ELDORADO Y POSADAS. Finalizada la feria judicial de invierno, se conocieron nuevos datos vinculados a la investigación que el juzgado de Instrucción Penal 1 con asiento en Eldorado, a cargo del juez Roberto Saldaña, lleva adelante en la causa que tramita bajo expediente 213/12, cuya carátula es “Administración fraudulenta”, vinculada a la reciente venta de la planta celulosa de Puerto Piray.Cabe recordar que la denuncia penal fue presentada por once socios de la Cooperativa de Trabajadores Piray Limitada, que se hizo cargo de la quebrada ex PCP, la celulosa emblema de la comuna. La denuncia fue realizada contra Mario Escurra (presidente), Aníbal De Jesús Insfrán, y César Herminio Figueredo (secretario y tesorero respectivamente), que administraron la cooperativa de trabajadores.Así, se supo que fue citado a declarar, en calidad de testigo, el empresario oriental Tim Siun Chiu, gerente de la firma Santay. Sin embargo, el nuevo responsable de la planta celulosa no compareció, “por cuestiones particulares”. Según fuentes judiciales, Chiu sería citado nuevamente y en caso de no comparecer podría ser incluso llevado por la fuerza pública a cumplir con la requisitoria.Pero Siun Chiu no fue el único convocado por el magistrado eldoradense. Trascendió que se citó nuevamente a Fabián Mendoza, reconocido profesional de Eldorado (sería ésta la segunda vez). En ninguna de las dos concurrió en calidad de testigo a la sede judicial, pero habría dado aviso de su falta. En la misma causa, ya prestaron declaración testimonial el intendente renovador de Piray Jorge Lezcano y el secretario de Hacienda de Eldorado, Gustavo Mendoza.Oficios y sorpresaEl abogado Emiliano Rodríguez, que patrocina a los denunciantes, confirmó que el juez Saldaña libró oficio a dos conocidas escribanías donde se realizaron los trámites para el traspaso de la cooperativa. Según las sospechas, Benfide nunca se habría desvinculado de la fábrica. Rodríguez sospecha que en una escritura el inmueble industrial no habría sido transferido a la cooperativa de trabajo por parte de la empresa Benfide en el 2010, sino directamente a Insfrán y Escurra. En este acto legal, Mario Escurra habría actuado como apoderado de Fiducias y Benfide (es decir que fue vendedor y adquirente a la vez). “Habrían sido gestores de la cooperativa, quedando el inmueble a nombre de los dos y no de la entidad. Es un elemento más de lo que podría ser la connivencia entre Escurra e Insfrán y la empresa Benfide”, explicó. El letrado eldoradense adelantó incluso la posibilidad de iniciar un juicio laboral contra las empresas Benfide, Fiducias Regionales, Campana SA, y a los nuevos dueños (Santay) como terceros responsables-empleadores.Un dato que surge de la investigación de los denunciantes se vincula también a la venta de la pasta que producía la cooperativa. “La tonelada de pasta se vendía a un precio de 600 dólares (cotización a 2011). En 16 meses (diciembre 2009/abril 2011), habrían llegado a tener una producción de más de 20 mil toneladas de pasta, de las que no se sabría el destino ”, dijo Rodríguez. Al parecer “no habría comprobantes porque no existiría ningún papel (administrativamente no contablemente hablando) porque los trabajadores no tenían acceso a esa información”, aseguró.Abogada reclama y pediría embargos de bienes de sociosLos socios de la cooperativa de trabajadores Piray recibieron el reclamo de una abogada con estudio jurídico en Posadas, quien se presentó en la causa por el concurso de la ex PCP, por un reclamo de “pronto pago”. La letrada habría sido presentada por Mario Escurra al resto de los trabajadores y se le habría dado un poder para que los represente en el 2009. A pesar de considerar que las gestiones de la abogada no tuvieron éxito, la misma reclama ahora cobrar sus honorarios. En el mencionado reclamo, la letrada posadeña solicitó se le regulen los honorarios, ante lo cual, la Justicia fijó un monto igual a dos salarios mínimos por cada trabajador representado (hoy, esta en $2.300 el Salario Mínimo Vital y Móvil en el país). Por lo cual, la cifra a pagar a la demandante podría llegar al millón de pesos o superarlo, si se lo debe multiplicar por los 190 trabajadores que conformaban la cooperativa de Piray. Lo que no se sabe aún es si todos los trabajadores firmaron el poder a la letrada, pero quienes sí lo hicieron, están desesperados porque no cuentan con el dinero, y habría advertencias de llegar al embargo de bienes de los socios. Es que hoy, la mayoría está cobrando entre 500 a 600 pesos por cuota al mes de la venta. Una cifra que ni siquiera les alcanza para alimentar a sus familias.
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