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El caso Ovando desnudó las fragilidades del Estado a la hora de asistir a los pobres

25 noviembre, 2012

 Por Sergio [email protected]    Más allá de las cuestiones técnicas y judiciales, la exposición del caso María Ovando y los testimonios que se sucedieron hasta ahora en el marco del juicio oral en marcha, evidencian un trasfondo claramente identificable, donde la miseria, la vulneración de derechos básicos y el abandono estatal extremo se convierten en los elementos coyunturales centrales. Así, la historia de vida de María encuentra un correlato amplio en las peripecias de otras miles de “Marías”, que hoy, en toda la provincia atraviesan por contextos similares. La desnutrición infantil- invisibilizada adrede por el Gobierno provincial hasta hace un par de años, cuando la situación era insostenible-, la falta de acceso a servicios elementales como el agua potable y la energía eléctrica, y la ausencia de toda contención social y económica, atentan directamente contra toda posibilidad de mantener a los hijos en condiciones sanitarias óptimas y ponen en riesgo constante la vida de los infantes misioneros más castigados por la miseria.A continuación se ofrecen algunas claves para pensar el caso Ovando desde otras tramas que encadenan un solo horizonte: el de la injusticia social. Tapar el sol con las manosCarolina, la pequeña hija de María Ovando que murió en marzo de 2011, padecía, como sus hermanitos, desnutrición infantil. ¿Cuál era la actitud por entonces del gobierno provincial con respecto a la desnutrición que, hoy se blanqueó oficialmente, la padecen miles de niños en Misiones? Para entender el cuadro es necesario retrotraerse hasta un año antes. En marzo de 2010 el ministro de Salud Pública de Misiones era José Guccione, que por esa época ordenó desmantelar y cerrar el único espacio que tenía la salud pública para la atención de la desnutrición infantil: la Unidad de Recuperación Nutricional Creciendo Juntos, que funcionaba exitosamente en el Samic Oberá. “La desnutrición infantil no es un problema hoy en Misiones; hoy nos preocupa más la obesidad”, declaró el ministro Guccione entonces, en un testimonio antológico que sirvió de “explicación” para el inexplicable cierre. Ya entonces, quien era el encargado de esa unidad, un especialista en desnutrición infantil el doctor Basilio Malczewski advirtió: “Me dio mucha pena lo que hicieron porque se obró con mucho desconocimiento de la temática de la desnutrición infantil y sin tener en cuenta las serias consecuencias que este cierre puede tener. Los desnutridos leves son tratados por medio de tratamientos ambulatorios, pero los graves deben ser internados en unidades especiales porque se exponen a riesgos de estar en salas comunes. No se puede querer tapar el sol con las manos, siguen habiendo índices de pobreza y desnutrición, no hay que esconder la pobreza, debemos hacernos cargo”.Desgraciadamente, el tiempo le dio la razón al doctor Malczewski. Ese mismo año, murieron dos niños desnutridos, Milagros Benítez (Montecarlo) y Héctor Díaz (Apóstoles).Paralelamente, los casos se denunciaban incesantemente en los medios, y acorralado por esta inocultable coyuntura, el Gobierno provincial decidió lanzar un programa que nunca estuvo incluido en su plataforma, para abordar una temática que en casi una década de gestión – del Frente Renovador- había sido sistemáticamente negada: la desnutrición infantil. Así nació el Hambre Cero, en principio coordinado desde Desarrollo Social. Una serie de desmanejos en la “asistencia” -consistente en unos pocos kilos de leche y 180 pesos- motivó en 2011 el traspaso del programa al Ministerio de Derechos Humanos, que ya lleva identificados 8 mil casos de desnutrición y bajo peso en toda la provincia, una cifra por demás elocuente en relación a la pobreza estructural y la situación límite que atraviesan miles de familias misioneras, y miles de “Marías Ovando” que no pueden alimentar debidamente a sus hijos. La provincia de los niños en riesgoContextos como el que le tocó vivir a María Ovando se registran en cada rincón de la provincia. Una innumerable cantidad de informes y artículos publicados en este diario vienen dando cuenta acerca de algunas de las situaciones. En el sur, barrios de Apóstoles como El Callejón o La Cantera son botón de muestra de una realidad similar. Madres con varios hijos, viviendo en taperas, sin servicios básicos, con niños de bajo peso y apenas ayudadas livianamente por el programa Hambre Cero, que se dice de “asistencia integral”, pero que hoy se limita a cuatro kilos de leche, una tarjeta magnética con una irrisoria carga mensual y una chequera para compras de verdura en la ferias francas, que en muchos casos está suspendida. “Uno de mis chicos está en el Hambre Cero, pero acá vivimos sin agua ni luz, ya los mismos médicos me dijeron que mientras siga acá va a ser difícil que se mejore”, resume otra María, del asentamiento El Callejón.Días atrás también reflejábamos el caso de Ramona, una anciana de Colonia Oasis, que padece un severo cuadro de desnutrición, pero que sin embargo, hasta esa publicación no había recibido la más mínima asistencia.En Eldorado, la ciudad donde están juzgando a María Ovando, por estos días cualquier persona puede ir a comprobar el estado en el que se vive en el barrio Las Carayás, un asentamiento donde la exclusión social es el rasgo excluyente. Desprovistas de servicios básicos, casi 40 mujeres solas- a cargo en la mayoría de los casos de varios hijos- sobreviven en condiciones de salubridad sumamente riesgosas. Aquí, la desprotección por parte del Estado es total, y alcanza, incluso a las madres “beneficiadas” por el Hambre Cero. El caso de Mariela es paradigmático. Tiene apenas 15 años. Como María Ovando, tuvo a su primer hijo a los doce y el segundo nació el año pasado. Viven los tres solos en Las Carayás. El menor de los chicos es epiléptico. El mayor está desnutrido y desde hace cinco meses está incluido en el  Hambre Cero. Es decir, desde hace cinco meses el Estado cuenta con la información fehaciente de que existen dos niños y una madre adolescente viviendo en condiciones de extremo riesgo. Sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada por ellos. Cuenta Mariela a PRIMERA EDICIÓN: “Hace 5 meses mi hijo está en el programa. Me dan  4 kilos de leche por mes, 180 pesos por mes y nada más. Sólo el primer mes me dieron una bolsa de 5 kilos de verdura, y media doc
ena de huevos de la chacra, que supuestamente íbamos a poder retirar todos los meses de la feria franca, pero al segundo mes eso desapareció. Nadie se preocupó porque no tenemos agua ni luz, y vivimos en una taperita. Nadie se preocupó por la salud de mis hijos, uno de ellos con epilepsia”.La contracara discursiva la brinda el ministro de Derechos Humanos, y cuestionado coordinador del Hambre Cero, Edmundo Soria Vieta (quien días atrás pidió “que no intercedan por María Ovando”):  “El Hambre  Cero va hacia donde hay un niño abandonado, donde está el chico desnutrido con un contexto social de la familia que está sufriendo la extrema pobreza y, ahí es donde no va a escatimar el Estado. Y, esa es la misión que me dio el gobernador Maurice Closs de procurar las soluciones. Al que no tiene agua se le buscará el agua, a quien le falte el techo se le construirá el techo. Es decir todo lo que haga falta, pero de base la cuestión alimentaria como eje de ese niño desnutrido. Esto significará una rearticulación entre los distintos actores procurando ser eficiente la acción del Estado”.El contraste de los dichos de Soria Vieta es nada más ni nada menos que la realidad. 

