Por disposición del titular del Juzgado de Instrucción Tres, efectivos de infantería de la UR V procedieron a desalojar a los ocupantes que acampaban en el terreno que se adjudica el exintendente Marcelo Sánchez en el barrio 2.000 hectáreas. 
El procedimiento comenzó durante las primeras horas de la madrugada del pasado martes y según datos oficiales no hubo detenidos. Llegaron a la madrugada, en plena oscuridad, y empezaron a romper todo, relató uno de los ocupantes. En un comunicado, la fuerza policial informó que se intimó a las personas para que en el plazo de una hora se retiraran voluntariamente. Cumplida la hora se procedió a desarmar unas setenta carpas.
Lo más llamativo del caso es que la decisión de la justicia se basó en una denuncia efectuada en el año 2014 por el Comité Municipal de la Unión Cívica Radical, por ocupación indebida contra el exintendente Marcelo Sánchez.
En aquel momento, y con la firma de su presidente Raúl Ríos y del exdiputado provincial Horacio Spallanzani, se denunció al Gran cuñado, quien en una entrevista habría reconocido que tenía un terreno de amplias dimensiones en las 2.000 hectáreas y que lo utilizaba para la cría de caballos. Si bien esa demanda efectuada en 2014 no prosperó, ahora la justicia la tomó como elemento probatorio de la ocupación que ya hacía en ese momento el exintendente de ese terreno, y por lo tanto aceptó la petición por el delito de usurpación.
La explicación que se dio en 2014 fue que ese tipo de delitos correspondían ser tratados por la justicia civil, sin embargo, lo llamativo es que ahora la justicia penal actuó rápidamente. Se estaría frente a un caso donde el ocupante tiene más derechos que el titular de la tierra, a la sazón la Municipalidad, porque esta última hubiera tenido que recurrir a la justicia civil para recuperar el terreno, opinó Spallanzani consultado por este Diario.
Según fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, la denuncia que la UCR hizo contra Sánchez no fue solo por el delito de usurpación, sino también por el de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que éste tiene la obligación de cuidar el patrimonio público municipal, y el de abuso de autoridad, porque habría usurpado la tierra siendo intendente.
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