Tensionados

El paro de los subterráneos en Capital Federal, que superó los siete días de duración y continúa sin resolverse, complica a miles de usuarios en favor de la pelea de sordos entre el kirchnerismo y el macrismo por la transferencia del subte, un duelo de intolerancias que probablemente  no aportará rédito político a ninguno.  La inmadurez política que trasuntan las decisiones del Gobierno nacional y de las autoridades de la Ciudad Autónoma en este tema  prolonga indefinidamente una disputa que debería resolverse con una visión del bien común y de las necesidades de los usuarios y no en clave política partidaria.El paro porteño es parte de un marco de tensiones entre la Nación y las provincias que viene en ascenso desde que estalló la crisis financiera en territorio bonaerense; y en el que hay que anotar la presentación ante la Corte Suprema de Justicia que realizó el gobernador cordobés De la Sota en los últimos días, sosteniendo que la Nación le adeuda fondos del sistema jubilatorio provincial. El cordobés -que enfrenta manifestaciones masivas contra la política jubilatoria provincial-  también avanzó en la denuncia del Pacto Fiscal, ratificando el descontento provincial con los manejos intempestivos del Ejecutivo nacional; y con el sistema de reparto de los recursos impositivos. Aunque justa en su reclamo de apoyo a los productores, cosechó críticas la modalidad de protesta elegida por el sector lechero en Santa Fe y Córdoba a principios de semana, en la que se volcaron más de 150 mil litros de leche a tierra en expresión simbólica de la pérdida de rentabilidad de los tamberos; demostración sin dudas objetable cuando numerosas familias luchan a brazo partido con una cada vez más onerosa canasta básica de alimentos. Cuando los economistas ya hablan de recesión, la inflación que tolera el gobierno y que  golpea con fuerza a los hogares de menores ingresos, llegó el pasado mes de julio a 1,76%, según el promedio de investigaciones privadas que anunciaron diputados de la oposición en el Congreso, y que resulta 2,2 veces superior al 0,8% que reconoció, por su parte, el Indec.  Los productores lecheros, que bloquearon el ingreso y salida de camiones de las plantas, manifestaron su bronca porque “los tamberos ven peligrar su continuidad mientras que los otros eslabones de la cadena siguen ganando”. “Hace tiempo venimos anunciando que el precio que reciben los productores es irrisorio, y la situación  insostenible”, graficó Daniel Oggero, de FAA  el martes.Otra vez la yerbaLa importante brecha entre el precio que recibe el productor y el que se factura en góndola es el nudo gordiano del recrudecimiento de la rabia tambera; además de la pérdida del subsidio de 0,20 centavos que el gobierno les dio el 2008 y mantuvo con intermitencias hasta eliminarlo en 2009. El panorama de concentración y ajuste “hacia abajo” en la cadena lechera no difiere en lo sustancial de lo que ocurre con los productores  yerbateros en Misiones,  donde también se buscan paliativos a la descapitalización crónica del productor; y la protesta es a menudo la única vía de escape que encuentran los más débiles de la cadena productiva.En este contexto, el escándalo por el descubrimiento de una tanda de estampillas del INYM  “mellizas” recrudeció el jueves cuando el ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar, se decidió a tomar el toro por las astas, y realizó una presentación ante el Juzgado Federal de Posadas.El pedido de investigación es lógico, teniendo en cuenta que los  sellos del INYM con la numeración repetida que se encontraron equivaldrían a unos 100.000.000 de pesos, pese a lo cual la reacción del organismo -obvio responsable del control de las impresiones- fue tibia e inconsistente, mientras la empresa impresora, Ramón Chozas S.A; sigue afirmando que la duplicación  fue por  un  “error involuntario”.  La explicación podría ser cierta, pero no convence debido al contexto, que incluye una confesa incapacidad del INYM para frenar las ventas de yerba en negro o hacer cumplir los precios oficiales de la materia prima. La inoperancia de los controles (junto a otras actitudes como la de tratar de sabotear la aprobación  de la ley de mercado consignatario en el Congreso, pese al apoyo masivo de los productores, o la reciente y polémica quita a una multa que recibió una empresa molinera por acumular yerba en negro) hicieron que el Instituto acumule hoy un inusitado nivel de desgaste. La evasión al Fisco y el perjuicio a los productores que significaría el caso, si se comprobara un ilícito, llevaron a que el diputado Bárbaro presentara un proyecto para pedir a la Nación la intervención administrativa del organismo y el  titular de la Federación Agraria en Misiones, Luis Adruszyszyn, exigiera la renuncia del titular del Instituto, Luis Prietto, y un llamado a elecciones para recomponer el Directorio. Aunque no hay razón para considerar inverosímil la tesis  de que las estampillas apócrifas son parte de un  “blanqueo” de yerba adquirida en negro a los productores, Adruszyszyn se despegó del pedido de intervención, y denunció que “hay algunos que se quieren apoderar de la caja del organismo”, a la que las estampillas ingresan unos 38 millones de pesos. La disparidad de opiniones no asombra, al provenir de un sector en el que es habitual que una cruenta puja de intereses desplace al consenso y la acción mancomunada. Cruces y aclaracionesEn este marco, recientemente ingresó a la Legislatura el Proyecto de Presupuesto 2013, en el que el diputado de Trabajo y Progreso Claudio Wipplinger detectó una cláusula, aparentemente inocua, que destina “una mínima asignación porcentual del 6,72% del total de las erogaciones” para gastos del titular del Ejecutivo. Wipplinger tradujo a valores absolutos el “ínfimo porcentaje” y se encontró con la suma de 841. 333.000 pesos, lo que sumado a que el gobernador usó en su presentación el término “gastos reservados”, extraño a la redacción presupuestaria misionera de los últimos años, motivó que cuestionara lo que podría ser una intencionada ambigüedad a la hora de explicar la utilización de los recursos.  El legislador destacó también que el Inciso 1.2.2 del Folio 14, en el que figura el porcentaje mencionado, es el único que no incluye una mención a la incidencia sobre el total de gastos, y sostuvo que también es ambigua la forma en que se vincula
la asignación a la creación de una “Comisión de Control y Contención del Gasto”, y en el mismo acápite se consigna que “no están incluidos los gastos reservados”. Desde el Gobierno desmintieron la existencia de gastos reservados, pero no explicaron porqué se usa el concepto en el proyecto ni tampoco el alcance del “ínfimo porcentaje”. Closs, poco afecto a aceptar las críticas a su gestión, mencionará el tema, probablemente, en el próximo monólogo público que celebre en el que -como lo viene haciendo en las últimas semanas- se permitirá criticar a intendentes “pedigüeños” o desestimar datos de la realidad que no le gustan; como hizo al enojarse por las recientes declaraciones de Amayadap sobre los cien despidos que se produjeron en el sector maderero.  Las exageradas quejas y reclamos de austeridad del mandatario en los actos e inauguraciones -a los que usa como tribuna política al no contar con la cadena nacional- dan la pauta, sin embargo, de que anticipadamente se está instalando una interesada retórica electoral en el lugar de la comunicación y el diálogo institucional.