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La suba del impuesto a la cartelería desvela a los comerciantes

12 mayo, 2012

POSADAS. Los comerciantes de la capital provincial se mostraron muy preocupados con la nueva manera de cotizar los carteles de publicidad por parte de la Municipalidad que elevaría tres veces el valor de lo que pagaban hasta el presente por su utilización y fueron varios los que están dispuestos directamente a quitarlos o reducirlos en un gran porcentaje.La Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) en los últimos días realizó un relevamiento en los comercios de la ciudad y, en todos los casos, los propietarios se mostraron disconformes con el incremento de 10 a 30 unidades tributarias que se aplicará.Ayer por la mañana hubo una reunión entre representantes de la CCIP y la comuna, en la que se plantearon varios puntos, como el pedido de una nueva prórroga para cumplir con la reglamentación, ya que se han vencido plazos y que el municipio se encargue del costo del relevamiento y ejecución del croquis de los carteles.“Acordamos una serie de cosas que no estaban muy claras y que, por sobre todo, afectará a los comercios chicos esta reglamentación, porque implica un cambio en su costo de estructura que es muy significativo”, indicó Nicolás Trevisán, miembro de la CCIP. “La presentación de la declaración jurada de cartelería exige contar con un croquis avalado por la firma de un profesional, llámese arquitecto o maestro mayor de obras, contratado por el propio comercio, nosotros planteamos que ese costo lo asuma la Municipalidad o bien facilite de alguna manera la presentación de la documentación de otra manera. A eso accedieron y quedaron en buscarle una alternativa, que podría ser un convenio entre ellos y el Colegio de Arquitectos y el municipio se haría cargo de ese costo”, indicó Trevisán, quien ocupa la vocalía de la Cámara de Comercio.En cuanto a las Unidades Tributarias (UT), no hubo modificaciones ni tampoco las habrá. Trevisán señaló que “hubo aumento para todos los comercios que están en el centro y las principales zonas y avenidas comerciales, pasa en base al cálculo a más del doble de lo que se venía pagando. Cayó el 50% de descuento que incentivaba la utilización de cartelería luminosa, en realidad nos enteramos que en 2009 había sido derogado ese beneficio”.Entre las modificaciones, la Reglamentación de Cartelería consideraba que de ahora en más todo anuncio dentro de los locales que puedan ser vistos desde el espacio público (la vereda), como ser calcomanías en productos, en vidriera o expositores con marcas, como los de las gaseosas. “Sobre eso nos pusimos de acuerdo y no será incluido como anuncio publicitario, porque hay un antecedente de un fallo de un juez a nivel nacional, que ninguna publicidad interna de un local comercial puede estar sujeta al cobro de los derechos de publicidad exterior. Por ende, no habrá cobro de publicidad interna”, destacó Trevisán.Reducción Comerciantes, tanto del microcentro como de barrios más alejados, consultados por PRIMERA EDICIÓN manifestaron su desacuerdo por el incremento de los valores que deberán tributar y se mostraron decididos a reducir el tamaño de los mismos e incluso retirarlos completamente.Según manifestó Mario Ortigoza, vicepresidente de la CCIP, “el mayor problema lo tienen los comerciantes más chicos y de la periferia, ya que los costos se van a triplicar y se les va a hacer muy difícil cumplir con la reglamentación, que implica muchos gastos y, además, pagar la tasa tres veces más cara que antes”.En los kioscos y minimercados uno de los mayores inconvenientes es que tienen gran parte del local pintado con la publicidad de una marca de gaseosa o de algún producto. “Gracias a ese aporte podemos tener cartel del kiosco, bien pintado el loca. A cambio nos entregan por tener un cartel de una gaseosa en comodato una ladera exhibidora o un freezer. ¿Y ahora, cómo haremos si tenemos que pagar los nuevos montos”, planteó Amado Ruiz, propietario de un kiosco.Otro que también opinó fue el gerente de Apolo Deportes, una firma tradicional ubicada en pleno centro posadeño, quien fue muy claro: “Durante todos estos años apostamos a bajar los precios. Los costos fijos han subido, los sueldos también, pero la presión fiscal es más que importante. No vamos a subir los precios porque el consumidor no tiene que hacerse cargo. Si es necesario, sacaremos todos los carteles”.  Puntos clavesEl cálculoEn relación al precio, aunque la Municipalidad  anunció a medios periodísticos que no se aumentó el valor de la Unidad Tributaria (UT), la Cámara de Comercio aclara que lo que se estaría intentando aumentar es la cantidad de las UT por metro cuadrado de publicidad, variando el aumento de acuerdo al tipo de cartel. Es decir, si alguien pagaba 10 Unidades Tributarias, ahora podría pagar 30.Sin descuentoSe anula el descuento que existía por los anuncios que iluminaban la vía pública. Era un descuento del 50%. Ahora, la misma persona, si pagaba 200 pesos, automáticamente el costo pasará a 400 y con la nueva forma de cotizar pasaría a 1.200 pesos.VariacionesCon el criterio de evaluar ahora diferentes unidades tributarias se incrementa el costo de algunos carteles, sobre todo los iluminados, luminosos, animados, etcétera. Llegando ahora hasta las 62 UT en el caso del más caro el metro cuadrados. Es decir, 62 UT por 7 pesos serían 434 por metro cuadrado. Las gigantografías son de 50 metros cuadrados en su mayoría (10 x 5), estas pagarían al año 21.700 pesos de impuesto. En comparación, hay comercios que pagaban 400 pesos al año un cartel luminoso y ahora abonarán 1.200.Presión impositivaA esta nueva reglamentación hay que agregarle el reciente incremento en la tasa de comercio de un 25% sobre el porcentaje para algunos comerciantes, que a criterio de la Cámara de Comercio  ya era alto y debería ser un monto fijo respecto a los metros cuadrados, no un porcentaje sobre las ventas brutas. Otro es el gran incremento en la tasa inmobiliaria, que también afecta directamente a los comerciantes. Y el incremento de los feriados. 

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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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