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Luego de una larga e increíble espera que duró casi doce años, la causa que investiga la escandalosa estafa de un grupo de operadores a la Justicia provincial llegó a un Tribunal penal y se apresta para el debate oral y público, una deuda aún pendiente que tienen las autoridades provinciales para con la sociedad misionera.Así lo pudo saber PRIMERA EDICIÓN en base a las fuentes, quienes confirmaron que el expediente finalmente arribó al Tribunal Penal 2 de Posadas en las últimas semanas luego de permanecer unos nueve años en el Superior Tribunal de Justicia, tras un centenar de incidentes propuestos por los defensores de los imputados.El escándalo, cuyo inicio cumplirá exactamente doce años el próximo 29 de septiembre, tiene cinco lugares reservados en el banquillo de los acusados. Los mismos serán ocupados por quien en su momento fuera titular del Juzgado Civil y Comercial 1 de Posadas, la exjueza Graciela Candelaria Salvado de Sotelo; su jefa de despacho, la letrada Nora Castelli; su hermano, Cayetano “Nani”?Castelli; y los abogados particulares Paula Espinosa y Abdón Fernández.Los cinco llegan imputados por el delito de “asociación ilícita”, que prevé penas de tres a diez años de cárcel, aunque en el caso de Nora Castelli la instrucción halló elementos suficientes para acusarla de ser la organizadora de esa asociación, razón por la que se enfrenta a una pena de cinco a diez años de prisión.Otros cuatro abogados del fuero local habían sido acusados y procesados por “estafa”, pero finalmente fueron sobreseídos el 12 de junio de 2013 en virtud de que esa causa prescribió, dadas las penas previstas para ese tipo de delito.Así las cosas, debido a las penas que enfrentan en caso de ser hallados culpables, los cinco imputados podrían cumplir penas en prisión, más allá de que ya estuvieron poco más de tres meses tras las rejas en su momento.Un escándalo históricoEl mayor escándalo en el que estuvo involucrada la Justicia misionera se inició con una denuncia radicada el lunes 29 de septiembre de 2003, aunque los investigadores creen que la operatoria se inició ya en 2001.La maniobra se realizaba de la siguiente manera. Siempre al decir de la acusación, los imputados organizaron un grupo que se dedicaba a extraer de manera ilegal pero con documentos “originales” dinero de depósitos judiciales que se encontraba en cuentas de una conocida entidad bancaria.Justamente en ese banco trabajaba el abogado Abdón Fernández, casualmente a cargo del sector de depósitos judiciales. Así, con documentos que obtenía Castelli y que contaban con la firma de la exjueza, los involucrados se habrían alzado con una suma que nunca fue peritada, pero que alcanzaría los dos millones de pesos. No es un monto inferior, en virtud de que al inicio de la maniobra un peso argentino equivalía aún a un dólar norteamericano.Una vez que el caso se destapó, la jueza Candelaria Salvado de Sotelo debió renunciar al cargo, salpicada de pies a cabeza por el cúmulo de pruebas en su contra. Lo mismo sucedió con los otros cuatro acusados, quienes fueron procesados por la Justicia provincial.El 12 de mayo de 2006 se conoció que el letrado José Luis Rey, en su momento titular del Juzgado de Instrucción 2 de Posadas, formuló el auto de elevación a juicio oral y público. Desde entonces pasaron casi nueve años en los que el expediente se mantuvo “congelado” en el STJ, en parte a raíz de la multiplicidad de planteamientos de los defensores.Una vez que el alto órgano resolvió las incidencias, la causa volvió al Instrucción 2. Fue años atrás y ya estaba al mando el actual juez César Yaya, quien se inhibió por cuestiones de amistad. El expediente entonces recayó en el Instrucción 3 de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Luis Verón, quien semanas atrás finalmente confirmó la elevación a juicio de la dilatada causa.La novedad no es menor. Si bien hay numerosas doctrinas al respecto, todo indica que la causa para los cinco imputados que quedan prescribe en mayo de 2016. El tiempo corre rápidamente, una vez más.
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