Utiliza el equivalente al 9,7% del Producto Bruto, según un informe divulgado hoy por la Fundación Mediterránea. Detrás se ubican Brasil (8,2% del PIB), Uruguay (7,6%), Costa Rica (4,7%) y Chile (4,4%).
El informe indicó que aunque el factor de “empalme” es complejo, la fórmula para actualizar haberes jubilatorios debería contemplar la “sustentabilidad del sistema previsional”, advirtió hoy un Informe de Coyuntura de la Fundación Mediterránea.
“La reforma impositiva destinada a recuperar gradualmente competitividad modifica las fuentes de financiamiento de la ANSeS, lo que explica la necesidad de rever la dinámica insustentable en la que había ingresado el régimen previsional”, manifestaron los autores del reporte, Marcelo Capello, Gerardo García Oro y Luis Laguinge.
El fuerte aumento del número de beneficiarios de la Seguridad Social, junto con la elevada informalidad laboral, han hecho caer la relación de 2,1 trabajadores activos por cada pasivo registrada en 2005 a 1,4 a 1 en la actualidad, en la Argentina.
“Si se excluyen los impuestos nacionales derivados a financiar el sistema, se tiene que el déficit de la ANSES es equivalente a 2,6 puntos del PIB (dato de 2015)”, manifestaron.
La fórmula que se utiliza en el presente para actualizar las jubilaciones “es extremadamente pro-cíclica, lo que llevó a caída en términos reales de los haberes en años recesivos como 2014 y 2016”.
“Un esquema como el que se discute actualmente en el Congreso permitiría dos objetivos a la vez: mejoras de los haberes jubilatorios (del orden de 1,9 % en términos reales para 2018) y un ahorro para el fisco (respecto del mecanismo anterior) de entre 0,3 y 0,4 puntos del PIB de cara a 2018”, indicaron.
Los economistas consideraron que “el sistema previsional necesita lograr, en el mediano y largo plazo, mayor previsibilidad, mayor equidad entre distintos aportantes y menor grado de litigiosidad”.
“Por ende, resulta oportuno incluir en el debate pro y contras de mover el límite de edad de jubilación hasta los 70 años, la convergencia en el futuro de segmentos tales como monotributistas y autónomos, la definición de metas cuantitativas en relación al ratio de trabajadores activos/pasivos, entre otros”, dijeron.
Además señalaron que “las nuevas reglas deberían distinguir entre regímenes contributivos y no contributivos”.
Por su parte, el especialista Mariano Devita analizó “la importancia de poner límite al recurso del endeudamiento del Estado”.
“La Argentina necesita asegurar las condiciones para que la deuda bruta del sector público nacional se estabilice como proporción del PIB a partir de 2020. De lo contrario, aumentaría la vulnerabilidad del país a las condiciones externas, fenómeno que afecta la dinámica de la inversión a través del canal del riesgo-país”, manifestó.
Expresó que “en las proyecciones oficiales (deuda neta), ese ratio se estabiliza a partir de 2021. Sin embargo, pequeños cambios en los supuestos adoptados por el Gobierno llevan a escenarios distintos, con una deuda pública bruta que puede trepar hasta el 70 % del PIB (partiendo del 54 % actual)”.
“Un deterioro de las condiciones internacionales podría hacer que la tasa de interés sea superior a la proyectada, o que el tipo de cambio suba más que la inflación (aumentando la incidencia de los pasivos externos)”, analizó.
Sugirió que “para amortiguar riesgos subyacentes, sería conveniente apuntar a un superávit primario equivalente a 1 punto del PIB a partir de 2021, en lugar de la meta de cero déficit ese año”.
“Por supuesto que si la economía crece a un ritmo superior al proyectado (4,5 % en lugar de 3,5 % por año), el esfuerzo fiscal se reduciría, bastando con un superávit primario de 0,4 % del PIB para estabilizar la deuda”, consignó el informe.
Fuente: Agencia de Noticias NA
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