SAN ANTONIO. La Escuela Agrícola 3.601 de esta localidad, la única con esta orientación y una de las dos secundarias de la zona, sufre una profunda crisis de gestión. Como el ruido que hacen las piedras de hielo antes de caer, la comunidad educativa comenzó a reclamar al Consejo General de Educación (CGE) que controle lo que ocurre en esa institución educativa. Los problemas son muchos y se acumulan de larga data. Lo cierto es que la conducción de la EA 3.601 todavía tiene que rendir parte de los fondos de planes de mejoras que le fueron enviados entre 2006 y 2008 y la totalidad de los fondos remitidos en 2009 (11.900 pesos), 2010 (54.510 pesos), 2011 (17.680 pesos primero y 131.270 pesos después) y durante este años (22.400 pesos). Estos datos, con número de expediente, resolución de dictamen de cada envío, montos rendidos y los que faltan rendir fueron presentados ante el CGE por los padres de los alumnos que integran la cooperadora. El malestar es notorio y son cada vez más frecuentes las asambleas para discutir la grave situación de la escuela y como ésta afecta la educación de sus hijos. Fondos y bienes de la escuelaSegún pudo confirmar PRIMERA EDICIÓN, los padres denuncian la falta de rendiciones de proyectos del plan de mejora, falta de ejecución del plan de mejora aprobado en 2010, faltantes de máquinas y herramientas aprobadas por el plan de mejoras que nunca llegaron a la escuela e inexistencia de un inventario patrimonial. Además, cuestionaron la disolución del equipo técnico institucional del plan de mejoras que trabajaba ad honórem y que fue reemplazado por estudiantes del Profesorado de Lengua a los que se les dio horas rentadas durante 2011, “y no presentaron ni ejecutaron proyecto alguno”, ratificaron. Advirtieron también sobre la existencia de sectores didácticos productivos en quiebra, “después de haber recibido fondos del plan de mejora durante cuatro años (granja)” y el préstamo de maquinaria agrícola a terceros, “se deterioran y cuando la escuela las necesita no están o están rotas”, remarcaron. Otra de las cuestiones que los padres solicitaron al CGE que verifique y actúe en consecuencia fue la deuda contraída por la escuela en una estación de servicios local y que data del año pasado. Problemas ediliciosLa comunidad educativa lamentó el deterioro del edificio escolar. Según detallaron, la escuela agrícola tiene goteras, los sanitarios están en mal estado, las aulas carecen de cerraduras y los tomacorrientes no funcionan. El pozo negro de la residencia masculina permanece a cielo abierto desde hace varios años. Tampoco los baños aúlicos están en buenas condiciones, pues funcionan sin sistema de drenaje o pozo negro por lo que el efluente corre por sobre la tierra a metros de las aulas. Faltas reiteradas y continuas La comunidad educativa puso sobre la mesa también las inasistencias reiteradas y continuas del rector, faltas que consideran “no pueden ser justificadas a través de las reglamentaciones vigentes, solamente con la complicidad de su secretaria (ex mujer) y de la coordinadora pedagógica que queda a cargo de la institución”. Los progenitores refieren además a una suerte de acuerdo entre el rector y los coordinadores, por el cual los coordinadores y la secretaria tienen medio días libre por semana adjudicado a cada uno y el rector se toma el día que quiera. Otra cuestión que reclaman los padres y alumnos es la cantidad de horas libres que tienen todas las semanas y el consecuente impacto negativo en el proceso de enseñanza aprendizaje. Ello se debería -según consta en el acta elevado al CGE- al atraso reiterado en los nombramientos del personal suplente por no realizar los trámites de irregularidad de titulares en esa situación. Denuncian la demora en el nombramiento del personal suplente en general, la falta de reuniones de personal, pues estas no se realizan desde hace varios años. Beneficios para su círculo íntimo En las actas elevadas al CGE, la comunidad educativa enumera una larga lista de irregularidades en el nombramiento y desplazamientos del personal de la institución. Así, se incluye el “acomodo” de la ex mujer del rector en la Secretaría (cargo que aseguran le correspondía al preceptor titular, César Prado) y a su actual mujer en Preceptoría y en quince horas de residencias recientemente creadas. El rector también habría asignado otras quince horas de residencias a nombre de su ex cuñada y un cargo de preceptor al hijo de su actual pareja. Los padres cuestionan además el nombramiento en la suplencia de coordinador administrativo al técnico de nivel medio, Rafael Golemba, que abandonó la carrera docente pagada por el plan de mejoras y estuvo a cargo del sector granja el año anterior, cuando el jefe sectorial de ese sector, José Da Rosa, se encontraba de licencia. Pero el rector no solo da, también quita. Así, según denuncian los padres, desplazó de su función a través de una disposición interna a la jefa de preceptores (coordinadora de orientadores) que se desempeñaba como secretaria desde que se creó la institución en 1989 y dependía del Ministerio de Educación y Justicia de Nación. Debido a la falta de personal de servicios y mantenimiento, los alumnos deben hacerse cargo de la limpieza en lugar de realizar las prácticas agropecuarias correspondientes. Tampoco hay suficiente personal de mantenimiento y producción por lo que el personal docente técnico debe realizar esas tareas, descuidando como consecuencia el proceso de enseñanza aprendizaje. Las demoras y falta de gestión se hacen sentir incluso en la entrega de boletines de calificaciones que, hace tiempo, llegan con atraso.
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