Nadie puede ocultar el beneplácito que causa a la comunidad que los fondos ligados a la corrupción o vinculados a posibles casos de lavado se vuelquen en obras que beneficien a la población, que en definitiva es la contribuyente del dinero que se administra en el Estado.
Sin embargo, cuando el Gobierno de turno lo direcciona a espacios vinculados políticamente a su sector deja de ser una acción del Estado para convertirse en una estrategia de campaña partidaria.
Algo de ello ocurre ahora con los fondos incautados a Antonini Wilson y que llegarán a Campo Ramón con la construcción de un espacio para la primera infancia, a partir de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Asociación Civil Comedor y Guardería Infantil Pamperito.
Esta entidad, con sede en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es presidida por Ana Victoria Méndez, quien no vive en Misiones sino en Quilmes (provincia de Buenos Aires) y está vinculada políticamente al PRO. Basta con mirar sus redes sociales donde expresa su apoyo y simpatía por el presidente Mauricio Macri, la ministra Carolina Stanley, entre otros dirigentes oficialistas.
Pamperito, tiene sentadas bases en dos municipios de Misiones: Garupá y?Campo Ramón, manejados a la distancia por Méndez, con evidente apoyo nacional por la cantidad de recursos, planes y programas que promociona en su Facebook. Es más, si se comprueba lo manifestado por el intendente de Campo Ramón, la titular de la asociación manejaría unas 250 tarjetas sociales asistenciales por fuera de la estructura estatal.
Habiendo en Misiones muchas ONG que trabajan con la infancia, muchas veces en silencio y sin mucho apoyo del Estado, se recurrió a una ONG porteña, a dedo y beneficiando a amigos del poder. No ocurrió lo mismo en Tucumán, donde la obra con los fondos incautados por la Justicia los manejará una organización de mucha trayectoria en el campo social.
El cambio, para evitar el uso político de obras, en este caso no llegó.
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