BUENOS AIRES (NA). El paro nacional agropecuario con movilizaciones de productores convocado por la Mesa de Enlace comenzó con el primer minuto de ayer y se extenderá durante siete días hasta las 24 del martes 12 y alcanza al cese de comercialización de todos los animales para faena y productos del agro no perecedero. Así lo anunció el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Rubén Ferrero, durante una conferencia de prensa con los demás integrantes de la Comisión de Enlace. El presidente de Coninagro sintetizó en una frase uno de los motivos fundamentales de la medida de fuerza: “pérdida de rentabilidad”. La medida se suma a la iniciada el sábado por el campo bonaerense en repudio a la reforma impositiva y el revalúo de tierras en esa provincia. Después se sumaron los productores entrerrianos con tres piquetes en la ruta y cese de comercialización convocados por FARER que une a las entidades del agro de Entre Ríos. En la víspera los ruralistas expresaron que tienen los ingresos “congelados” ya que en un escenario de alta inflación, los productores de ciertas actividades como la lechería y las economías regionales cobran prácticamente lo mismo que hace uno o dos años. La lechería es un sector clave donde los tamberos cobran 1,50 el litro en tranquera, es decir 10 centavos menos que un año atrás. RecortesEn la rueda de prensa, el coordinador de la Mesa Nacional de Productores de Leche, Julio Aimar anunció que ve “el quebranto de la actividad” y advirtió que las industrias amenazan con recortar el 13% del precio y que ni siquiera aplican un 7% autorizado por Guillermo Moreno. En otro orden se habló de la suba de impuestos al campo en las provincias que como en el caso del bonaerense Daniel Scioli y el entrerriano Sergio Urribarri buscan así paliar el déficit en sus administraciones. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, interviene desde hace años en varios mercados de productos agropecuarios y pacta con la cadena comercial y los sectores más concentrados. Se destacó que de ese modo perjudica a los productores de trigo y maíz al restar de sus precios unos 50 dólares por tonelada que no van a parar al Estado sino a las grandes exportadoras o las firmas industriales “amigas”.
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