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El salario estatal precarizado, problema antiguo e irresuelto

11 noviembre, 2012

POSADAS. En los últimos nueve años, Misiones aumentó un 47% la cantidad de trabajadores estatales y, al mismo tiempo, redujo la participación presupuestaria de los salarios del 44 al 31,6%. ¿Cómo se traduce esta situación? Los estatales lo sufren en carne propia: no sólo han perdido -en términos reales- un 3% de salario mínimo sino que, además, tienen un reducido sueldo en blanco que les asegura una jubilación miserable. La situación no es la misma para todos los sectores. PRIMERA EDICIÓN accedió a un detallado informe sobre la situación salarial de los trabajadores estatales de Misiones, elaborado por la Central de Trabajadores Argentinos de Misiones, próxima a publicarse en la CTA Nacional, donde desgrana esta problemática en el período que va desde el 2003 al 2012. Personal versus obras Según el estudio de la CTA (realizado por Agustina Haimovich, Alfredo Aguirre y Juan Pasaman), en 2003 los salarios representaban el 44% del total del presupuesto. Nueve años más tarde, sólo el 31,6% del total del presupuesto se destina a salarios. Esto implica una disminución de 12,4 puntos porcentuales, lo que implica una reducción del 28,2% en el porcentaje. Por otra parte, esta caída se produjo en un contexto en el cual la proporción de trabajadores estatales sobre el total de ocupados de la provincia registró un incremento: los mismos pasaron de representar el 19,2% de los ocupados en 2006 al 22,2% en 2012.Al extender el análisis hacia el resto de los rubros se observa que, mientras el presupuesto en personal descendió, la partida destinada a “Trabajo Público” (obras públicas), pasó del 16,7% en 2003 al 36% en 2012. Esto implica un crecimiento de 19,3 puntos porcentuales que duplicó la participación de este rubro en el presupuesto. También crecieron, aunque levemente, las “Transferencias”, a la vez que disminuyó considerablemente el gasto en “Intereses de deudas”, pasando del 8,2% en 2003 al 1,7% en 2012.Más policías y maestros La cantidad de trabajadores estatales estables se incrementó en 13.938 desde 2003 a 2012, lo cual en términos porcentuales implica un crecimiento del 47%. Según la CTA, el 84% de este incremento se concentró en la Policía (42%) y en los Maestros (42%), mientras que Justicia y Salud explican el 8% y el 3%, respectivamente. Al observar el crecimiento por sector, surge que la cantidad de maestros creció un 55% (5.839 maestros más), mientras la cantidad de policías se incrementó en un 121%, es decir que duplicaron su dotación (pasando de 4.811 policías en 2003 a 10.628 en 2012). Por otra parte, la cantidad de trabajadores en la Justicia creció un 88% en el período analizado, mientras Salud y Desarrollo Social (MDS) crecieron un 9% y un 6%, respectivamente (por debajo del promedio general). De esta manera puede observarse que, mientras Policía y Salud partieron de dotaciones similares en el 2003, al año 2012 los primeros duplican en cantidad a los segundos.Dispar presupuesto anual por trabajadorEl estudio de la CTA revela la disparidad salarial en las distintas reparticiones públicas de la provincia. Si bien, en promedio, al año 2012 el presupuesto salarial promedio por trabajador ronda los 61.790 pesos anuales, el presupuesto promedio por judicial es de casi 120 mil anuales y en el caso de los policías ronda los 34.850. Advierten que, en los últimos nueve años, los docentes fueron quienes más incrementaron el presupuesto por trabajador (706,1%), mientras que los sectores que menos crecieron fueron el de los Policías (227,7%) y el de Justicia (339,1%), cuyo incremento estuvo incluso por debajo de la inflación (359,4%). Esta evolución diferencial produjo modificaciones en la posición relativa de los trabajadores de cada sector. Mientras en el 2003 los docentes estaban casi un 20% por debajo del promedio general del presupuesto por trabajador, pasaron a superarlo en 2012 en un 14,8%. Por otra parte, los policías prácticamente igualaban el promedio en 2003, y pasaron a estar en 2012 un 43,6% por debajo. Los trabajadores de Justicia, que en 2003 superaban el promedio en un 149,2%, al año 2012 lo superan en un 92,9%. Por último, los trabajadores de la Salud y del MDS mejoraron levemente su situación, aunque partieron de niveles muy bajos y continúan por debajo del promedio general.Poder adquisitivo Si incorporamos el efecto de la inflación, se observa que el presupuesto salarial promedio por trabajador mejoró su poder de compra en un 23,5% con respecto al 2003. Sin embargo, esta evolución fue diferente para cada sector. Mientras los Docentes, los trabajadores del MDS y los de Salud incrementaron el presupuesto por trabajador en términos reales (75,5%, 52,7% y 30,6%, respectivamente), en el caso de la Policía y la Justicia, el poder adquisitivo se redujo un 28,7% y un 4,4% respectivamente (cabe aclarar que mientras la Justicia partió en 2003 de un nivel salarial muy elevado, sectores como los Docentes y el MDS presentaban niveles notablemente inferiores al resto).Cuánto gana hoy cada estatalPara el año 2012 el gobierno provincial otorgó una recomposición salarial del 22% a todos los sectores (Decreto 222 /12). Pero este aumento se aplicó de diferentes maneras: a algunos sectores modificándoles el salario básico en parte y el resto como adicional remunerativo y bonificable (como en el caso de Docentes, Salud y Policía). A otros