BUENOS AIRES (NA). Amnistía Internacional (AI) consideró ayer como “un paso adelante en favor de los derechos de las mujeres” la decisión de la máxima instancia judicial de autorizar el aborto de una víctima de violación, pero equiparó el retraso a una “tortura”.“El fallo de la Corte Suprema de Argentina de autorizar a una víctima de violación a interrumpir su embarazo es un paso adelante para los derechos de las mujeres en ese país”, estimó la organización de defensa de los derechos humanos establecida en Londres.“Los retrasos innecesarios en el procedimiento solicitado por esta víctima de violación equivale a tortura y trato cruel, inhumano y degradante”, agregó sin embargo Guadalupe Marengo, subdirectora del programa regional Américas de Amnistía, citada en el comunicado de la organización.Amnistía insta a las autoridades argentinas a “asegurar el acceso a abortos seguros” conforme con lo dispuesto por la Corte Suprema y a orientar al personal sanitario sobre las disposiciones del aborto no punible. “Las autoridades en Argentina deben tomar en serio sus responsabilidades hacia la protección de los derechos de las mujeres y respetar el derecho de las mujeres a un aborto seguro y legal sin más demoras”, agregó Marengo.La Corte tomó intervención en el caso a raíz de un conflicto de competencia nacido como consecuencia de las presentaciones sucesivamente realizadas, y con resultados contradictorios, por la Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Vida (Pro Familia) primero ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y luego, tras el rechazo a su pretensión por resolución del pasado 5 de octubre, ante la Justicia Nacional en lo Civil, en donde obtuvo resolución favorable el 9 de octubre último. Como es habitual, en toda cuestión de consecuencia, antes de pronunciarse con carácter definitivo, la Corte remitió las actuaciones a la Procuración General.El pedido para someterse a un aborto lo había realizado una mujer de 32 años, víctima de una red de trata y aguardaba la sentencia en medio de la polémica originada en los últimos días.La presentación de Pro Familia se había dado luego de que el propio jefe de Gobierno, Mauricio Macri anunció que la interrupción del embarazo se iba a realizar el martes en el hospital Ramos Mejía.Al conocer esa situación, una asociación civil contraria al aborto presentó un recurso de amparo, y la jueza nacional Myriam Rustán de Estrada, a cargo del Juzgado en lo Civil N° 106, decretó una medida cautelar que impidió la intervención.La decisión fue apelada por la mujer y por el Gobierno porteño, y luego la magistrada fue apartada de la causa por decisión de la Cámara, que le asignó el expediente a su par Miguel Ricardo Güiraldes.Al apartar a la jueza Rustán de Estrada, la Cámara Civil no ahorró críticas: señaló que no podría “silenciar el desconcierto” que le producía el hecho de que la jueza, “so pretexto de una urgencia que no se desconoce, haya obviado, no obstante que la presentación fue realizada en horario judicial, el sorteo que permitiera la plena vigencia de aquella garantía”.Intervención en La PlataEn tanto, una mujer que denunció haber sido violada fue autorizada para llevar adelante la interrupción de su embarazo, tal cual lo contempla la ley. Así lo confirmó ayer Claudio Ortiz, director provincial de Hospitales. El caso despertó polémica ya que todos los médicos de dicho centro de salud, en un comienzo, se habían negado a practicarlo alegando “objeción de consciencia”.
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