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Ultimátum: la SUBE nacional debe llegar a Misiones antes de octubre

11 marzo, 2018

El Gobierno dispuso que antes de ese mes se debe mudar la SUBE Misionera y otros sistemas similares a la tarjeta federal. Las empresas ya empezaron a recibir los requisitos para hacer el traspaso. La Nación dispuso que sea octubre la fecha límite para que se implemente la tarjeta SUBE Nacional en Misiones. Así lo comunicó a las empresas, que en las últimas semanas empezaron a recibir los documentos con todos los requisitos y obligaciones que tienen que cumplir para adaptar el sistema que utilizan en la actualidad a la SUBE federal. 


De concretarse, se conseguirán beneficios para los usuarios, pero también se podrá controlar a las prestatarias del servicio urbano y metropolitano. “Habrá más control a las empresas sobre todo por los aportes que se envían” desde Nación como subsidios, contó una fuente consultada por PRIMERA EDICIÓN.  

La SUBE Nacional viene con un sistema de GPS que monitoreará el movimiento del colectivo, el expendio de los boletos y, así, determinará el monto de los subsidios para las empresas.  

Hace unos años atrás, el Ministerio del Interior y Transporte emitió una resolución publicada en el Boletín Oficial, donde dispuso que el plástico nacional debía utilizarse en la totalidad del servicio urbano del país. Sin embargo, en Posadas, nunca se implementó. ¿Cuánto tuvo que ver el Grupo Z en la decisión de continuar con la SUBE Misionera? 

Sin el control nacional, el monopolio continúa dibujando la cantidad de pasajeros, ya que el SITUM no cuenta con controlador fiscal. 

Con la implementación de la tarjeta nacional será mayor el control que tendrán sobre las prestatarias, pues las unidades reportarán los kilómetros realizados por unidad en funcionamiento, día, mes y frecuencia asignada. También, la cantidad de pasajeros transportados, clasificados según la tarifa y con las correspondientes discriminaciones temporales y el detalle de la recaudación obtenida. 

Según pudo confirmar PRIMERA EDICIÓN, los empresarios y los funcionarios locales desconocen cómo se modificará el sistema, es decir, si el usado actualmente es compatible con el nacional o si las empresas tendrán que cambiar las máquinas. Por lo que pudo conocer este Diario, las prestatarias deberán cambiar todos los equipos de las unidades. Los mismos serán enviados por la firma Nación Servicios que administra la SUBE. 
 
Otro tema que no fue resuelto por las autoridades, es si los usuarios podrán seguir ocupando las tarjetas que poseen actualmente o deberán registrarse nuevamente. No obstante, se estima que habrá un nuevo registro para los pasajeros,  pues la SUBE Nacional ofrece varios beneficios.  

En este sentido, la tarjeta nacional es utilizable en todos los servicios de transporte público de pasajeros (colectivos, subte, tren), de las ciudades y provincias adheridas, como por ejemplo Chaco y Corrientes en el NEA.

Con la SUBE Misionera en el Área Metropolitana (Posadas, Garupá y Candelaria), los usuarios que no tienen la tarjeta deben pagar en efectivo el precio de un boleto notablemente más caro. La SUBE Nacional estará disponible en kioscos y otros comercios.

En el sistema actual provincial, los comprobantes que se emiten en los pocos puntos de carga no son válidos como comprobante fiscal, lo que dificulta el control real de la facturación. 

Convenios

Hace un tiempo atrás, la firma Nación Servicios sacó una resolución que expresa que en la primera etapa todos los municipios con más de 200 mil habitantes deben adecuarse a esta norma, o empiecen a regularizar y hacer la mudanza de los servicios electrónicos locales al SUBE Nacional, por lo que Posadas es la única que se encuentra dentro de esas condiciones por estas características, es por eso que el Gobierno municipal firmó hace varios meses un convenio con esa empresa y la Nación.

En principio, la mudanza tenía que ser antes de diciembre del año pasado, pero la particularidad del Sistema Integrado desató un problema de “entendimiento” con la Nación, ya que es el único caso provincial en el país. 

A partir de esa firma, el Grupo Z no habría prestado la colaboración esperada para realizar el traspaso. 

Ahora se tienen que adecuar las tecnologías, para llevar adelante la implementación de la SUBE Nacional y sus beneficios para los usuarios. Sin embargo, todavía persiste la duda de cómo será el cambio para Garupá y Candelaria, quienes son representadas por la Provincia. 

Una fuente consultada por PRIMERA EDICIÓN comentó que “hay plazos que se exigen desde el convenio firmado con anterioridad, pero para nuestro caso hay que tomar consideraciones especiales. Como por ejemplo, se debe hacer un estudio de la red tecnológica en esta región para ver que sea acorde a lo que demanda la empresa Nación Seguros. 
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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