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Las víctimas de los agrotóxicos en Misiones no tienen contención en la salud pública

17 junio, 2012

SAN VICENTE (Sergio Alvez y Oscar Ibarra, enviados especiales). Aún no fue divulgado un trabajo llevado a cabo por un equipo de Etunam -grupo de trabajo interinstitucional compuesto por docentes, alumnos de la Universidad Nacional de Misiones y profesionales de diversas áreas- durante los dos últimos años en distintas regiones rurales del municipio de San Vicente. Este trabajo incluyó un relevamiento que detectó un total de 38 familias que se dedican a la producción tabacalera y que cuentan entre sus integrantes con niños y adolescentes con discapacidad, malformaciones y otras patologías “relacionadas al uso de agroquímicos”. Alicia Dieringer (directora de la Maestría en Políticas Sociales) coordinó el equipo. El trabajo se terminó de hacer en septiembre del año pasado,  y está siendo analizado en el seno de la universidad. Esta semana, PRIMERA EDICIÓN recorrió parte del itinerario efectuado por los investigadores de Etunam, y dialogó con familias afectadas, autoridades sanitarias, educativas, y con integrantes de organizaciones sociales que vienen abordando un drama que a su vez es negado sistemáticamente por un Estado provincial que margina de su agenda sanitaria y social las consecuencias del uso de agrotóxicos, una de las problemáticas más serias y complejas de esta provincia. En esta primera parte una mirada desde el ámbito de la Salud Pública y sus limitaciones para detectar, diagnosticar y abordar los casos en San Vicente. “La situación es verdaderamente alarmante”Liria Desconsi es técnica agropecuaria de formación e integrante del equipo de Etunam. “Se detectaron 38 familias, pero después no hubo recursos para darle continuidad y seguir haciendo los relevamientos, sino hubieran sido seguramente muchos más los casos. Se presentan muchas dificultades a la hora de hacer este tipo de trabajos sin recursos, problemas de movilidad para llegar a las colonias, ese tipo de cuestiones que de algún modo limitan la investigación. Pero el resultado obtenido me parece alarmante y habla de la terrible situación que se vive en la provincia con respeto al tema agrotóxicos y la salud”, explicó. Desconsi integra además una organización civil en etapa de formación – Fundación por la Vida y la Dignidad- que también promueve estudios y acciones concretas para trabajar en relación al tema agrotóxicos, y que fomenta la creación de una carrera de Agroecología y Comercialización a distancia donde se enseñe a cambiar la producción, salir del tabaco, dejar de usar venenos. “En las investigaciones e intervenciones de la Universidad se demuestran las situaciones límites de miles de familias tabacaleras o no, que viven con hijos discapacitados por efecto de los agrotóxicos y que necesitan procesos de rehabilitación y contención social, por eso promovemos además un programa de creación con dos facultades (Humanidades, Sociales, Económicas ) y el Centro Misionero de Educación  Popular, de una carerra a distancia de estas características, para ir generando alternativas”, indicaron desde la fundación. Limitaciones de la salud públicaWilliam tiene 15 años y vive en el barrio Los Lapachos. Toda su vida estuvo en sillas de ruedas, no puede hablar y necesita constantemente ser asistido por sondas y sueros. Su padre es Vilmar Lemos (45), productor tabacalero desde hace 25 años. “William nació en un sanatorio de San Vicente, privado. La patología no se sabe aún hoy. Tiene tantas historias clínicas que no se sabe, son todas distintas. En el Hospital Garrahan fue la única vez que los médicos me reconocieron que había nacido así por el contacto con los agrotóxicos. Me aseguraron que el cuadro coincide. Pero acá en Misiones fue imposible tratarlo, porque nadie sabía que tenía”, cuenta Vilmar. “Mi esposa trabajó conmigo en la chacra hasta los ochos meses de embarazo. Usábamos agrotóxicos. Y conozco de muchos otros casos, ¿por qué hay tantos casos entre tabacaleros si es que no tiene relación con los agroquímicos? En Buenos Aires se dicen cosas que acá no. Pero como padres nos queda seguir luchando para sacar adelante a nuestros hijos”, agrega. Por su parte, Laura Márquez, directora de la Escuela Especial 30, donde acuden muchos hijos de tabacaleros con