POSADAS. Una vez más, los pacíficos usuarios misioneros deberán responder por los desmanejos de los administradores. Por una resolución sorpresiva e inconsulta del ministro de Hacienda y Servicios Públicos, Daniel Hassan, se calcula que más de 50 millones de pesos pasarán del bolsillo de los usuarios del servicio de energía eléctrica a las cuentas de Emsa y de las cooperativas eléctricas del interior. A cambio de esto no habrá ningún beneficio hacia los ciudadanos afectados. El incremento es sólo para oxigenar el abultado rojo que tienen Emsa y las cooperativas a causa de años de manejos desprolijos y turbios.Hassan, a través de la resolución 379 del 22 de junio, creó un recargo “que será aplicado a todos los usuarios de energía eléctrica de las distribuidoras de la provincia” y que se incrementará a los numerosos ítems que ya figuran en las boletas del servicio.Desde este mes, los 278 mil consumidores de electricidad pagarán obligatoriamente entre 12 y 200 pesos que aparecerán por arte de magia en sus boletas, de acuerdo a sus niveles de consumo. En el lapso de un año se calcula que serán más de 50 millones los que engrosarán las cuentas de las empresas distribuidoras del servicio.Los residenciales que menos consumen, hasta 500 kwh-mes (12 pesos); hasta 700 kwh-mes (15 pesos); hasta 1400 kwh-mes (entre 20 y 25). Los comerciales entre 2.000 y 4.000 kwh pagarán entre 30 y 35 pesos; los industriales que consuman hasta 4.000 kwh pagarán entre 45 y 55; los organismos del Gobierno, 80 pesos; jubilados y pensionados hasta 200 kwh no pagarán el recargo y los grandes usuarios deberán abonar 200 pesos.Este fondo, que apareció de un día para el otro y sin anuncios previos ni públicos por parte de Hassan ni otro integrante del Gobierno, representa un costo diez veces más elevado que el seis por mil que recauda el Gobierno Nacional con un recargo que aplica a los usuarios de todo el país y que supuestamente debería contribuir a la interconexión de la provincia de Santa Cruz al sistema energético nacional, aunque en la práctica, el destino de los fondos es incierto. Los números de Emsa están en crisis desde hace varios años, principalmente por los manejos políticos que los últimos presidentes hicieron de la empresa, premiando con cargos a punteros y operadores políticos y castigando a empleados que no respondieron a sus intereses, generando juicios, deudas y desmanejos, que derivaron en la situación de caos actual.Además, en lugar de encargar a los más de 2.800 empleados (1.800 en planta) las tareas más importantes, la conducción de la empresa terceriza todos los trabajos en manos de firmas privadas, generado doble erogación para un mismo trabajo.Con este intrincado criterio, adoptado por Hassan con acuerdo del gobernador Closs, cada vez que los funcionarios incurren en desmanejos y sus organismos estallan en deudas, algún jerarca de alto rango creará por resolución o decreto un recargo que los usuarios deberán afrontar. Esta medida se aleja del carácter popular que pregona el Gobierno y encarece un servicio que ya era el más caro del país y muy deficiente.La insólita excusa que utilizó Hassan fue un ítem denominado “Fortalecimiento Institucional y de las Relaciones Laborales”, por el cual se pagarán como “aumento encubierto” entre 12 y 200 pesos más IVA en las facturas de energía según el consumo. Según la resolución del enigmático funcionario, la intención es “recuperar el gasto destinado al “Fortalecimiento Institucional y de las Relaciones Laborales”, mediante la incorporación de un cargo que será aplicado a todos los usuarios de energía eléctrica de las distribuidoras de la provincia”.“En general, existe un desfasaje entre los costos y los ingresos por ventas, que no cubren adecuadamente la situación real de la prestación del servicio público en las distribuidoras provinciales”, consideró Hassan. Agregó el ministro que “esto se manifiesta fundamentalmente en los costos de los insumos de la industria eléctrica, para mantenimiento y reposición, los gastos generales tales como el combustible e insumos de la administración comercial y las remuneraciones correspondientes a todos los recursos humanos involucrados”.Atornillado en al cargoHacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos es la cartera más poderosa de la provincia. El contador Daniel Rubén Hassan lleva más tiempo en su cargo que el reelecto gobernador al frente del Ejecutivo. Hace casi una década el manejo de todas las cuentas más importantes depende en exclusiva de su firma. Debajo de su andamiaje ministerial funcionan los organismos que más recursos administran y todos deben contar con su firma hasta para comprar un lápiz. Por las manos de Hassan pasan las subas de las tarifas del transporte público, la luz eléctrica y otros servicios; la refinanciación de la deuda pública de la provincia, millonarias licitaciones de todo tipo, ascensos extraordinarios y nombramiento de personal en planta permanente del Estado y el movimiento de todas las partidas presupuestarias que se aprueban en la Legislatura. Al tener el poder sobre el manejo presupuestario el ministro tuvo fuerte injerencia en la fijación del criterio salarial de la última década para los empleados públicos. Durante los últimos conflictos empleados públicos lo señalaron por lo bajo como uno de los responsables del alto porcentaje en negro que perciben los estatales. Su bajísimo perfil contrasta con su lujoso estilo de vida. En sus oficinas de Hacienda pasa muchísimas horas al día, no atiende a nadie, nunca dio entrevistas ni tampoco tiene por costumbre atender a funcionarios de menor jerarquía que piden audiencias. Son pocas las personas que pueden ingresar a su amplio y cómodo despacho.
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