecuatoriano, de los cuales los constituyentes cubanos se declaran inspirados, además de por otros constitucionalismos africanos y asiáticos).

Aunque el texto del Anteproyecto, ya Proyecto de Reforma, no ha sido publicado aún, mientras se escriben estas líneas, se puede deducir –a partir de los debates– una serie de transformaciones que sin duda tendrán un impacto significativo en el ordenamiento jurídico y político cubano.

Para comenzar, Cuba pasará a ser un “Estado socialista de derecho”, un concepto novedoso en el constitucionalismo cubano y ausente en las experiencias del socialismo real. La propiedad socialista de todo el pueblo seguirá siendo el núcleo del sistema económico y político pero se dará rango constitucional al reconocimiento de la propiedad privada ya existente en el país. Lo mismo sucederá con la inversión extranjera. El modo en que se regularán estos dos elementos, así como otros temas colaterales como la concentración de la propiedad y el reparto de la riqueza, el trabajo por cuenta ajena, etc., quedará para desarrollos normativos posteriores pues la Constitución se concibe como una norma de mínimos.

Por otra parte, es de destacar la ampliación de derechos que postula el Proyecto como, por ejemplo, sustituir la “libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista” por la fórmula más ambigua que garantiza la “libertad de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos”. Se prevé, asimismo, la limitación de mandatos y un tope de edad de 60 años para llegar a ejercer el cargo de Presidente de la República. Estos ejemplos son sólo algunos de los múltiples cambios que recoge el Proyecto de Reforma Constitucional y que, en algunos casos, marcan modificaciones simbólicas, pero, en otros, se trata de modificaciones de gran calado político.

En qué medida estas modificaciones simbólicas y sustanciales son una concesión de los principios socialistas que puedan derivar en un escenario post-revolucionario o, por el contrario, son una mera adaptación léxica a las transformaciones que ya se vienen produciendo en la sociedad cubana desde hace varios lustros pero están encaminadas a preservar la vigencia de la Revolución, es una disyuntiva sujeta a debate.

En cualquier caso, convendría no olvidar que se trata de un debate abierto que se da también en el seno de la sociedad cubana. En ella existen opiniones e intereses diversos, muy lejos de la imagen de “dictadura monocorde de pensamiento único” que los medios de comunicación hegemónicos han querido siempre transmitir de la Revolución Cubana. Por el momento, es el pueblo cubano el que tiene ahora la palabra para hacer propuestas, alegaciones o modificaciones al Proyecto de Reforma. Y, por si hubiera dudas sobre si la reforma constitucional es una ruptura con la Revolución, lo hará a partir de una fecha emblemática, el 13 de agosto, aniversario del nacimiento del Comandante en Jefe de la Revolución, Fidel Castro.

Por Arantxa Tirado. Artículo publicado en celag.org

Tags: ConstituciónCubanosLatinoaméricaPCCRevoluciónsuplemento
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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