discapacidad, señaló que “en ningún sentido la salud pública o privada están preparadas en San Vicente para tratar estas patologías. Hay una gran limitación en este sentido. El hospital, sin desmerecer el trabajo de los profesionales, no cuenta con especialistas de base para detectar una patología de estas características;  todo tiene que hacerse en Posadas o Buenos Aires. Y las personas afectadas, en muchos casos, son de de muy bajos recursos, tardan cinco meses para conseguir un turno, viajan,  pasan todo el día sin comer ni dormir allá y encima a veces le levantan la voz y entonces ya no  vuelven. Todo se da porque en el lugar donde viven, no existe la complejidad ni para diagnosticar ni para tratar”.  Sin especialistas Angélica Fray (38) tiene un único hijo, Lucas, que nació con microcefalia, y que además tiene epilepsia, retraso madurativo, mental y convulsiones. Tanto ella como su marido se dedican a la producción de tabaco “desde toda la vida”. “Yo trabajé estando embarazada con el tabaco hasta el último mes, estuve expuesta”, sostiene Angélica, y agrega que “Lucas nació en una clínica de San Vicente, de ahí le derivaron a Oberá, estuvo internado con respirador, después le dieron el alta y fue a Posadas, le medicaron por las convulsiones, y ahora hace tres meses le sacaron el medicamento y convulsionó. Al hospital no lo puedo llevar porque no tienen especialistas y porque te hacen esperar mucho, y mi hijo es muy nervioso e impaciente por su enfermedad”.   Más tarde, en el hospital de Nivel II de San Vicente, PRIMERA EDICIÓN corroboraría que en efecto, no existe ningún programa especial para afectados con agrotóxicos, no hay profesionales ni en neurología, ni oncología ni siquiera dermatología, tampoco un registro de casos específicos, y que ante la mínima complejidad se derivan los casos, lo que vuelve aún más compleja la confección de una estadística real, amén de volverse un calvario para las familias. Juan Carlos Soroka (47) vive en el kilómetro 60 y es padre de Thalía, una niña de 11 años, discapacitada, que “no caminó hasta los 8 a&n
tilde;os, pero gracias a la rehabilitación con un masajista profesional empezó a caminar”.  Soroka, que trabaja con el tabaco “desde gurí” -aunque hace tiempo cambió el rubro- ,  asegura que “al principio los médicos no me decían de qué se trataba. Pero ya en los últimos años me aseguran que indudablemente lo que tiene Thalía se debe a los agrotóxicos”. Su esposa y madre de Thalía es Anita Nake (38), quien asegura que “estuve expuesta a agroquímicos hasta un día antes del parto de Thalía, trabajé hasta lo último, me acuerdo que habían llegado unas muditas que teníamos que trasplantar el día anterior, pero durante todo el embarazo estuve expuesta, no fui consciente de lo que podía pasar”. Thalía nació con una trasposición de los grandes vasos y fue intervenida quirúrgicamente el 7 de noviembre de 2001. Desde entonces tuvo problemas neurológicos, porque le faltó oxígeno cuando la operaron. Luego vinieron los problemas motrices, los que en la actualidad se están superando con rehabilitación. “Todo se hace con los privados. La salud pública no está preparada para nada para estas cosas, no tiene neurólogo, no tiene nada, lo único que hacen es derivarte. Es una vergüenza, en un pueblo con 60 mil habitantes y cada vez más discapacitados, cada vez más chicos deformados, ellos siguen negando esta situación que se da por los agrotóxicos, y este hospital se parece más a una salita de primeros auxilios, no tiene la complejidad que se necesita”, expresó Soroka.En la segunda parte de este informe (que será publicada el domingo 24), contaremos la experiencia de la familia Soroka que, después de largos años de dedicarse a la plantación de tabaco, decidió diversificar su producción. El nacimiento de su hija les abrió los ojos acerca de los agrotóxicos.    “Los casos complejos se derivan a otros centros”El Hospital de Nivel II de San Vicente está ubicado en la zona céntrica del municipio. Desde hace cuatro años su directora es Liz Cáceres, quien amablemente aceptó una entrevista con PRIMERA EDICIÓN acerca de los casos de patologías ocasionadas por el uso de agrotóxicos y la capacidad de contención al respecto de la salud pública en San Vicente. Medios nacionales y algunos estudios académicos sitúan a San Vicente como una localidad que alberga poblaciones afectadas por el uso de agroquímicos que padecen discapacidad, malformaciones, patologías varias y hasta abortos espontáneos. ¿Qué rol cumple el hospital en este cuadro?Desde el hospital estamos en contacto con este tipo de situaciones y  patologías. Se realizan trabajos de campo,  a través de la atención primaria de la salud, y se colabora con otros entes que se encargan del tema como el Inta, ONGs, se trabaja en conjunto en la concientización y el manejo de ciertos productos. Se entiende que una de las fuentes económicas de la zona es el tabaco, pero que es necesario el acompañamiento desde la salud. Sobre todo en la prevención. Tratar de informarlos, darles todas las herramientas al productor para evitar malos manejos, y hacer un buen uso del producto que tenga que utilizarse en la planta, porque sabemos los daños que el mal uso produce. Pero, ¿reconocen la relación entre los casos y la incidencia de los agrotóxicos?Trabajamos mucho con patologías que tienen que ver con la sangre, linfomas,  todas estas cuestiones, pero no puedo decir si tienen que ver o no con los agrotóxicos;  nosotros lo que  hacemos es dar todo lo que pueda para la prevención y si hay casos complejos se hace la derivación para diagnóstico.Muchas patologías que provocan malformaciones también tiene que ver con la genética, con la raza, y otras cuestiones. Es decir que no se detectan ni diagnostican ni se tratan los casos complejos en este hospital.Los casos se derivan a los centros de mayor complejidad donde se realizan los diagnósticos.  También se derivan los casos de embarazos riesgosos o las cesáreas programadas, ya que no hay unidad de neonatología. Habiendo tantos casos de patologías neurológicas, ¿hay neurólogo en el hospital?No contamos con neurólogo. También por los agrotóxicos se observan varias patologías de piel. ¿Hay dermatólogo?No. ¿Oncólogo?Tampoco. ¿Llevan algún registro de casos de malformaciones, tumores u otras patologías que pudieran tener relación con los agrotóxicos?Tenemos en el hospital el comité de investigación y docencia, en estos momentos  estamos trabajando con las historias clínicas de los casos que merecen ser estudiados.  

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Invitado a conocer el proceso de elaboración, PRIMERA EDICIÓN asistió a lo que  podría describirse como una “clase magistral” sobre la producción artesanal de almibarados, mermeladas y del famoso dulce de leche del Instituto Agrotécnico Salesiano Pascual Gentilini. Se acerca el centenario de la institución y se anticipan novedades y festejos con la comunidad.
El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la posesión comunitaria de sus territorios y prohíben los desalojos sin consulta previa. Sin embargo, en 2024, el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, lo que provocó, desde entonces, una ola de desalojos en muchas provincias.
Enzo, Lionel y Milagros nacieron el 7 de diciembre, pasaron semanas en neonatología y su historia conmovió a Misiones. Hoy, ya en casa, crecen acompañados por sus padres, Valentina Benítez y Ezequiel Dobler, una joven pareja que celebra la vida pero enfrenta un nuevo desafío: ambos se encuentran en búsqueda de trabajo para sostener la crianza de sus tres hijos.
El constante incremento en el combustible encarece el flete y se calcula que, si se aplica un alza, impactará en aquellos artículos que eventualmente enfrentan mayor escasez, como el dorado.
Licenciada en enfermería, lleva más de 30 años en la profesión y ejerce en el Hospital Nivel III Samic de Oberá. Se especializó en atención neonatológica y pediátrica y ayudó a salvar miles de vidas, labor por la que recibió el reconocimiento “Marta Teodora Schwarz - El Ángel de la Selva”. Junto a sus hijos: Adriano y Franco creó la iniciativa solidaria “Juguete pendiente Oberá”.
Lo advirtió el docente Fabián Doretto, quien se desempeña como personal único en una escuela de Campo Ramón. Quien fue distinguido como el “Maestro del Año” en 1999, invitó a tomar conciencia porque “están quedando despobladas, bajando de categoría y se cierran secciones, que son fuentes de trabajo”.
La baja presión y los permanentes cortes en ciertos horarios del día, empujan la bronca vecinal durante la ola de extremo calor. La semana pasada el barrio padeció cuatro días sin servicio.
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