POSADAS. La comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura provincial convocó a periodistas de diversos medios de comunicación, asociaciones de defensa del consumidor y a la Defensoría del Pueblo para tratar el pre-dictamen de tres proyectos de ley (de los diputados Carlos Rovira, Luis Pastori y Pablo Tschirsch); destinados a sancionar una anhelada norma: el libre acceso a la información pública en todos los poderes del Estado provincial. De sancionarse, marcará un hito en la legislación que abre actos de Gobierno y sus instrumentos legales al alcance de la ciudadanía, tras varias idas y vueltas en años anteriores donde los proyectos terminaron archivados.Ahora, la comisión que preside el renovador Juan Carlos Agulla deberá buscar un consenso sobre los aportes recibidos en la jornada de ayer y dictaminar de forma tal que habilite su tratamiento en la sesión ordinaria, probablemente del jueves. El debate más importante se dio entre legisladores y periodistas y comunicadores de toda la provincia (de medios gráficos, TV, radio e Internet). Pasó por el alcance de la norma, las sanciones a los funcionarios que incumplan la ley, los plazos de respuesta a los pedidos recibidos y la reglamentación futura en el Poder Ejecutivo.Se destacó la apertura en el debate, la participación y la amplitud política en el tratamiento (estuvieron casi todos los bloques que integran la Cámara).Un derechoLa apertura del encuentro estuvo a cargo de Agulla, quien destacó el fin de la ley como “·un derecho de participación ciudadana por el cual toda persona física o jurídica con fundamento en la publicidad de los actos de Gobierno podrá solicitar toda información de organismos de la administración central, descentralizados, entes autárquicos, empresas de servicios públicos y entes reguladores, empresas públicas o con participación estatal mayoritaria, de economía mixta, y todas aquellas organizaciones empresariales donde la provincia tenga participación o decisión en la parte accionaria”. La norma en análisis impone excepciones en caso de afectar información privada de personas, judiciales o que afecten a terceros.Recordó los antecedentes constitucionales tras la reforma del 94 y normativos en la región. Vale destacar que a nivel nacional la ley no pudo sancionarse aún. Hoy existe en Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego. En Misiones rige un decreto del ex gobernador Rovira de julio de 2000 en el mismo sentido, aunque en la práctica el Ejecutivo y varios organismos parecen no conocer su existencia, por la escasa predisposición que muestran.Por su parte, el diputado Tschirsch recordó al fallecido Julio Ifrán como otro de los promotores del proyecto por él presentado, reclamó mayor sanción para los funcionarios que incumplan la ley y menores plazos de respuesta (el pre-dictamen da 45 días hábiles para responder los pedidos). Pidió la creación de una comisión de control del cumplimiento de la ley.Algo similar expuso Pastori, recordando a otros diputados de la UCR que vienen desde años presentaron proyectos de libre acceso. Solicitó que explícitamente figuren los organismos de la Constitución obligados a brindar la información (CGE, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, entre otros).El diputado Alberto Alvarez destacó que el oficialismo fue quien puso fin a las sesiones secretas en la Legislatura. Su par renovador Morales Lezica destacó la amplitud del debate y la libertad de expresión que se dio en la reunión de la comisión. Y el diputado Víctor Kreimer (Trabajo y Progreso) insistió en la importancia de que estén involucrados todos los organismos públicos y, sobre los plazos de respuesta, apoyó el pedido para reducir la cantidad de días para no “generar una demora importante, especialmente en temas que requieren de medidas posteriores”.Un logroTomaron intervención en el debate con opiniones y propuestas los periodistas Mónica Santos y Ricardo Arrúa (Fopremi, entidad que dejó en un documento escrito varios aportes importantes para la futura ley) destacando que se trata de un logro sobre el que la entidad venía insistiendo desde su creación; Mabel Oviedo (Posadas); Tony Lindström (presidente del Círculo de Periodistas “Ignacio Ezcurra”, de Oberá) quien pidió que se incorpore a las entidades que presten servicios públicos, como cooperativas; en el mismo sentido lo hizo Aníbal Schmidt (canal 9 Eldorado); Gustavo Añibarro (FM Nación y Canal 12), para quien “la ley no es para los periodistas, sino para todos los ciudadanos. Porque no siempre los periodistas somo buenos interlocutores de los ciudadanos”; Arnulfo Duarte (Video Cable Wanda y vicepresidente del Fopremi); Jorge Machado, de la Red de Medios del Mercosur; Norma Traid (Puerto Rico); Daniel Luna (FM del Lago de Candelaria); y Laureano Rodríguez (Posadas).Sobre el final, los legisladores prometieron incorporar la mayor cantidad de aportes escuchados.
Discussion about this post