sectores, sin modificar el básico y aumentando los adicionales remunerativos y bonificables (como en Administración Central). Finalmente, a otros se les otorgó el aumento a través de un adicional no remunerativo ni bonificable (NRNB) sin modificar los básicos (por ejemplo, en Justicia).El incremento de la Policía hasta julio implicó un 57% sobre el promedio salarial, y para fin de año será del 110% de aumento sobre los salarios de principio de año (Decreto N° 151/12). Le sigue Penitenciaría con un aumento del 51%, Agro (41%) y Cámara (38%). Sólo se han quedado con el 22% sectores como Salud y Justicia.Hoy existe una gran disparidad salarial entre los diferentes sectores: mientras los trabajadores del Ministerio de Gobierno ganan 2.544 pesos promedio, los trabajadores de la Dirección General de Rentas ganan 5 veces más (12.891 pesos). Por otra parte, los trabajadores del MDS, Iprodha, Cultura y Gobernación ganan menos de 4.000 mientras aquellos que trabajan en el Tribunal de Cuentas y en Justicia ganan más de 7.200 pesos.   La inflación redujo el valor real del salario mínimo Según indicó la CTA, los ingresos mínimos de los trabajadores estatales han sido establecidos durante los últimos años a través de sucesivos decretos. El salario mínimo para los trabajadores provinciales es, a partir del último aumento
implementado en marzo de 2012 a través del Decreto Nº 222, de 2.700 pesos. “Esto implica un incremento en términos nominales del 200% con respecto al 2007. Sin embargo, la inflación registrada desde ese momento hasta la fecha alcanzó el 210,1%, provocando que la evolución del salario mínimo en términos reales haya sufrido una reducción del 3,2%”, precisaron en el informe.En tanto, recordaron que el salario mínimo Vital es “la menor remuneración que debe percibir un trabajador sin cargas de familia de modo que le asegure: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. Por lo tanto, para garantizarlo, la CTA advirtió que se debe partir de criterios objetivos que conformen una canasta básica capaz de satisfacer dichas condiciones y actualicen su monto a partir de estimaciones confiables de inflación.Canasta: 7.492 pesos “Si tomamos el monto de la canasta de consumo promedio de una familia tipo a cargo de un jefe de hogar asalariado que surge de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (1996/7) actualizando su valor por el IPC oficial hasta el año 2006 y una pauta inflacionaria alternativa a partir de allí, resulta que a la fecha, la canasta vale alrededor de 7.492 pesos  mensuales”, fundamentaron. Este nivel de consumo es el que le permite al conjunto de los trabajadores y sus familias acceder a los bienes y servicios necesarios para su reproducción, por lo que se configura como el parámetro fundamental sobre el cual debe establecerse la retribución de su fuerza laboral. En este sentido, advirtieron que, “sabiendo que en nuestro país en épocas de pleno empleo el salario mínimo estaba en relación con el salario de convenio (cubriendo el 60% de dicho monto) y este último con la canasta familiar (el básico de convenio se fijaba en torno al 80% de la canasta familiar), resulta que para mantener dichas relaciones el valor del salario mínimo debería ser de 3.596,3 pesos. Es decir, un 33,2% por encima de su nivel actual”.   En la Justicia, el básico representa sólo el 8,6 del salario Los salarios estatales en Misiones están compuestos principalmente por adicionales. En todos los sectores, con excepción de Educación, el salario básico representa menos de un tercio del salario total, cuyo caso extremo puede observarse en el caso de Justicia donde apenas equivale al 8,6%. Para ver cómo se ha llegado a esta situación, vale recordar que tanto los básicos como los salarios totales permanecieron congelados desde 1995 hasta el año 2003 para todos los sectores. Desde entonces a esta parte, según reveló el informe de la CTA, “vemos cómo los salarios básicos de los sectores de Educación y Salud fueron aumentando en forma paulatina, mientras en otros sectores, como la Justicia, los salarios básicos están congelados hace más de 20 años. En lo que hace a los trabajadores de la Administración Central, el básico se ha incrementado sólo en 100 pesos durante todo el período analizado (pasando de 168 a 268 pesos para la menor categoría).Proporción desigual La proporción que representa el salario en blanco (salario básico más adicionales remunerativos) sobre el salario total es desigual entre los distintos sectores estatales. Mientras los trabajadores de la Salud tienen el 80% de su salario en blanco, en el caso de los trabajadores de la Justicia, el mismo desciende al 25%. “Esto implica, a modo ilustrativo, que un judicial con un salario de 6.000 pesos, a la hora de jubilarse no reciba más de 2.000 pesos de haber. Asimismo, resulta preocupante la situación de los trabajadores de la Administración Central y el Poder Legislativo, para quienes la mitad o más de sus salarios están en negro, respectivamente. Por otro lado, los trabajadores de la Policía (cuyos salarios ya de por sí se encuentran bajos con respecto al promedio) reciben más del 40% de su salario en negro. Esta política de básicos irrisorios y adicionales en negro pulveriza la carrera administrativa dentro del Estado provincial”, advirtieron desde la Central. 

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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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