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El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la posesión comunitaria de sus territorios y prohíben los desalojos sin consulta previa. Sin embargo, en 2024, el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, lo que provocó, desde entonces, una ola de desalojos en muchas provincias.
Enzo, Lionel y Milagros nacieron el 7 de diciembre, pasaron semanas en neonatología y su historia conmovió a Misiones. Hoy, ya en casa, crecen acompañados por sus padres, Valentina Benítez y Ezequiel Dobler, una joven pareja que celebra la vida pero enfrenta un nuevo desafío: ambos se encuentran en búsqueda de trabajo para sostener la crianza de sus tres hijos.
El constante incremento en el combustible encarece el flete y se calcula que, si se aplica un alza, impactará en aquellos artículos que eventualmente enfrentan mayor escasez, como el dorado.
Licenciada en enfermería, lleva más de 30 años en la profesión y ejerce en el Hospital Nivel III Samic de Oberá. Se especializó en atención neonatológica y pediátrica y ayudó a salvar miles de vidas, labor por la que recibió el reconocimiento “Marta Teodora Schwarz - El Ángel de la Selva”. Junto a sus hijos: Adriano y Franco creó la iniciativa solidaria “Juguete pendiente Oberá”.
Lo advirtió el docente Fabián Doretto, quien se desempeña como personal único en una escuela de Campo Ramón. Quien fue distinguido como el “Maestro del Año” en 1999, invitó a tomar conciencia porque “están quedando despobladas, bajando de categoría y se cierran secciones, que son fuentes de trabajo”.
La baja presión y los permanentes cortes en ciertos horarios del día, empujan la bronca vecinal durante la ola de extremo calor. La semana pasada el barrio padeció cuatro días sin servicio.
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