La prórroga hasta noviembre de 2021 de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena, publicada ayer en el Boletín Oficial, trajo mucho alivio a las comunidades indígenas del país cuyos territorios aún no fueron relevados por el Gobierno. El Gobierno oficializó la prórroga hasta el 23 de noviembre de 2021 la ley 26.160 de emergencia territorial indígena. La extensión de la norma sancionada en 2006 se aprobó en el Congreso semanas atrás y este jueves fue publicada en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete Marcos Peña.La ley prorrogada ordena declarar “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de cuatro años”.Además, dispone suspender “por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas”. “La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”, aclara el texto. Por otra parte, también se prorrogó la creación de un Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas.La solución de fondoEn diálogo con PRIMERA EDICIÓN, la Ministra de Derechos Humanos, Lilia Marchesini, destacó que esta prórroga “permitirá completar la tarea de relevamiento que no se pudo concluir en estos años que estuvo vigente esta ley. Sin duda, la Ley 26.160 no es la solución del problema de las tierras aborígenes en nuestro país, la verdadera solución será cuando se apruebe una ley de propiedad comunitaria que permitirá que cada comunidad tenga a su nombre las tierras que habitan. Incluso antes que termine el relevamiento territorial, es oportuna la ley de propiedad comunitaria y otra que cree un fondo nacional que permita adquirir las tierras de las comunidades que ya fueron relevadas”. En la actualidad, según precisó la funcionaria, “relevamos en Misiones el 62% de las comunidades guaraníes. Sobre un total de 124 comunidades tenemos 76 relevadas. Podemos decir que estamos en un proceso mejor que otras provincias pero por debajo de nuestras expectativas. Pero este relevamiento depende de los depósitos que nos hace el Gobierno nacional y también de otras cuestiones, como la situación climática”. Según detalló, en lo que va del año se relevaron 13 comunidades mbya guaraní y poco más de 20 en los últimos dos años. “De las 76 comunidades relevadas hasta el momento en Misiones, podemos decir que hay entre 15 y 17 que tienen el título de propiedad de sus tierras, una cantidad menor de comunidades que tienen permiso de ocupación y las restantes están en tierras de privados, sociedades mixtas e incluso fiscales”, indicó. Advirtió que en Misiones, a diferencia del Sur del país, la resolución de la problemática sería menos compleja. El relevamiento comenzó hace diez años y sigue inconcluso Por una ley (la 26.160), aprobada a fines de 2006, el Estado Nacional declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país y dejó en manos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la realización de un relevamiento territorial de todas las comunidades indígenas del país. El espíritu de la norma es -en una segunda etapa, seguramente bajo el marco de una nueva ley- garantizar a los aborígenes el dominio comunitario de estas tierras.La misma ley estipuló un plazo de tres años para que el INAI hiciera este relevamiento y dispuso un fondo de 30 millones de pesos para ello. Pero este relevamiento no concluyó en 2009 y la ley debió ser prorrogada hasta fines de 2013 y se entregó otros 30 millones al INAI para la concreción del estudio. A principio de ese año, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) cuestionó duramente el desempeño del INAI a quien acusó de haber utilizado el 80% del fondo previsto para el relevamiento y solo haber relevado el 30% de las comunidades del país. De acuerdo a una auditoría llevada a cabo por la AGN durante el período 2010-2015 de las aproximadamente 1.500 comunidades con datos de existencia, solo se habían empadronado alrededor de 500. Dos tercios no han regularizado su situación y muchas de las comunidades no habían tenido oportunidad de acceder a esta información y tener el acompañamiento por parte del Estado. En 2013, la ley fue prorrogada una vez más hasta noviembre de 2017 y, pese a que pasaron diez años del inicio del relevamiento territorial, el trabajo sigue sin terminarse. Ayer, se oficializó una nueva prórroga de la Ley 26.160, esta vez hasta 2021.
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