El vicejefe de Gabinete de Cambiemos es investigado por la Justicia federal por una denuncia por presuntos delitos luego de que se difundiera que mantiene el control de la cadena de farmacias, algo que está prohibido por ley.
El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, confirmó este martes que puso en venta las acciones que aún conserva de la cadena Farmacity y aclaró que no ejerce el derecho a voto en la compañía porque desde que asumió en la función pública en diciembre de 2015 se lo “cedió” a sus socios.
Quintana dijo que el valor estimado de la compañía es de “entre 400 y 500 millones de dólares” por lo que el 3% de las acciones que él conserva en su poder serían vendidas “en los próximos 30 días” en alrededor de 15 millones de dólares.
El funcionario confirmó que aún conserva el 3% de las acciones de la compañía, con el 43% de los votos, lo cual no le permite tener el control: “A partir del día que asumí no tome ninguna decisión ni tuve ninguna influencia en Farmacity”, dijo.
La Justicia federal recibió este martes una denuncia contra Quintana para que se lo investigue por presuntos delitos luego de que se difundiera que su porcentaje de acciones en Farmacity representa el 43% de los votos, lo que le permitiría una fuerte incidencia en el control de la cadena de farmacias.
La denuncia recayó en el juzgado a cargo de Ariel Lijo, y fue realizada por el abogado Daniel Igolnikov, quien solicitó que se investigue un conflicto de intereses, que en realidad para el letrado es “un conflicto de capitales”.
El denunciante consideró también que puede haber un incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación a la ley de ética y de la ley de la defensa de la competencia.
Quintana justificó no haber aclarado ante los organismos de control que aún conservaba el 43 por ciento del derecho a voto en la compañía al sostener que esa información nunca se la habían solicitado.
“En mis declaraciones ante la Oficina Anticorrupción se presentó toda mi verdad en todos los elementos que la declaración pide. La declaración es un formulario. Esto (el derecho a voto) no consta porque no está pedido”, dijo el funcionario en declaraciones a radio Mitre.
Según Quintana, esa situación “no cambia en nada” su “realidad jurídica ni la cuestión de incompatibilidad” y afirmó que no ejerce esos derechos de votos porque se lo cedió a sus socios en la compañía.
“Yo no pido un acto de fe, yo vengo y digo una verdad. Está en cada uno creer o no. Todo lo que he hecho ha sido cumpliendo con la ley y sin deshonrar en lo más mínimo el mandato de no robar y no mentir”, se defendió el funcionario ante los cuestionamientos por un eventual conflicto de intereses.
Anticipó también que enviará un requerimiento a la Oficina Anticorrupción, que conduce la dirigente macrista Laura Alonso, para que revisen su situación por “si hay alguna información omitida o algo que se hizo mal”.
“Todo lo que yo he hecho se ajusta 100 por ciento a la ley vigente”, afirmó Quintana.
Según explicó, las compañías como Farmacity “se suelen valuar en la región aproximadamente entre diez y doce veces sus resultados operativos. Y se estima que el resultado operativo va a ser, de acuerdo a lo que me informan ahora para definir el precio de mis acciones, de 40 millones de dólares”.
Quintana agregó que le pidió a sus exsocios de Pegasus que ellos instrumenten la manera de comprarle las acciones, por lo que “son ellos los que están hablando con el resto de los inversores” para ejecutar esa operación.
“Si dios quiere en los próximos 30 días habré vendido mis acciones de Farmacity”, dijo el funcionario.
Fuente: Agencia de Noticias NA
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