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Un total de ocho consorcios se presentó para la maquinización del brazo Aña Cuá

17 abril, 2018

Se concretó el primer llamado que corresponde a la obra civil. La segunda apertura de ofertas, que comprende el equipamiento electromecánico, tiene fecha para el 2 de mayo. En la jornada de ayer se llevó a cabo la apertura de las ofertas de preselección de los ocho consorcios, que agrupan a 24 empresas, interesados en llevar adelante la obra civil del brazo Aña Cuá de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).


Se trata del primer llamado que corresponde a la obra civil mientras que la segunda convocatoria, con fecha para el próximo 2 de mayo,  comprenderá al suministro electromecánico de generación (provisión de turbinas). 

El proyecto contempla la instalación de tres turbinas en la Central Hidroeléctrica, cuya puesta en marcha permitirá un aumento de la potencia de la generación medial anual del 9%. 

“Este emprendimiento es fundamental para la Argentina. Con esta obra lograremos impulsar un aumento de la generación de energía para acompañar y a la vez estimular el crecimiento económico. Crearemos más de 3.000 puestos de trabajo”, afirmó el director ejecutivo de la EBY, Martín Goerling, quien encabezó el acto.

Cabe destacar que los consorcios que presentaron una oferta económica, financiera, técnica y jurídica para participar en la construcción de la obra civil de Aña Cuá son ocho. Entre los oferentes se encuentra China Gezhouba Group, responsable de la mayor hidroeléctrica del mundo: la de Tres Gargantas, sobre el río Amarillo, con una potencia de 22.500 megavatios. 

También presentaron ofertas la firma China International Water & Electric Corp, y los grupos encabezados por las empresas italianas Astaldi y Salini Impregilo.

Las otras interesadas son las compañías nacionales Supercemento, Techint, José Cartellone Construcciones Civiles, y Sacde. De acuerdo con el cronograma de la licitación, el segundo sobre, con las ofertas económicas, se abrirá en un plazo no mayor a 180 días.

El costo del proyecto es de aproximadamente 600 millones de dólares. El plazo de obra es de 46 meses. La tasa interna de retorno del capital invertido sobre 20 años es del 14,71% y se estima que las obras generarán 3.000 nuevos empleos.

Por otra parte, Goerling precisó que las ofertas en la licitación por el equipamiento electromecánico, que permitirá elevar la potencia de la represa en 270 megavatios, se abrirán el próximo 2 de mayo y que “ya se vendieron 10 pliegos a los mayores proveedores del mundo en la materia”.

El titular de la EBY destacó además que las obras se financiarán “con el propio flujo de caja que genera Yacyretá, tal como se contempló en el acuerdo firmado por Argentina y Paraguay el año pasado”. Resaltó luego el impacto laboral de la ampliación, que se estima en unos 500 a 600 nuevos empleos directos y hasta 3.000 indirectos.

Detalles

El Complejo Hidroeléctrico Yacyretá se desarrolla en el límite de Argentina y Paraguay. La Central Hidroeléctrica, así como el vertedero principal y la esclusa de navegación, se emplazan en el brazo principal del río Paraná, mientras que en el brazo Aña Cuá se ubica el vertedero Aña Cuá. 

Las obras a ejecutar contemplarán importantes cuidados medioambientales: se generará un 9% más de potencia sin necesidad de incrementar la superficie del embalse ni ejecutar nuevas presas, esclusas, vertederos ni relocalizaciones. Goerling recordó que “Yacyretá es la mayor generadora del país, ocupa el puesto 14 a nivel mundial, y en febrero aportó el 16% del total de la electricidad suministrada al sistema nacional”.

Además, resaltó que el costo de generación actual de la represa es “altamente competitivo”, de entre 38 dólares por megavatio y se eleva a 44 dólares, después del pago compensatorio a Paraguay. 

En materia ambiental, explicó, “la ventaja es que no hay necesidad de incrementar la superficie del embalse ni ejecutar nuevas presas”.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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